En el segundo año de mandato del priista Enrique Peña Nieto estalló el primer escándalo de corrupción por la “casa blanca” y luego vino la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Guerrero. Pero siguieron más casos: los supuestos sobornos de la constructora OHL México, el desvío de recursos públicos de gobiernos estatales y, entre muchos otros, el de la constructora brasileña Odebrecht que, a pesar de involucrar a funcionarios de Pemex, México ha sido el único país –junto con Venezuela– en no sancionar a los señalados.

En todas las denuncias acumuladas por presunta corrupción en el Gobierno federal, la Secretaría de la Función Pública sigue pasmada y el Sistema Nacional Anticorrupción no opera.

A la par de los señalamientos y la “resistencia” gubernamental a esclarecer las acusaciones vino también el espionaje a activistas y la fiscalización a organizaciones civiles, que denunciaron al Gobierno de EPN de acosarles, en un capítulo que provocó y que aún genera una fuerte tensión.

El Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional ha situado a México en lugares cada vez peores en el transcurso del actual sexenio: pasó del sitio 106 al 135 de 2013 a 2017. Otros índices de impunidad y transparencia presupuestal reflejaron el mismo retroceso. Especialistas consultados por SinEmbargo coincidieron en que los intereses llevaron al Gobierno federal a la simulación, por lo que el costo político en las urnas para su partido, el PRI, será significativo.

A pesar de que año con año Transparencia Mexicana exigió crear e implementar el Sistema Nacional Anticorrupción, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto México se hundió de 2013 a 2017 del lugar 106 al 135 en percepción de corrupción en el sector público, con lo que también se ubicó en el peor sitio entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y hoy destaca como el segundo más corrupto en la región latinoamericana.

El fenómeno del empeoramiento de la opacidad y la impunidad en este sexenio también se repite en el coeficiente TAI (Transparencia, Anticorrupción y lucha contra la impunidad) de Impunidad Cero, en el de impunidad de la Universidad de las Américas Puebla y en la calidad de información presupuestal de gobiernos estatales y municipales medido por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

“Percibo un débil liderazgo político en este tema que incomoda no sólo al Gobierno federal sino a la clase política en general. Hay excepciones, por supuesto, pero en general es difícil avanzar una agenda anticorrupción para el país si los funcionarios o políticos simulan adoptar medidas o si tras bambalinas buscan frenarlas”, aseguró Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana.

La forma en la que la administración de Peña manejó la agenda anticorrupción y de impunidad, más que el peso de las reformas estructurales, dijo, ha sido “determinante” en la evaluación del gobierno saliente y la intención del voto, por lo que tendrá un costo político: se prevé que pierdan el 70 por ciento de las elecciones a Gobernador; una parte muy importante del Congreso y, cuando menos con las encuestas disponibles, la Presidencia de la República.

Maximiliano García Guzmán, especialista en Gobierno y Asuntos Públicos, explicó que para que exista la corrupción hay un conjunto de “intereses y de voluntades”, en la que participan tanto actores del sector privado como del público que es muy difícil de detectar y desmantelar.

“En el caso del Gobierno de Enrique Peña Nieto es su talón de Aquiles porque el avance fue mínimo en los marcos institucionales; encontraban muchas resistencias del sector gubernamental porque es a quien menos le convenía en echarlos a andar. Se realizó un ejercicio de simulación”, expuso.

Sobre el espionaje a activistas y el despido de MVS en 2015 a la periodista Carmen Aristegui tras la revelación de la llamada “casa blanca”, García afirmó que al “desconfiar” de la actuación de la sociedad civil y ciertos medios de comunicación, el gobierno “utiliza acciones específicas y recursos públicos para controlar y contener la labor de estas organizaciones, porque no les resultan cómodas”.

Bohórquez también recordó lo del espionaje telefónico a través de Pegasus y auditorías fiscales a organizaciones civiles y sus miembros. Contrastó que antes de 2015 la relación del gobierno con la sociedad civil fue de apertura, pero a partir de las elecciones intermedias de ese año y los escándalos de corrupción estatales, “la relación fue tornándose más tensa”.

Para el representante de Transparencia Mexicana, “las diferencias de opinión se convirtieron en descalificaciones y la segunda etapa de reformas anticorrupción ya no pudo impulsarse”, lamentó. “Esta tensión alcanzó a deteriorar también la relación con el Congreso, que desistió en su impulso de avanzar en pos de un parlamento abierto”.

Ante este marco, los candidatos a la Presidencia de la República han prometido combatir la corrupción, pero el politólogo Maximiliano García también lo ve como parte de la simulación. “Si bien la toman como bandera, los candidatos federales hacia la Presidencia no dicen con claridad qué tipo de acciones concretas se deben hacer para combatir la corrupción más allá del discurso”, afirmó. “Saben que es uno de los temas que tienen más lastimada a la sociedad. El segundo después de la seguridad”.

Por ello, si bien habrá un voto de castigo por parte del electorado hacia el partido del Presidente por la inseguridad y corrupción, el académico dudó si la siguiente administración lo castigará. “Andrés Manuel es con quien menos repercusiones habrá, porque ha mandado señales de puentes con el Gobierno federal. Se investigará, pero está dispuesto al perdón. Los intereses fundamentales no se van a tocar de fondo”, afirmó evocando cuando los legisladores priistas y de Morena votaron en conjunto para elegir a los nuevos comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).

Manuel Guadarrama, de IMCO, expuso que también puede haber costo político a nivel municipal, que es donde más se percibe la diferencia entre el presupuesto recibido y los resultados en las calles.

En el segundo año de mandato del priista Peña Nieto, estalló el primer escándalo de corrupción por la Casa Blanca y la desaparición de 43 normalistas en Guerrero y con el transcurrir de su gestión siguieron apareciendo más: los supuestos sobornos de la constructora OHL México, desvío de recursos públicos de gobiernos estatales y el caso global de la constructora brasileña Odebrecht que, a pesar de involucrar a funcionarios de Petróleos Mexicanos, este país ha sido el único junto con Venezuela en no sancionar a los señalados. La Secretaría de la Función Pública (SFP) de la ex Procuradora Arely Gómez, también gestionada por Virgilio Andrade Martínez, sigue pasmada.

“A pesar de que en 2014 y en 2015, el Congreso de la Unión aprobó las reformas constitucionales que crearon los Sistemas Nacionales de Transparencia y Anticorrupción –lo que podría haber contribuido a una mejor evaluación internacional– una serie de escándalos en la opinión pública como Ayotzinapa, la llamada ‘casa blanca’, Oceanografía, OHL, acusaciones contra los ex Gobernadores de Aguascalientes, Coahuila, Guerrero, Nuevo León, Sonora, Tabasco, entre otros, hicieron imposible que dichos cambios institucionales tuvieran un efecto positivo en el Índice de Percepción de la Corrupción”, destacó Transparencia Mexicana en el reporte del índice de 2015, año en que el país se estancó en combate al fenómeno.

Alertó que la corrupción es el impuesto más regresivo en el país y un obstáculo directo para el acceso a los servicios más elementales para el desarrollo como salud, educación, seguridad y justicia. No obstante, México siguió retrocediendo en 2016 y 2017.

El politólogo Maximiliano García alertó que la impunidad provoca falta de confianza en las instituciones e impacta en la generación de la cultura democrática. “Naturalizamos la corrupción, se nos hace algo normal y cotidiano cuando en realidad es un fenómeno que debe combatirse”, expuso ejemplificando con los señalamientos de corrupción durante este proceso electoral que no han tenido repercusiones.

EL PEOR ENTRE LA OCDE

El Índice de Percepción de la Corrupción lanzado anualmente por Transparencia Internacional clasifica a 180 países del mundo (en 2013 fueron 177 y luego 175) a partir de la percepción de los niveles de corrupción que existen en su sector público. El índice se construye en una escala que va de 0, donde la percepción de corrupción es más alta, a 100, donde la percepción de corrupción es menor.

En 2013, cuando arrancaba el sexenio de Peña Nieto y sus reformas estructurales fueron aplaudidas por el extranjero, México obtuvo una calificación de 34 puntos, lo que lo ubicó en la posición 106 junto con Argentina, Gabón y Níger. En América Latina, la diferencia entre el país mejor ubicado (Canadá lugar 9) y el país fue de 87 posiciones.

Ante ello, Transparencia Mexicana, la organización civil que destaca los resultados del país, llamó desde entonces a consolidar un auténtico “Sistema Nacional de Integridad”, en materia de acceso a la información pública, órganos de fiscalización y control, un nuevo régimen de responsabilidades para los servidores públicos y mecanismos efectivos de rendición de cuentas.

En 2014, bajó un punto en mala percepción. El índice no alcanzó a medir el caso de la casa de la familia presidencial de 7 millones de dólares ubicada en Lomas de Chapultepec, evidenciada en noviembre por un reportaje que, un juez lo resolvió, provocó el despido de la periodista Carmen Aristegui de MVS Noticias. La mansión fue construida por Grupo Higa, una de las empresas que ganó la licitación del tren México-Querétaro (su cancelación provocó una fisura en la relación comercial con China) y que levantó obras importantes en el Estado de México cuando Peña Nieto fue Gobernador (2005-2011).

México obtuvo una puntuación de 35 sobre 100 y se ubicó en la posición 103 junto con Bolivia, Moldavia y Níger; la peor entre los 34 miembros de la OCDE. En América Latina, se localizó por debajo de sus principales socios y competidores económicos: 82 posiciones por debajo de Chile, 34 lugares por debajo de Brasil.

Por ello Transparencia Mexicana volvió a exigir un Sistema Nacional Anticorrupción con Fiscal independiente, así como legislación contra el conflicto de interés en todos los niveles de gobierno y la declaración 3de3 de los aspirantes a un cargo público.

En 2015, el país se estancó en materia de combate a la corrupción. México obtuvo una puntuación de 35 en una escala que va de cero (altos niveles de corrupción) a 100 (bajos niveles de corrupción), la misma que en 2014. Incluso Brasil, cuya calificación empeoró 10 por ciento respecto a la del año anterior, se encuentra 19 lugares arriba de México.

“México sólo podrá mejorar su calificación en este índice si se implementan las reformas en materia de transparencia y anticorrupción, y muestran ser eficaces para seguir ampliando la información pública y reducir la impunidad en los delitos asociados con corrupción en el país”, determinó la organización civil.

En el 2016 bajó al lugar 30 de la escala, el peor de los países de la OCDE. Además, al ubicarse en el lugar 123 figuró entre las seis naciones más corruptas de América Latina, igual que Honduras, y por debajo de Colombia o Perú.

A pesar de los esfuerzos por establecer un nuevo sistema anticorrupción, y probablemente por “las resistencias” que ha despertado, dijo Transparencia Mexicana, México cayó en el Índice de Percepción de la Corrupción 2017. Empeoró por un punto al pasar de 30 a 29, lo que lo colocó en la posición 135 de 180 países.

A nivel regional, México volvió a estar entre las peores posiciones de América Latina y el Caribe y, junto a Rusia, el país peor evaluado del G20 y el peor evaluado de la OCDE.

En 2017 se sumó la Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera (GAFI), que señaló que en México el lavado de dinero aún no es un delito que se persiga de manera proactiva y sistemática, lo cual es un riesgo de impunidad y corrupción tanto para el sector público como el privado.

Por ello Transparencia Mexicana por quinto año consecutivo urgió el SNA y agregó la necesidad de incorporar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el SNA, para fortalecer las investigaciones de lavado de dinero y las llamadas “empresas fantasma”. También pidió una Fiscalía General autónoma.

En diciembre del año pasado, Impunidad Cero y Transparencia Mexicana presentaron el Coeficiente TAI, el cual confirmó que ninguna entidad federativa ha avanzado de manera integral en controlar opacidad, corrupción e impunidad.

A nivel nacional, el Coeficiente TAI 2017 es de 60.59 unidades de un máximo de 100, donde a mayor valor peor desempeño. Morelos, Sinaloa, Querétaro, Durango y Chihuahua son las entidades con peor desempeño en transparencia, corrupción e impunidad, en conjunto, de acuerdo con el índice de índices.

Veracruz salió bien evaluado por sus métricas incorrectas, se precisó. Era bien evaluado en transparencia, pero su ex Gobernador Javier Duarte fue encarcelado por enriquecimiento ilícito y desvío de recursos.

De las 32 entidades, 20 presentan problemas en impunidad; nueve en opacidad; y tres en corrupción.

LA IMPUNIDAD

La impunidad simple y llana, entendida como delito sin castigo, estaría en los márgenes del 99 por ciento en México. Es decir, menos del 1 por ciento de los delitos en México son castigados, reveló el Índice de Impunidad de México (IGI-MEX) que se construyó a partir del modelo teórico sobre impunidad y la metodología cuantitativa del Índice Global de Impunidad 2015 (IGI). De 2015 a 2017 pasó del lugar 58 al 66 de países con más impunidad.

Esto considerando que solamente se denuncian 7 de cada 100 delitos cometidos por lo que la cifra negra en México desde 2013 alcanza un porcentaje no menor al 92.8 por ciento, y que del total de delitos consumados, solamente existe un 4.46 por ciento de sentencias condenatorias. Las cifras no han variado significativamente: 97 por ciento de impunidad, 6 de cada 100 se procesan y solo 3 se condenan.

En el último informe de la UDLAP, su rector Luis Ernesto Derbez Bautista recordó que desde la publicación en 2015 del primer Índice Global de Impunidad se ha señalado que la lucha contra la impunidad debería ser “el elemento clave” de una estrategia para combatir la violencia y la corrupción que afectan a México.

En 2015, los cinco países con los índices más altos de impunidad estudiados por el IGI fueron Filipinas, México, Turquía, Colombia y Rusia. México ocupó el lugar 58 de 193 estados miembros de las Naciones Unidas en materia de impunidad, por su sistema de seguridad y la estructura de su sistema de justicia en las 32 entidades.

En 2016, México estuvo en el sitio 58 de 59 países con mayores niveles de impunidad que mide el IGI. En el de 2017, con el lugar 66 de 69 países nuevamente encabezó la lista de países del continente americano con alto índice de impunidad, seguido de Perú, Venezuela, Brasil, Colombia, Nicaragua, Paraguay, Honduras y El Salvador.

Para 2018, último año de gestión de Enrique Peña Nieto, México ocupó el cuarto lugar del Índice Global de Impunidad (IGI 2017) con 69.21 puntos y lideró la lista de países de América Latina con el más alto índice de impunidad.

“Existe corresponsabilidad de todos los poderes de gobierno (ejecutivo, legislativo y judicial) y en los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) para atender el problema de la impunidad”, determinó este estudio de la UDLAP. El número proporcional de jueces, policías y espacio en las cárceles abona al problema.

LOS ESTADOS OPACOS

El IMCO ha emitido desde 2008 el Índice de Información Presupuestal estatal y municipal. Manuel Guadarrama, investigador de finanzas públicas del think tank, dijo que “es el estándar mínimo” que debe tener cualquier gobierno para poder dar seguimiento efectivo al correcto ejercicio de sus recursos públicos.

Aunque ha habido “una mejora sustantiva” en el cumplimiento básico de la transparencia de su gasto público y contabilidad, porque el cumplimiento nacional alcanza el 80 por ciento, celebró Guadarrama, hay casos en que han empeorado o han permanecido igual en sus desgloses como la Ciudad y el Estado de México, que tienen el mayor presupuesto del país. “No cumplen a cabalidad la ley”, aseguró.

En general, las entidades federativas siguen con una calificación reprobatoria en el 58 por ciento en el ejercicio del gasto. “Los estados reportan cada trimestre. Los Congresos estatales y el federal pueden dar seguimiento puntual a las partidas más opacas, pero su intervención es la que está faltando”, aseveró.

Guadarrama destacó que en Veracruz y Morelos hay una gran brecha entre el gasto aprobado por el Congreso local y el ejercido, por lo que la impunidad también radica en la falta de contrapeso legislativo. Además, la información aportada por Veracruz no llega completa por lo que no es confiable ni verídica.

De los 453 municipios evaluados, el 70 por ciento (320) reprobó el IIP 2017, principalmente de la Ciudad de México, Tlaxcala y Oaxaca.

Además 125 empeoraron frente al 2016, sobre todo de Morelos, Zacatecas y Sinaloa, reportó el think tank en el marco de elecciones y reelección municipal.

El cumplimiento promedio de la contabilidad y la información proporcionada sobre gasto, ingreso y deuda pública por presidentes municipales, cabildos y entidades públicas fue de 42 por ciento, una calificación muy baja.

Fuente: sinembargo

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