Cozumel, Q. Roo.- Una agente del ministerio público y una oficial secretario de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) han sido denunciados ante el departamento jurídico, acusadas de haber falsificado la firma de una denunciante con lo cual se benefició a un acusado que ya no pagará la pensión alimenticia que le exigían para sus dos hijos menores de edad.

Prácticamente un calvario ha vivido Rosmery Vanessa Verde Velazquez, un mujer que denuncia a una agente del ministerio público de iniciales Elizabeth Galindo Martínez y a la secretario oficial y pasante de derecho Lucía del Mar Novelo Zetina, a quienes acusa de haber falsificado su firma en la averiguación previa 937/9-2014 concerniente al delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar.

img_1449044369_d963f80421cee8aab1b6Ligó una historia con la otra, exponiendo que al ser abandonada por su expareja, un contratista de origen hidalguense, de iniciales A. F. B, con quien procreó un niño ahora de 4 años y una niña de 5 años, decidió interponer la denuncia formal ante el Ministerio Público de la isla, demandando la pensión el 23 de septiembre del 2014.

Admite desconocer de leyes, por lo que al no contar con recursos económicos se vio en la necesidad de darle seguimiento sola, siendo varios días de vueltas y vueltas en la procuraduría con tal de conseguir la pensión alimenticia, y de acuerdo a sus palabras fue en la mesa de delitos sexuales donde según estas dos funcionarias la instaban a desistir de su denuncia, abrumándola que podría obtener dinero vendiendo zapatos u otro oficio, citando “me dijeron que desistiera de la denuncia, que no podía hacer nada, que mis pruebas no servían de nada, tanto como testigos como de prueba, documentos de gastos médicos, ropa, zapatos, que yo siguiera con los gastos por mi propia cuenta para mis hijos y que la verdad no me desgastara pidiéndole nada al señor”.

En su periplo de algunos meses supo que el caso se había cerrado recibiendo sorpresivamente la información de que ella había otorgado el perdón al contratista que es su expareja, motivándola a solicitar una copia certificada de la denuncia ante la misma autoridad, y al obtenerla leyó en un párrafo lo siguiente: “El motivo de mi nueva comparecencia ante esta representación social es con la finalidad de manifestar que ya no es mi deseo continuar con la integración de esta denuncia; toda vez que el inculpado ya exhibió documentos en los cuales acredita que me ha estado pasando la pensión alimenticia de mis menores hijos, pero aunque el tiene adeudos ya que no deposita el dinero completo de la pensión de mis hijos, ya no quiero más problemas y pues yo ya busqué un trabajo estable y como siempre me está molestando el papá de mis hijos ya no quiero desgastarme más aportando pruebas ni peleando con el inculpado sólo quiero que me deje en paz y ya seguir adelante con mis hijas no lo voy a obligar más a que me cumpla si no quiere y en este acto mi intención es otorgar perdón y darme por reparado de los hechos”.

Acota que en tres ocasiones el escrito se refiere a sus hijos y en la cuarta mención se escribió “mis hijas”.

Luego se anexa en el documento el contenido del artículo 73, inherente al otorgamiento de perdón, definiendo el acto como la extinción de la acción penal contra el inculpado.

Rosmery Vanessa, de oficio promotora turística, afirma y asevera que nunca firmó ese documento ni compareció ante la autoridad ministerial para desistir de la denuncia, y que a los costados de los oficios se notan firmas que se supone son las de ella, pero niega que le pertenezcan o las haya hecho, suponiendo la denunciante que pudo ser un acto de corrupción entra alguna de las dos funcionarias, o las dos con el abogado defensor del inculpado.

Cabe mencionar que cotejadas las firmas en los documentos con la firma de su credencial de elector denotan visiblemente rasgos distintos, y solamente con un dictamen pericial en grafoscopía, una técnica cuyo objetivo central es el estudio e identificación de la escritura determinaría si son falsas o reales y ya está por solicitarla.

Describe que lo anterior dio pie a que su denuncia no prosperara en la magnitud deseada para la pensión solicitada al contratista cuyos proyectos de obra unitarios presuntamente llegan a superar en ganancias hasta los 200 mil pesos, y la mujer exigía por la niña y niño que procrearon hasta mil 600 pesos semanales, pero al supuestamente retractarse siguió en su lucha, logrando llegar a una audiencia con el juez entre ambas partes, donde en esa fase el juez determinó una pensión de 800 pesos semanales o mil 600 pesos quincenales a causa de la afectación del supuesto otorgamiento de perdón.

Extenuada por el largo camino recorrido sola en el que hubo un “asesoramiento” de dos abogados, y sin saber ella uno de éstos trabaja en el mismo bufete del abogado defensor de su expareja quienes solamente le hicieron perder tiempo, dinero, y más estancamiento del caso, dice que ahora quiere una sanción para las dos funcionarias que actualmente siguen trabajando en la procuraduría en Cozumel.

Por su parte, Cristian Montenegro Aragón, coordinador de los ministerios públicos, hizo mención haber platicado con la afectada informándole que la denuncia se interpone en el departamento jurídico de Cancún, y el expediente se remite a ese municipio, donde al final de la investigación se aplica una sanción penal o administrativa, en caso de hallar culpable a algún servidor público.

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