La XV Legislatura del Congreso del Estado aprobó la polémica Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado, misma que había sido rechazada por el Colegio de Biólogos de Quintana Roo por considerarla incongruente y sobrepasar las leyes generales.

En la sesión ordinaria número 25, presidida por el diputado Ramón Javier Padilla Balam, el Pleno Legislativo aprobó el dictamen elaborado por las comisiones de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, y de Desarrollo Urbano y Asuntos Metropolitanos, por el que se expide la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Quintana Roo, y la Ley de Acciones Urbanísticas (que sustituye a la Ley de Fraccionamientos).

El dictamen también contiene reformas a la Ley de Vivienda, a la Ley de Equilibrio Ecológico y a la de Protección del Ambiente, la Ley de Propiedad de Condominio de Inmuebles y la Ley de Expropiación, todas del estado de Quintana Roo.

Es de recordar que Lilia Salomé Mandujano Wild, presidenta del Colegio de Biólogos de Quintana Roo AC, solicitó a la XV Legislatura del Congreso del Estado que se hagan por lo menos tres consultas públicas antes de aprobar la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado, debido a que encontraron en la iniciativa una serie de incongruencias e irregularidades.

El Colegio de Biólogos de Quintana Roo solicitó desechar la citada ley, tras considerar que era incongruente y sobrepasaba las leyes generales, como la de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y la de Asentamientos Humanos, aseverando que la ley promovida por Juan Carlos Pereyra Escudero invade competencias y no es algo que deba establecerse en la entidad.

Hace algunos días en la ciudad de Cancún, el Colegio de Biólogos advirtió que si el Congreso local aprobaba esta ley, harían todo lo que esté a su alcance para echarla abajo, ya sea por vía del amparo o con una controversia constitucional.

Lilia Mandujano Wild, presidenta del Colegio, afirmó que esta iniciativa es inconstitucional, pues invade competencias de uso de suelo municipal o de las Áreas Naturales Protegidas.

Otro gran problema, dijo, es que en realidad tiene una finalidad recaudatoria, y en este sentido está “a modo” para modificar cualquier medida, con dinero de por medio.

Pese a todo lo anterior, la XV Legislatura dio luz verde para la nueva Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado, así como la Ley Acciones Urbanísticas, aunque al final hizo una serie de modificaciones al dictamen presentado y aprobado este día.

El Colegio de Biólogos advertía que la propuesta original permite a empresas desarrolladoras y constructoras pagar para evadir la obligación de destinar un porcentaje de los nuevos desarrollos habitacionales a áreas de recreo y zonas de conservación; sin embargo, este punto ya no se encontró en el dictamen.

Lo que más alarmó a la representante de los biólogos del estado es que con esta ley promovida se podrían modificar, mediante el pago de un derecho, las áreas permeables y áreas de donación al municipio, lo cual significaría afectaciones ambientales y sociales.

Si bien el dictamen no contempló este apartado, se estableció que “cuando en el predio a desarrollar se ubique, conforme a los programas de ordenamiento territorial, ecológico y desarrollo urbano, en un centro o subcentro urbano, el promotor podrá destinar un porcentaje mayor como área de cesión para destinos, y el diferencial podrá aplicarlo en futuros desarrollos que no se encuentren a más de mil metros de diámetro del área destinada para centro urbano o subcentro urbano”.

Asimismo, la ley contempla que “cuando un conjunto urbano se ubique en un fraccionamiento o en otro conjunto urbano que ya hubiere efectuado la cesión para destinos establecida, no estará obligado a realizarla nuevamente”.

El Colegio de Biólogos señaló que la nueva Ley violenta la autonomía de los municipios en lo referente a regulación de parque urbano, corredores biológicos y áreas naturales protegidas, ya que el estado pretende adoptarse esta facultad que es exclusiva de los municipios. Ejemplo de ello es que existe un apartado que establece que “el Municipio, al recibir las áreas de cesión para destinos, trasmitirá a favor del Gobierno del Estado el 20 % de dichas áreas con el exclusivo propósito de que la destine a la construcción de espacios y equipamientos públicos de competencia estatal”.

Además de todo lo anterior, Lilia Salomé Mandujano denunció que la iniciativa legaliza las casas con cuatro metros de frente, pese a que se sabe que los espacios reducidos son focos de problemas sociales derivados del hacinamiento.

En el dictamen final, el Congreso del Estado acordó dejar en 6 metros la medida de frente para lotes unifamiliares de las categorías económica, popular y tradicional, los cuales tendrán una superficie no menor a 108 metros cuadrados y un área libre mínima del 15 por ciento.

En la ley anterior de Fraccionamientos del Estado, se tenía que los lotes de fraccionamientos habitacionales urbanos de tipo interés social y/o popular, no podían tener un frente menor a 7.20 metros, ni una superficie menor a 110 metros cuadrados y un área libre mínima del 20 por ciento. Esto significa que con la nueva Ley se redujeron las medidas para una casa de categoría económica, popular y tradicional.

En días pasados, el Colegio de Biólogos aseguró que en ningún momento se les había presentado el borrador ni los avances de la ley, por lo que finalmente fue aprobada este día sin que pudieran conocerla ni dar su opinión.

La nueva Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado tiene por objeto establecer las normas básicas para regular las acciones urbanísticas de fusión, subdivisión, relotificación, parcelación, fraccionamiento y conjuntos urbanos en el estado, determinar las bases conforme a las cuales el gobierno del estado y los ayuntamientos ejercerán sus atribuciones en esas materias, así como los mecanismos necesarios de concertación y coordinación; fijar los procedimientos y requisitos a que se sujetará la solicitud y autorización de las diversas acciones urbanísticas materia de esta ley; y establecer las disposiciones y mecanismos de verificación, control y sanción de este ordenamiento.

De modo particular, el objetivo de la nueva Ley de Acciones Urbanísticas es el de reconocer y regular los procesos de expansión urbana, muchos de los cuales hoy día no encuentran cobertura, provocando serios problemas sociales, económicos y urbanos.

La nueva ley revisa los estándares normativos para asegurar un crecimiento de calidad: red vial, red de distribución de agua, infraestructura para drenaje y alcantarillado, sistemas de disposición de residuos. Además, se establecen los estándares mínimos para asegurar las condiciones de habitabilidad.

Por su parte, la propuesta de reforma impulsa la creación de un Instituto Quintanarroense de la Vivienda, el cual tendrá por objeto hacer una realidad el derecho a una vivienda adecuada para toda la población, contribuyendo al ordenamiento territorial y al desarrollo urbano del estado, mediante la formulación, coordinación y ejecución de programas de producción, financiamiento y comercialización de suelo y vivienda, en sus diferentes modalidades.

En los artículos transitorios se estableció que los programas de desarrollo urbano y los ordenamientos ecológicos del territorio, así como las autorizaciones de acciones urbanísticas otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley seguirán vigentes en los términos que fueron aprobados o concedidas.

En tanto, aquellas que se encuentren en trámite se deberán ajustar a sus nuevas disposiciones. Para tal efecto, los interesados en alguna autorización, refrendo o renovación en materia de acciones urbanísticas podrán optar por continuar su procedimiento ajustando sus proyectos a la normatividad vigente, o bien, presentar una nueva solicitud, en cuyo caso no pagarán nuevamente los derechos correspondientes.

En la misma sesión, el Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a que a través de un convenio de colaboración administrativa con el Estado de Quintana Roo, autorice la apertura de una oficina estatal de enlace en el municipio Othón P. Blanco o en su caso una unidad móvil.

El exhorto tiene como objetivo que esta oficina preste el servicio de recepción de documentos y entrega de pasaportes ordinarios, para las familias de escasos recursos económicos que requieren llevar a sus hijos al país vecino de Belice para recibir atención médica especializada pediátrica.

Finalmente, la XV Legislatura decretó reformas a la Constitución local en las que se establece que tanto el fiscal general como la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, rindan un informe anual de actividades ante la Legislatura del Estado.

Esto, luego de realizar el cómputo de votos con las actas de Cabildo en la que los ayuntamientos de Bacalar, Cozumel, Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco, Tulum y Puerto Morelos avalaron las reformas al párrafo tercero del apartado B, así como el tercer párrafo del apartado D, ambos del Artículo 96 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.

Fuente: POR ESTO!

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