PLAYA DEL CARMEN SOLIDARIDAD.- En la recta final de la administración municipal, se agrava el desorden provocado por el comercio informal en la Quinta Avenida bajo el control del crimen organizado desde el Ayuntamiento 2013-2016; imponiendo su ley a “sangre y fuego”, ya que por la renta de los espacios en la vía pública para la colocación de mesas y módulos para la venta desde productos de ínfima calidad y hasta drogas, obtienen ingresos por el orden de los 5 millones de pesos mensuales, causando pérdidas millonarias a los empresarios y dañando la imagen de este destino turístico por el mal aspecto y el acoso que sufren los visitantes a lo largo de 2.3 kilómetros.

Lejos de resolverse la problemática del ambulantaje en el “corazón” turístico de ese polo vacacional, se desbordó, porque alrededor de medio centenar de mujeres provenientes de Chiapas, controladas por un sujeto que las explota al pagarles un miserable salario; se han apropiado de la Quinta Avenida donde comercializan manualidades que les entregan, y están debidamente entrenadas, porque al no tener los permisos del Ayuntamiento para desarrollar dicha actividad, son intervenidas por los fiscales municipales; sin embargo, para hacerse las víctimas agreden a la autoridad, graban el vídeo en los teléfonos celulares, después los editan y lo suben a las redes sociales intercambiando los “papeles” haciéndose pasar como víctimas y de lo cual este diario tiene pruebas.

En su edición del pasado cuatro de julio, este diario publicó que empresarios establecidos en el “corazón” turístico de este polo vacacional; reiteraron su exigencia a las autoridades federales, estatales y municipales para que reordenen la Quinta Avenida, porque aún no resuelven el problema heredado del ayuntamiento 2013-2016 de los más de 200 puestos informales colocados a lo largo de los 2.3 kilómetros de la emblemática vialidad, asemejándolo a un gigantesco tianguis, e incluso sigue creciendo, dañando su imagen y afectando la economía de los comerciantes, porque representan una competencia desleal, toda vez que los visitantes prefieren comprar las baratijas de los vendedores ambulantes.

El problema del comercio informal que comenzó en el ayuntamiento 2013-216 que presidió el entonces alcalde priista Mauricio Góngora Escalante con la complicidad de sus funcionarios; los grupos criminales asumieron el control de la Quinta Avenida, el cual había reordenado la administración municipal 2011-2013 que encabezó el presidente municipal de dicho periodo Filiberto Martínez Méndez, cinco años después lo siguen manteniendo por la falta de voluntad del actual gobierno municipal 2016-2018 del PAN-PRD que llega a su fin el próximo 29 de septiembre mediante amenazas de muerte y torturas a los inspectores fiscales del Ayuntamiento, quienes ante la incapacidad de la Policía Turística son “levantados” y golpeados en la Quinta Avenida.

Finalmente, hay que recordar que la noche del viernes 27 de abril pasado, un solitario sicario ejecutó de tres balazos al director de Fiscalización y Cobranza de la comuna, José Enrique Gonzáles Rosas, de 59 años de edad, originario de Mérida, Yucatán, por pretender meter orden en la Quinta Avenida y los giros negros, designado en dicho cargo el día primero de dicho mes, y hasta la fecha por la ineficiencia o complicidad de la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha podido o no ha querido resolver el cobarde asesinato, al igual que los 103 cometidos en Solidaridad desde que Carlos Joaquín González asumió la gubernatura de Quintana Roo el 25 de septiembre de 2016, postulado por la alianza PAN-PRD, la cual perdió tres presidencias municipales en las elecciones del pasado primero julio, Solidaridad, Cozumel y Othón P. Blanco.

Fuente: Por Esto!

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