TRANSPARENTES Y OPACOS

En mayo de 2015, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, promulgó un nuevo marco jurídico para la rendición de cuentas tras una larga batalla de organizaciones no gubernamentales.

Se ampliaron los mecanismos de acceso a la información y el número de sujetos obligados, pero no fue posible reformar la declaración patrimonial, el documento a través del cual, los funcionarios mexicanos pueden comunicarle tanto a la Función Pública como a los ciudadanos cuánto tienen y por qué.

En la discusión de las nuevas reglas de la Transparencia, organizaciones civiles como el IMCO, Fundar, Gesoc y el Colectivo por la Transparencia le pidieron a los legisladores que la declaración patrimonial incluyera tres apartados: lo patrimonial, lo tributario y los intereses. Además, que siempre fuera pública ante todos. Pero no lo lograron.

Regida por el artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, la declaración patrimonial quedó tal cual está desde 2002. Los servidores públicos están obligados a informar sobre sus fortunas ante la SFP, misma que las publica en el portal Declaranet, pero si ellos no quieren, sus bienes, inversiones o posibles conflictos de interés no se hacen públicos ante los ojos de los ciudadanos.

El carácter de la declaración es preventivo y depende de la voluntad de los políticos. El conjunto de declaraciones patrimoniales en Declaranet arroja dos aspectos del Gabinete peñanietista: son menos los funcionarios que están de acuerdo en hacer pública su fortuna, la mayoría mantiene oculto ante los ciudadanos el peculio de manera parcial o por completo.

Respecto al ahorro, sólo siete de 19 funcionarios presentan información suficiente. En estos, es posible ver un flujo de dinero constante reflejado en el crecimiento de sus cuentas. Sus cifras están en millones de pesos. El resto de servidores públicos rinde declaraciones parciales en las que admiten tener ahorros, pero no no hacen públicos los montos. Algunos, de plano, dicen que no están de acuerdo en hacer pública su información patrimonial y su declaración se resume a su currículum.

Alfonso Navarrete Prida, Secretario del Trabajo y Previsión Social, declaró inversiones bancarias sin montos durante 2012, 2013, 2014 y 2015. En 2016, asentó que tenía ahorrados 12 millones de pesos y en 2017, dijo que esa cifra no había tenido ningún cambio. ¿Cómo llegó a esos 12 millones? No puede saberse a menos que él mismo lo declare.

Ildefonso Guajardo Villareal, quien ha ocupado desde el inicio del sexenio la Secretaría de Economía, expuso 9.2 millones de pesos ahorrados en 2016. En los años previos, declaró sin publicar montos. En 2017, declaró de nuevo sin montos y sin decir qué había pasado con el dinero de 2016.

Pero la lista de funcionarios que presentaron declaraciones que carecen de montos es más larga. Arely Gómez González, Secretaria de la Función Pública; Enrique de la Madrid Cordero, Secretario de Turismo; Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes; Jose Antonio Meade Kuribreña, ex Secretario de Hacienda; José Narro Robles, Secretario de Salud; Luis Enrique Miranda Nava, Secretario de Desarrollo Social; María Cristina García Cepeda, Secretaria de Cultura; Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Energía; Rafael Pacchiano Alamán, Secretario de Recursos Naturales y Vidal Francisco Soberón Sanz, Secretario de Marina, se reservan su fortuna.

 Fuente: Sin Embargo.