img_1438591460_98411d34ba7acc7dbe3fNicolas Bravo, Othon P Blanco.- La Asamblea General de ejidatarios legalmente reconocidos del ejido Laguna Om, municipio de Othón P. Blanco, fue suspendida a la mitad de la orden del día debido a una acalorada discusión entre representantes de la anterior mesa directiva con autoridades actuales, al momento que se debatía una posible sanción al anterior comisario del ejido, Bernardo Santos Gil, quien hasta el momento no ha entregado un recurso faltante de más de 1.7 millones de pesos que quedó pendiente de su administración.
El incidente no requirió la intervención de Seguridad Pública, sin embargo, el intempestivo intercambio de gritos e insultos ocasionó que la asamblea fuera suspendida para ser reprogramada en un lapso no mayor de 15 días, tal y como marca la Ley, con el fin de que no se caldearan los ánimos y se derivara en una trifulca.
El pleito surgió al momento que se analizaba una posible sanción al anterior comisario ejidal, Bernardo Santos Gil, presuntamente por incumplir y violar una serie de acuerdos que se tomaron en asambleas previas, así como también por negarse a comprobar y a entregar un faltante de poco más de 1.7 millones de pesos que quedó pendiente durante su administración.
El actual comisariado ejidal, Eduardo Reyes Velázquez, dijo que el recurso faltante es parte de una indemnización que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pagó al ejido Laguna Om, derivado de la compra de 70 hectáreas que la dependencia realizó al ejido como parte de un proyecto de ampliación de la red eléctrica que la paraestatal viene desarrollando desde finales del 2014.
Las autoridades ejidales acusaron al excomisario Bernardo Santos Gil de incumplir acuerdos tomados en reuniones previas, donde éste se comprometió, desde el 27 de marzo de 2015, a comprobar y entregar el dinero que hace falta.
Pero, además, la mesa directiva también dijo que Santos Gil pretendió engañar al ejido con respecto a la cantidad entregada, pues en un principio había dicho que el pago de la CFE fue de alrededor de 11 millones 800 mil pesos, pero después se supo que el monto real entregado fue de aproximadamente 13 millones 560 mil pesos, por lo que la diferencia de un millón 760 mil pesos es la que hace falta de comprobar y que devuelva el excomisario de Laguna Om.
De dicha cantidad faltante, el actual comisario ejidal, Eduardo Reyes Velázquez, dijo que son aproximadamente 800 mil pesos los que Santos Gil debe regresar al ejido, mientras que los otros casi un millón de pesos son los tiene que comprobar supuestamente de un pago hecho a Hacienda.
En su defensa, el excomisario Bernardo Santos Gil aseguró que tiene el dinero en su poder, y que lo entregará al ejido siempre y cuando sea ante la anuencia de la asamblea, para que esta funja como testigo de la entrega final.
Los ánimos se calentaron después de la lectura del punto número 7, en donde en su informe de actividades, el presidente del comisariado ejidal, Eduardo Reyes Velázquez, habló sobre una orden de auditoría que se había solicitado ante el Ministerio Público, para que se determine si existió un mal uso de los recursos durante la administración ejidal pasada.
El anuncio de una futura auditoría inconformó a la anterior mesa directiva, incluyendo al excomisario Santos Gil, así como a sus allegados, pues señalaron que una decisión de esta índole debe ser avalada por asamblea y no por mera decisión del comisariado.
El comisario Reyes Velázquez sostuvo que de acuerdo a las facultades que le confiere la Ley como autoridad ejidal, puede ordenar una auditoría en respuesta a la omisión de los acuerdos que se tomaron en asambleas pasadas, pues existe una negativa de los anteriores representantes ejidales para comprobar y devolver el recurso que hace falta.
La lectura del punto número 8 fue la “gota que derramó el vaso” entre los presentes, en el cual se discutiría el “Dictamen de la Comisión de Honor y Justicia sobre el desacato a la Asamblea General de ejidatarios e incumplimiento de los acuerdos de esta por el C. Bernardo Acasio Santos Gil”.
En dicho punto se analizaron las posibles sanciones a aplicar contra el excomisario Santos Gil, castigos que incluían la suspensión de voz y voto en asambleas futuras; aplicar una auditoría para determinar si existió mal uso de los recursos, así como sancionar por la vía legal a todo aquel que resulte responsable en caso de que la auditoría compruebe el mal uso de los recursos.
Durante la discusión de este punto los ánimos se calentaron, hubo gritos e intercambio de insultos entre los miembros de la anterior directiva y los de la actual, al grado de que se tuvo que suspender la Asamblea para evitar que estallara en un conflicto mayor.
El comisario ejidal Eduardo Reyes Velázquez mencionó que la asamblea se reprogramará en un lapso no mayor de 15 días, y se continuará con los puntos que quedaron pendientes, entre los cuales destacan el informe de avances de gestión del licenciado Raúl Tamez sobre trámites de indemnización de la SCT al ejido; así como la propuesta de ampliación de la superficie destinada a la Unidad de Manejo Ambiental (UMA).
También, se discutirá la ratificación de los integrantes del Comité de Vigilancia Comunitaria nombrados en reunión por la Profepa; y la propuesta de otorgar un local propiedad del ejido en comodato al municipio de Othón P. Blanco, que funcionará como oficinas del Sistema de Control de Mando para Incendios Forestales.
La asamblea de este día se llevó a cabo con la participación de 301 ejidatarios de un total de 486 comuneros que conforman el padrón ejidal

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