La destrucción del Amazonas es consecuencia de políticas de impulso o tolerancia a la invasión y colonización anárquica de tierras públicas, áreas naturales protegidas, y tierras indígenas, así como de la expansión masiva de la agricultura industrial y la ganadería. Diversas empresas nacionales y multinacionales agroindustriales y agroalimentarias de carne de vacuno, soya, caña de azúcar y etanol, maderas, y otros productos de exportación hacia China y Europa, principalmente, alientan directa o indirectamente la deforestación, misma que se perpetra a través de incendios provocados a gran escala. Otras variables explicativas se asocian con carreteras, presas hidroeléctricas y explotaciones mineras, las cuales abren caminos y rutas de colonización, asentamientos humanos, inundación, deforestación, contaminación, y desplazamiento o exterminio de pueblos indígenas. Todo ello se acopla a políticas agrarias y patrones distorsionados de tenencia de la tierra, créditos, subsidios, ausencia de regulaciones eficaces y del cumplimiento de la ley, corrupción, y simple inspiración a partir de un discurso desarrollista obsoleto e irresponsable esgrimido por el presidente de Brasil. Bolsonaro ha resucitado un arcaico y absurdo lenguaje nacionalista en boga durante las dictaduras militares brasileñas de los años 60 y 70 del siglo XX.

Recordemos un célebre y revelador mensaje comercial de Volkswagen en la TV de Brasil, donde un “vocho” va abriendo carreteras y destruyendo la selva en nombre del “progreso”). El exterminio en la Amazonia representa un riesgo y una catástrofe global, a lo cual el mundo apenas comienza a reaccionar. Se trata de bienes públicos esenciales para la vida en el planeta. En casos de genocidios, crímenes de guerra, santuarios terroristas, o proliferación de armas de destrucción masiva, la comunidad internacional emprende acciones colectivas en forma de sanciones comerciales, juicios ante tribunales multilaterales, u ostracismo a gobiernos responsables. Incluso, en algunas condiciones se llevan a cabo intervenciones militares. La destrucción de la Amazonia significa muchas más calamidades para la humanidad. Provocará una extinción masiva de especies, el agravamiento del proceso de calentamiento global, y la alteración de regímenes hidrológicos y climáticos a escala regional y planetaria. La pérdida de la cuarta parte del Amazonas puede disparar un fenómeno en cadena de muerte masiva de vegetación (dieback) y la emisión de miles de millones de toneladas de gases de efecto invernadero, una verdadera bomba climática. La Amazonia merece un nivel decisivo de atención y de acción colectiva multilateral.

Desde luego que esto se contrapone a ideas o principios tradicionales y obsoletos de soberanía nacional, que no deberían prevalecer cuando están en juego los signos vitales del planeta. Son exigibles nuevos principios y una nueva doctrina de soberanía y seguridad nacional en un nuevo contexto de interdependencia y de gestión y protección de bienes públicos globales. Ningún Estado debe poder aplicar de manera irresponsable e impunemente políticas que signifiquen costos y riesgos extremos al resto de la humanidad, o bien, atentar contra valores intrínsecos o patrimoniales de relevancia primordial para la civilización humana y la vida en el planeta. La catástrofe de la Amazonia al menos ha abierto algunas ventanas de esperanza, dada la gigantesca cobertura mediática que ha tenido en todo el mundo, y las repercusiones políticas que ya resuenan por todos los ámbitos multilaterales, entre ellos, desde luego, la reciente reunión del G7. La comunidad internacional debe inducir al gobierno brasileño a abandonar políticas que promueven la deforestación y a adoptar medidas adecuadas para contenerla y revertirla. Jefes de Estado y líderes globales, siguiendo los pasos de Emmanuel Macron, deben amagarlo con sanciones comerciales y con bloquear nuevos acuerdos, como es el caso del Tratado entre la Unión Europea y el Mercosur. Igualmente, es preciso señalar a las empresas agroalimentarias y agroindustriales que están detrás de la catástrofe. Gobiernos civilizados y lúcidos podrían prohibir la importación de carne, soya, madera y otros productos, e imponer restricciones de viaje, y el congelamiento de cuentas bancarias a los funcionarios directamente responsables de la tragedia, convirtiéndolos en parias internacionales mientras no cambien sus políticas y actitudes.

La batalla por salvar a la Amazonia y contra el cambio climático exige nuevas formas de cooperación internacional, pero también de acción y reacción, a través de la aplicación de instrumentos comerciales y financieros, al igual que de sanciones y procedimientos de intervención en casos extremos, como lo pueden ser aviones cisterna, brigadas de combate a incendios, drones, y, en su caso, fuerzas militares multinacionales. Todo ello implica nuevos conceptos sobre el Estado-nación y sobre la soberanía nacional en el mundo del siglo XXI, así como capacidades de análisis de fenómenos ambientales y climáticos en el contexto de la seguridad nacional.

Fuente: eleconomista

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