Este martes, Alianza Mexicana contra el Fracking y la Comisión de organizaciones Mexicanas por el Decreto al Agua (COMDA) destacaron que aunque comparten los principios que motivaron estos decretos, en realidad para las autoridades la preocupación ambiental se convirtió en “una excusa para liberar la posibilidad de concesionar al sector productivo aguas que bajo el régimen de la veda no podían serlo”. Coincidieron también en que 2antes de cualquier modificación además, la autoridad hubiera debido actualizar los datos sobre disponibilidad de agua pues algunos datan de 2011″.

 Diversas organizaciones alertaron hoy que los 10 decretos firmados por el Presidente Enrique Peña Nieto dejan sin protección casi el 70 por ciento del agua disponible en las cuencas hidrológicas que se incluyen. Alertaron también que el levantamiento de vedas y la imposición de reservas permitió la liberación de volúmenes de agua que ahora estarán disponibles para la explotación, el uso y su aprovechamiento para cualquier uso incluyendo el sector industrial y extractivo.

En un comunicado, firmado por Red de Acción por el Agua, Alianza Mexicana contra el Fracking y la Comisión de organizaciones Mexicanas por el Decreto al Agua (COMDA), se destaca que “los 20 decretos que levantan vedas en diversas cuencas del país liberaron volúmenes de agua que previamente no podían ser concesionados por la autoridad”.

“A diferencia de lo que la autoridad sostiene, quedan reservadas para conservación ecológica apenas arriba de 30 por ciento del volumen de las cuencas hidrológicas derivadas de los decretos en materia de agua”, precisa. Además alertaron que menos se establece una protección del 1 por ciento para uso doméstico y público urbano.

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el Presidente Enrique Peña Nieto firmó diez decretos para eliminar las vedas de 295 cuencas de las 756 que existen en el país.

La acción fue presumida como una “reserva hídrica para uso ambiental”, pero las opiniones sobre el tema se encuentran divididas: hay académicos y organizaciones que están a favor de la decisión gubernamental; y también hay asociaciones y especialistas que afirman que la decisión es un escalón más para privatizar el vital líquido.

Este martes, estas tres organizaciones destacaron que aunque comparten los principios que motivaron estos decretos, en realidad la preocupación ambiental se convirtió en “una excusa para liberar la posibilidad de concesionar al sector productivo aguas que bajo el régimen de la veda no podían serlo”.

“Antes de cualquier modificación además, la autoridad hubiera debido actualizar los datos sobre disponibilidad de agua pues algunos datan de 2011”, detalla el comunicado.

“Estamos muy preocupadas porque leemos estos decretos como instrumentos intencionalmente ambiguos para mantener la discrecionalidad del manejo del agua que ha caracterizado a la Conagua”, continúa.

La organizaciones defensoras de los derechos humanos al agua y al saneamiento indicaron que las declaraciones hechas en días recientes por la Conagua, donde el organismo niega que se trate de una privatización, “lejos de tranquilizarnos nos reafirman su profundo desprecio por los aspectos sociales, culturales y ambientales del agua al declarar que la gestión del agua es un problema meramente técnico”.

En días pasados, Roberto Ramírez de la Parra, director general de la Conagua, aseguró que la decena de decretos no busca “privatizar” el vital líquido y afirmó que existe un trasfondo electoral en los dichos en contra de la decisión del Ejecutivo Federal.

La organizaciones criticaron que mientras Ramírez de la Parra asegura que se protege a las generaciones futuras, el 30 de agosto de 2017 emitió los Lineamientos para la protección y conservación de las aguas nacionales en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales. Las cuales, dijeron, al amparo de las disposiciones de la Reforma Energética, habilitan a las empresas la realización de los proyectos de fracking que precisamente atentan contra las generaciones presentes y futuras.

Con ello, las organizaciones reiteraron su “preocupación por el futuro de los recursos hídricos en manos de una institución que ha tomado en forma unilateral –sin participación ciudadana- varias decisiones equivocadas en relación a la gestión del agua, que ha permitido la sobreexplotación de los acuíferos, que ha otorgado miles de concesiones de agua para actividades extractivas y que no ha controlado adecuadamente las descargas de aguas residuales”.

Finalmente urgieron a las autoridades a que “establezcan las medidas necesarias para proteger los volúmenes de agua a los que levantó la veda y la protección necesaria para garantizar que se realice un manejo justo, democrático, equitativo y sustentable del agua en México”.

Fuente: sinembargo

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