La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en Quintana Roo continúa con el seguimiento de los despojos que se generaron en la administración pasada y que avanzan una vez que la Suprema Corte emite la resolución para que las juntas de conciliación procedan con la entrega, explicó Catalina Portillo Navarro, titular de dicha instancia.

“Nosotros no tenemos juicios por despojo, hubo simulación de actos jurídicos dentro de los juicios laborales, hubo adjudicaciones de manera inconstitucional tanto a simulaciones de trabajadores como a terceros… Se están ya cumpliendo las ejecutorias emitidas por los jueces de distrito y los tribunales colegiados federales; se ha dado la posesión jurídica y legítima de los cuatro bienes inmuebles de los departamentos de Torre Mayoris”, detalló.

Aunado a estos casos, confirmó que existen 30 predios en juicios laborales que son juicios simulados, mismos que están en revisión porque en primer lugar no han aparecido los trabajadores presuntamente involucrados y hay abogados que continúan impulsando estos juicios, destacando las anomalías e inconsistencias, por lo que no se ha dado pauta, sobre todo porque los peritos valuadores que han participado han hecho valoraciones mucho menores a las del costo real.

En todo caso, recordó, existen impugnaciones y amparos a los que se pueden acceder, mientras las juntas continúan con resolución por caso, esperando también que la Fiscalía realice los peritajes correctos para conocer el valor real de los bienes inmuebles involucrados.

“Ya tenemos seis denuncias penales las cuales se están integrando y comentábamos con el fiscal que las pruebas que tenemos podemos acumularlas, porque son diferentes juicios, acumular en una sola averiguación los diferentes hechos, pero los afectados deben integrarse”, añadió.

Autoridades involucradas

Mencionó que en todos los casos hay abogados o despachos involucrados que llegaron con la simulación de trabajadores, de manera posterior los que continuaron con los juicios y que ya se tienen identificados, presidentes de juntas de la administración pasada que firmaron cada resolución.

“A la fiscalía le corresponde determinar el grado de participación, ya sea en autoría, complicidad, autor intelectual, autor material, de cada uno de estos actos ilícitos dentro de los juicios laborales… Dentro de los juicios no puede inmiscuirse la responsabilidad del gobernador anterior porque los que firman, responsables jurídicos, son ex presidentes de las juntas”, especificó.

Agregando que también intervinieron secretarios generales de acuerdos, auxiliares, actuarios y abogados litigantes que impulsaron los juicios; y de manera general reiteró que hasta ahora no hay nada que dentro de las pruebas documentales indiquen la participación de Roberto Borge Angulo.

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