El Gobierno de López Obrador enfrentará una sociedad cada vez más enferma, con costos con los que no puede lidiar el sistema, con una de las mayores crisis en el planeta por enfermedades no transmisibles. Uno de cada diez adultos en México sufre diabetes, cerca de la mitad sin saberlo, de los que lo saben, solamente la mitad lleva cierto control. Al terminar su mandato estas cifras abran crecido y nos estaremos encaminando a que un uno de cada cuatro mexicanos adultos presente diabetes. ¿Qué país puede con esto? ¿cuántas familias pueden soportarlo?.

El reto es muy difícil, no solamente por la dimensión de estas epidemias de obesidad y diabetes, si no porque el paradigma de la atención en salud debe modificarse. Los retos para la salud han cambiado y, por lo tanto, deben cambiar también las políticas para su protección. La causa de estas epidemias está en un ambiente que ha propiciado que nos hayamos convertido en uno de los mayores consumidores de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas en el mundo. Productos elaborados no para alimentar si no para obtener mayores ganancias para las empresas globales que los ponen en el mercado.

El propio Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos señala que el ambiente alimentario está constituido por: “La presencia física de los alimentos que afecta la dieta de una persona, la proximidad de una persona a las ubicaciones de las tiendas de alimentos, la distribución de tiendas de alimentos, servicio de alimentos y cualquier entidad física por la cual se pueden obtener alimentos, o un sistema conectado que permite el acceso a los alimentos”. El ambiente de los mexicanos es un ambiente obesogénico, un ambiente rodeado de publicidad y omnipresencia de productos comestibles y bebidas no saludables, donde se valoriza lo no saludable y lo saludable se marginaliza.

La política en salud pública que se ha anunciado por parte del próximo Gobierno es atinada y estratégica en cuanto a la necesidad de fortalecer la atención primaria y el enfoque en la salud comunitaria. Sin embargo, no será efectiva mientras los condicionantes ambientales de la enfermedad persistan.

El complemento entre ambas visiones es fundamental, las condiciones ambientales tienen que cambiar a través de políticas y regulaciones elaboradas sin conflicto de interés. Llevamos ya dos sexenios con simulacros de políticas para prevenir y controlar la obesidad y la diabetes y estas enfermedades continúan expandiéndose. Con el Acuerdo Nacional por la Salud Alimentaria de Calderón, que quedó en declaraciones de buenas intenciones y la Estrategia Nacional de Peña Nieto, que fue entregada a la industria de alimentos y bebidas, perdimos dos sexenios, las enfermedades avanzaron junto con sus costos. Es así que los mexicanos hemos alcanzado una de las mayores incidencias de muertes por diabetes en el planeta.

Sin regulaciones que brinden información de advertencia, sencilla y útil a los consumidores, para que realicen elecciones informadas; sin la protección de los ambientes alimentarios en las escuelas; sin la prohibición efectiva de la publicidad de estos productos a los niños; sin campañas de alfabetización alimentaria que alerten sobre los daños de estos productos; sin la revalorización de nuestros alimentos y nuestra cocina declarada patrimonio de la humanidad; sin políticas que den asequibilidad a alimentos frescos y saludables: no habrá medicina preventiva ni consejos suficientes para modificar los hábitos ya deteriorados de los mexicanos por el ambiente tóxico existente.

La condición para definir si en el próximo Gobierno se mantienen las tendencias actuales de la enfermedad o se recupera la salud alimentaria, está en seguir permitiendo la interferencia de la industria en la política, o garantizar que la política para prevenir estas enfermedades se realice sin conflicto de interés, por expertos, funcionarios y organizaciones que tienen por principio único el interés público.

Hay un falso principio utilizado por la industria y ciertos funcionarios aliados a ella: “la solución la tenemos que construir entre todos, todos somos parte de la solución”. Ese falso principio se reproduce en los medios de comunicación cuando exponen que se tiene por principio que “escuchar a todas las partes interesadas”. Lo que no se indaga es por qué están interesadas en ser escuchadas: por intereses económicos o por intereses públicos.

Estos principios son una trampa cuando existe una contraposición obvia entre el interés público y el privado, entre quienes tienen como premisa básica la ganancia y quienes tienen esa primicia en el bienestar público, en la salud pública, entre quienes tienen por objetivo bloquear las premisas políticas y regulaciones de salud pública que afectan sus ganancias y quienes las promueven con el único fin de proteger la salud de la población.

Existe una larga historia de interferencia de ciertas empresas que con sus productos o prácticas tienen impactos negativos sobre la salud y/o el medio ambiente. Su interferencia en las políticas públicas solamente tiene un fin: lograr mantener las condiciones que les han permitido sus ganancias y eso significa bloquear las políticas públicas que afectan sus intereses, eso significa daños a la salud, al medio ambiente.

La actual administración de salud no sólo tomó y enarboló este principio de escuchar a todos, de que todos somos la solución, llegó al extremo de excluir a la academia y a las organizaciones, y darle el poder absoluto a las empresas en la definición de estas políticas y regulaciones.

AMLO y su gabinete tienen el reto de atender y sanar a esta sociedad enferma y para ello debe blindar la política de los intereses de las corporaciones. Y no sólo de trata de la Secretaría de Salud, se trata de Sagarpa, de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Educación y de la Secretaría de Hacienda. Para recuperar la salud alimentaria es necesaria una política agrícola que de acceso a alimentos saludables, una política económica que de incentivos a éstos y deje de darlo a los que significan un daño, una política educativa que se comprometa con ambientes escolares saludables y una política fiscal que cargue las externalidades a los productos que las generan y esos recursos los dirija a los sectores más vulnerables.

Fuente: Sin Embargo.

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