Dos cifras reconocidas oficialmente por el Estado mexicano dan cuenta de la crisis nacional forense y de desaparecidos que asola al país: en el país hay oficialmente 37,485 personas desaparecidas, mientras al mismo tiempo existen más de 35 mil cuerpos de personas no identificadas en las morgues nacionales.

La primera cifra la reconoció el pasado 9 de octubre el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, al instalar el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; la segunda cifra la dio a conocer el subsecretario de Derechos Humanos de Segob, Rafael Adrián Avante, el 5 de abril de este año, cuando admitió que el gobierno federal reconoce que hay 35 mil cuerpos sin identificar en los Servicios Médicos Forenses (Semefos), fosas comunes y panteones ministeriales.

El cruce de cifras es más que elocuente: mientras más de 37 mil familias buscan dolorosa y desesperadamente por todos los medios a sus familiares, muchos de ellos están en las morgues, pero sin identificar. Algo grave ha dejado de hacer el Estado mexicano para provocar esta catástrofe.

Es una crisis nacional forense derivada de la incapacidad de los gobiernos para identificar legal y dignamente los cuerpos que se van acumulando en las morgues oficiales, además de los que van apareciendo en las miles de fosas clandestinas descubiertas por todo el país.

Esta incapacidad es lo que explica las decisiones absurdas como la de pasear 300 cuerpos no identificados en tráileres con cámaras refrigerantes en la zona metropolitana de Guadalajara el pasado mes de septiembre; además de los tráileres con cuerpos en Querétaro y Tepic, que se conocieron después de que se destapó la crisis en el Semefo de Jalisco.

Se ha conocido también cómo se han ido acumulando cuerpos acumulados en el Semefo de Acapulco o los graves casos de fosas oficiales donde se arrojó a cuerpos ya identificados y a otros sin identificar, como ocurrió en Tetelcingo, Morelos en 2016.

Esta grave crisis nacional forense a la que se suma la crisis de desaparecidos produce historias tan dolorosas como la de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, un joven desaparecido el 24 de mayo de 2013, y que fue encontrado tres años después en las fosas de Tetelcingo, Morelos. Su madre María Concepción Hernández Fernández lo buscó desde su desaparición, hasta que, gracias a su presión, el gobierno de Morelos reconoció que se había arrojado a una fosa estatal en el municipio de Tetelcingo. Oliver Navarrete desapareció el 24 de mayo de 2013, y fue encontrado muerto el 3 de junio del mismo año. ¿Por qué el gobierno no lo entregó inmediatamente a la madre y a su familia? Si lo hubieran hecho, les hubieran evitado tres años de buscar a su hijo como desaparecido.

Algo semejante le ocurrió a Irma Jiménez en Jalisco. Irma Jiménez encontró a su hija Rosaura García Jiménez en los tráileres errantes del Semefo de Jalisco. Su hija desapareció en Guadalajara el 8 de junio de este año. El 2 de julio su familia denunció la desaparición en la Fiscalía General de Jalisco y a finales de septiembre les fue entregado el cuerpo de la joven. Pero el cadáver de Rosaura estuvo en posesión del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) desde el 9 de junio, cuando su cuerpo fue localizado en un predio del municipio metropolitano de Ixtlahuacán de los Membrillos. Irma Jiménez madre de Rosaura, denunció que durante cuatro meses el cuerpo de su hija estuvo en uno de los tráileres del Semefo sin que fuera identificado ni reportado a la familia.

Tanto a María Concepción Hernández, madre de Wenceslao Hernández, como a Irma Jiménez, madre de Rosaura García, se les habría evitado el dolor de tener tres años o cuatro meses la angustia de no saber de sus hijos, si los servicios forenses hubieran hecho su trabajo como deberían.

Gracias a los datos reconocidos oficialmente por funcionarios del gobierno federal, 37 mil desaparecidos y 35 mil cuerpos sin reconocer, sabemos ahora que son miles de madres y familias que padecen la angustia de no saber de sus hijos debido a la crisis forense nacional, provocada por la incompetencia y negligencia criminal del Estado mexicano.

Estos datos, el tamaño de los desaparecidos y el tamaño de los cuerpos no identificados, nos hablan de una grave crisis, de una tragedia nacional y que sin embargo no es encarada debidamente por el gobierno, como acaba de denunciar el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) en un comunicado del pasado 11 de octubre donde denuncian que el gobierno otra vez dejó sin consultar y atender las peticiones de las familias organizadas al instalar el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Queda claro que el Estado mexicano no puede o no quiere resolver esta grave crisis nacional de desaparecidos y forense. Debe ser la misma sociedad la que ponga fin a esta tragedia y a esta guerra.

Fuente: Sin Embargo.

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