El fracaso de la “nueva generación” corrupta del PRI costará caro al partido en el 2018 / Además, la poca voluntad política del Presidente para impulsar la transparencia y la rendición de cuentas, también será un factor importante en la debacle, afirman politólogos

Ciudad de México.- Endeudaron a sus Estados, desviaron recursos, crearon empresas fantasmas; uno de ellos, en Chihuahua, se convirtió en accionista de un banco y, como en el Gobierno de Veracruz, presuntamente permitió suplantar con agua medicamentos destinados para la población enferma de cáncer.

Son los ex gobernadores priistas de la era de Enrique Peña Nieto, seis detenidos y dos prófugos de la justicia; entre ellos el veracruzano Javier Duarte de Ochoa, el quintanarroense Roberto Borge Angulo y el chihuahuense César Duarte Jáquez, a quienes en el 2012 el hoy Presidente llamó una “nueva generación política” y que, al cabo de cinco años, protagonizan “uno de los momentos de mayor corrupción que se haya dado en el país”, como considera el investigador Alberto Aziz Nassif, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas).

“Este va a ser uno de los temas más importantes durante el proceso que viene en el 2018, porque se ha llegado a tales niveles de gravedad que no se habían conocido, tanto los niveles de endeudamiento, de fraude y de corrupción, que es ya intolerable para la sociedad”, agrega Aziz, que investiga procesos democráticos e instituciones en México.

“En cuanto a su corrupción, probablemente en promedio han sido de verdad más corruptos que sus antecesores”, coincide Andrew Paxman, profesor de la División de Historia del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

“Con el fin del control mayoritario del Congreso en 1997, México perdió un sistema de rendición de cuentas que había causado la caída de docenas de gobernadores hasta esa fecha. Es decir, creció la impunidad. Segundo, hubo más narco dinero en juego que nunca, y mayor interés por parte de los carteles en surtir a la población mexicana”, agrega el también autor.

En la lista de ex gobernadores con problemas legales hay de sexenios pasados, como el tamaulipeco Tomás Yárrington Ruvalcaba, quien gobernó de 1998 al 2004 y fue detenido este año en Italia por lavado de dinero; o el quintanarroense Mario Villanueva Madrid, detenido desde el 2001 por el mismo delito. Y hay, también, integrantes de otros partidos, como el panista sonorense Guillermo Padrés Elías, detenido en el 2016 por desvío de recursos y enriquecimiento ilícito, o el ex Gobernador blaquiazul de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, sentenciado por peculado y uso indebido del ejercicio público, aunque amparado para enfrentar el proceso en libertad.

En los primeros lugares, sin embargo, al menos por grados de endeudamiento público, están quienes Peña Nieto elogió como parte de una “generación nueva” –Duarte Jáquez y Borge Angulo– y quienes incluso lo rodean en la fotografía que tomó con los mandatarios el día de su toma de posesión, en el 2012.

“Coahuila, Quintana Roo, Nuevo León y Chihuahua que son cuatro de las cinco Entidades Federativas con mayor porcentaje de deuda respecto a las Participaciones Federales y, también, son cuatro de las cinco Entidades con mayor endeudamiento por habitante”, advirtió en el 2016 el Diagnóstico de la Deuda Pública de las Entidades Federativas elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, del Poder Legislativo.

A la fecha, Duarte de Ochoa protagoniza un proceso oral por delitos como lavado de dinero y delincuencia organizada después de meses de evasión de la justicia, mientras que su homólogo, el quintanarroense Roberto Borge Angulo, espera en un penal Panamá su extradición a México por cargos de corrupción.

César Duarte Jáquez, mientras, continúa prófugo de órdenes de aprehensión que lo buscan por delitos tanto de peculado como electorales y, a diferencia de Duarte de Ochoa y Borge, continúa sin ser expulsado de las filas del PRI.

Esto, pese a la insistencia del Comité Ejecutivo Nacional priista de que el partido está “a favor de que los corruptos terminen en la cárcel” y de combatir la impunidad.

Varios elementos se combinaron para permitir la formación de los “cacicazgos” políticos. De acuerdo con diversos análisis, a partir de 2000, cuando en diversos sectores se celebraba la primera derrota del PRI en la Presidencia de la República, también inició un periodo de aumento de transferencias de recursos públicos de parte de la Federación a las entidades que, sin embargo, no se ejercieron con contrapesos por parte de órganos revisores, como congresos, poderes judiciales o incluso medios de comunicación.

“Las estructuras de poder, verticales, del PRI, mantenían cierto control, un poco la descentralización de recursos, la descentralización de facultades, las alternancias, todo eso ha ido debilitando los mecanismos de control, las formas de rendición de cuentas; entonces, los recursos en los estados se repartieron y se compraron a los medios en muchos casos, congresos locales, etcétera; entonces, los gobernadores se convertían en amos y señores de su territorios, compraban y repartían y esto generó problemas de corrupción gravísimos”, explica Aziz Nassif.

“El problema es que, como no existen mecanismos que permitan la fiscalización de ese dinero, a final de cuentas podían hacer uso del dinero casi casi como quieran”, coincide Gustavo López Montiel, politólogo y académico en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

Un grupo de priístas, empezando por quien era presidente nacional del partido entonces, Humberto Moreira Valdés; siguiendo con el Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge; Javier Duarte, de Veracruz; César Duarte, de Chihuahua, aparentemente hicieron un compromiso económico que ahora limita al Presidente para combatir la corrupción”, dijo desde agosto del 2016 a este medio una fuente del CEN del PRI.

Fuente: POR ESTO!

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