Chetumal.- A partir de este domingo 5 de abril arranca el periodo de campañas correspondiente a las elecciones federales del 7 de junio, en donde Quintana Roo contará con la participación de 27 fórmulas que fueron inscritas por 10 partidos políticos, así como una de candidatura independiente.
Para el caso del distrito 2, con sede en Chetumal y que abarca la Zona Maya y el Sur del Estado, los candidatos registrados por el Instituto Nacional Electoral iniciarán sus actividades proselitistas entre este domingo 5 y el lunes 6.
La primera en iniciar campaña es la abanderada del PRI, Arlet Mólgora Glover, que a las cero horas del domingo programó una caminata por el Boulevard Bahía de Chetumal; mientras que el independiente Andrés Ruiz Morcillo anunció que comenzaría su proselitismo en la zona limítrofe de Othón P. Blanco con Campeche; y el abanderado del PAN Mahmud Chnaid Novelo programó iniciar proselitismo en Majahual, ambos a temprana hora.
En tanto, el candidato del PRD Domingo Flota Castillo iniciará campaña este domingo temprano en Chetumal; lo mismo que la candidata de MORENA, Yensunni Martínez Hernández, y la candidata de Movimiento Ciudadano, Varinia González.
Para el lunes iniciarán actividades Alexander Zetina Aguiluz, del PANAL; y también el candidato del PT, Mauricio Morales Beiza; los demás partidos no han informado de sus arranques de campaña
Estas campañas, que concluyen el 3 de junio de 2015, serán tendrán reglas más restrictivas para los candidatos y partidos políticos que en años anteriores, producto de las nuevas normas que contiene la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que por primera vez se va a aplicar.
No podrán, bajo ninguna circunstancia, ni candidatos ni terceros comprar o adquirir cobertura informativa en radio y televisión, y únicamente podrán utilizar los otorgados por el INE, en los horarios y tiempos permitidos.
La propaganda que difundan por medios gráficos los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, no tendrán más límite, en los términos del artículo 7o. de la Constitución, que el respeto a la vida privada de candidatos, autoridades, terceros y a las instituciones y valores democráticos.
Toda la propaganda electoral impresa deberá ser reciclable, fabricada con materiales biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente. Los partidos políticos y candidatos independientes deberán presentar un plan de reciclaje de la propaganda que utilizarán durante su campaña.
Los artículos promocionales utilitarios con imágenes, signos, emblemas y expresiones para difundir la imagen y propuestas del partido político, coalición o candidato que lo distribuye; sólo podrán ser elaborados con material textil, es decir, camisetas, gorras, playeras, bordados, entre otros.
Está estrictamente prohibida la entrega de cualquier tipo de material que contenga propaganda política o electoral de partidos, coaliciones o candidatos, en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por el mismo candidato, su equipo de campaña, su partido, o cualquier otra persona.
Lo anterior no anula el reparto de apoyos propios de los programas gubernamentales, como el caso de las despensas; sin embargo, estos no deberán contener ningún tipo de propaganda política o electoral de partidos, coaliciones o candidatos; además de que tampoco se podrá inducir al voto con ellos de ninguna forma.
En el caso de los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, estos no podrán rebasar el tope de 1 millón 260 mil pesos acordado por el Consejo General del INE.
Por eso, los equipos de campaña consideran limitada su capacidad de realizar actos y mítines masivos, y afirman que privilegiarán el “trabajo de tierra”.
Si rebasan en 5 por ciento el tope de los gastos de campaña, podrán causar la nulidad de las elecciones teniendo que convocar a otras de carácter extraordinario, en donde al partido responsable se le castigará con una cuantiosa multa económica, y al candidato de ese partido de le sancionará con la eliminación de su participación en el proceso electoral.
Una de las peores infracciones dentro de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, es para quien reciba o destine dinero o en especie a favor de un precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política nacional, cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito.
Otra regulación es que en las oficinas, edificios y locales ocupados por la administración y los poderes públicos no podrá fijarse ni distribuirse propaganda electoral de ningún tipo.
A su vez, durante los 60 días que durarán las campañas electorales federales, y hasta la conclusión de las jornadas comiciales, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios. Las únicas excepciones serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.
Lo anterior no evita que se continúen realizando los programas y obras gubernamentales de las diferentes dependencias, pero sin que se utilice un lenguaje que pueda inducir al voto de un candidato o a la preferencia de algún partido en especial.
Otra prohibición es que los funcionarios no podrán asistir a mítines de candidatos y partidos políticos, u algún otro evento que tenga relación directa o indirecta con la jornada electoral, mientras se encuentren en horario de trabajo. Lo mismo aplica para los candidatos, pues estos no podrán asistir a eventos oficiales.
El día de la jornada electoral y durante los tres días anteriores, no se permitirá la celebración ni la difusión de reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda o de proselitismo electorales.
Es importante mencionar que estos son solo algunos de los puntos más relevantes dentro de las reglas para el periodo de campañas, y que el infringir alguno puede derivar en la nulidad de las elecciones, multas económicas de hasta 5 mil días, o 15 años de prisión.
El dirigente municipal del PAN en Othón P. Blanco, Fernando Zelaya; junto con el Secretario General del Comité Ejecutivo de Morena en Othón P. Blanco, Adrián Sánchez Domínguez; y el representante del PRD ante el INE por el Distrito 2, José Pech Palacios, reconocieron que el nuevo esquema en materia político electoral ayudará a que los candidatos contendientes participen en condiciones similares, restándole fuerza a la injusta ventaja que las leyes anteriores daban a ciertos partidos en particular.
Asimismo, consideraron que con las nuevas reglas se terminará con la excesiva basura que dejaba la publicidad de los procesos electorales; además de que el mayor control y vigilancia de los gastos de campaña ayudará a que no se presente el derroche de recursos que de manera ilegal se hacía en los procesos electorales con el fin de promocionar a sus candidatos.

POR ESTO

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