Con la firma del convenio entre la XV Legislatura y la Secoes para trabajar en la entrega-recepción* Signaron un acuerdo para registrar de manera electrónica los expedientes que entregarán a la XVI Legislatura * Proceso en el que participan el Órgano Interno de Control y la Oficialía Mayor del Congreso, a cargo de Jorge Rejón Chan y Gerardo Martínez García, quienes extenderán sus respectivos periodos tras la alteración de la nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo * Su tarea será cubrir todas las anomalías de los actuales diputados y, en particular, de Eduardo Martínez Arcila

Con la firma del convenio entre la XV Legislatura y la Secretaría de la Contraloría del Estado (Secoes) para que trabajen en el proceso de entrega-recepción, da inicio la “operación tapadera” de los actuales diputados, con lo que se consuma el blindaje de impunidad que se fabricó el diputado panista Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado.

Lo anterior porque en la nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo, de la que se ha denunciado que fue manipulada a conveniencia de Martínez Arcila, se permitirá imponer y mantener en el cargo a los actuales oficial mayor y contralor interno del Congreso, ya que serán los encargados de encubrir a los diputados salientes, especialmente al presidente de la Gran Comisión, ante la entrante XVI Legislatura.

Este día, el Poder Legislativo llevó a cabo la firma de dos convenios de colaboración con la Secoes para la utilización de un sistema electrónico para el registro de los expedientes que se generarán con motivo de la entrega-recepción de la XV a la XVI Legislatura, lo que supuestamente facilitará y agilizará estos procedimientos administrativos.

En la firma de dichos convenios estuvieron presentes el secretario de la Contraloría del estado, Rafael del Pozo Dergal; el auditor superior del estado, Manuel Palacios Herrera; el diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, secretario de la Gran Comisión; el diputado Emiliano Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta; así como el titular de la Unidad de Transparencia, Hassan Medina.

También participaron el oficial mayor Gerardo Martínez García y el titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Congreso, Jorge Rejón Chan, quienes serán los encargados de tapar toda irregularidad o anomalía, tanto administrativa como presupuestaria de la XV Legislatura, motivo por el cual se alteró la nueva Ley Orgánica en sus artículos transitorios, para que al término de la actual legislatura puedan perpetuarse en el cargo y encubrir a los diputados salientes.

El Oficial Mayor estará por un mes más y asumirá las funciones de la Secretaría General del Poder Legislativo en tanto la XVI Legislatura hace una nueva designación; mientras que el contralor interno se perpetuará en el cargo por casi tres años más, sin que la próxima legislatura pueda removerlo, ya que el artículo octavo transitorio de la nueva Ley Orgánica lo impone hasta el 28 de marzo de 2022.

El puesto clave es el del contralor interno Jorge Rejón, porque es responsable de la fiscalización, auditoría, control y supervisión de las áreas administrativas, así como de investigar y calificar actos que puedan resultar en faltas cometidas por los servidores públicos del Poder Legislativo.

El contralor interno se encargará de tapar las irregularidades de la XV Legislatura, tanto administrativas como presupuestales, porque si bien, los actuales diputados se irán el próximo 3 de septiembre, Jorge Rejón se mantendrá hasta marzo de 2022, de manera que tendrá acceso y control de los documentos internos del Congreso.

De hecho, durante la firma de los convenios de colaboración entre la XV Legislatura y la Secoes se dio a conocer que desde hace unos días se inició el procedimiento de entrega-recepción al interior del Poder Legislativo, proceso que está a cargo del contralor interno y el Oficial Mayor del Congreso, el cual consiste en recopilar toda la información de los recursos financieros, humanos y materiales en posesión de las áreas y dependencias, así como de las propias comisiones legislativas.

Lo anterior consuma el “blindaje de impunidad” para los integrantes de la XV Legislatura, para protegerse contra investigaciones internas en materia anticorrupción, pero principalmente para el presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila; el oficial mayor Gerardo Martínez García, y los directores de las áreas administrativas y de apoyo legislativos, que están señalados y hasta denunciados penalmente por graves irregularidades, siendo las principales el manejo de los recursos públicos para el pago de costosos asesores, millonarios contratos para allegados y amigos, alteración de documentos y sobre todo el presunto desvío de recursos a traves de las “ayudas sociales”, todo ello manejado en total opacidad.

Fuente: POR ESTO!

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