Una encuesta de Unicef en Argentina muestra que los correccionales son un sistema al que entran casi exclusivamente las clases menos favorecidas, con pocas garantías, y sin foco en la reinserción.

Ir a la escuela estaba mal visto en el correccional donde fue a parar Daniel Fernández con 17 años. Él no creía que pudiera aprender nada allí pero, además, acudir suponía que trataran de robarle sus pertenencias, sufrir agresiones, incluso malas caras —y a veces más que eso— de los guardias de seguridad, que tendrían que ver perturbada su rutina para llevarlo y traerlo. La supervivencia en aquel lugar era más fácil siendo un camorrista violento que aprendiendo.

Y así pasó los primeros meses en un centro que “se parece demasiado a cárceles”, en palabras de Hernán Monath especialista en protección de Unicef. La agencia para la infancia de la ONU, junto al Centro de Estudios de Población (Cenep), acaba de publicar una encuesta entre los menores privados de libertad en Argentina, un ámbito en el que hay “pocos datos y desfasados”. De ella, estas organizaciones extraen varias conclusiones: es un sistema al que entran casi exclusivamente las clases menos favorecidas, con pocas garantías, donde el maltrato es parte del método pedagógico, que no está suficientemente enfocado a la reinserción y que, más que eso, consigue que los chicos entren prematuramente en el sistema penal (ver cuadro abajo).

Los tratados internacionales como la Convención sobre Derechos del Niño establecen que la privación de libertad debe ser aplicada como último recurso y por el menor tiempo posible. Además deben existir condiciones que respeten su integridad física y su dignidad. En Argentina siete de cada 10 chicos desconocen cuánto tiempo estará encerrado.

El país está en pleno debate sobre la reforma del Régimen Penal Juvenil, una ley aprobada en 1980, en plena dictadura militar, que deja al arbitrio de los jueces privar de libertad a los adolescentes sin haber cometido ningún delito, por riesgo material o moral. “Esto es un eufemismo para pobreza, familias débiles, situación de calle, consumo de estupefacientes”, matiza Mariángeles Misuraca, oficial de protección de Unicef.

El debate no es nuevo. Ha habido en las últimas décadas decenas de iniciativas para cambiar una regla que todos dan por obsoleta. El principal escollo es que nunca se llega a un acuerdo con respecto a la edad de imputabilidad. Hoy día está fijada en los 16 años (ver mapa sobre situación en el mundo) y algunos partidos abogan por rebajarla a los 14, una polémica que se reaviva de tiempo en tiempo, especialmente cuando algún adolescente de esta edad comete un delito grave. La mayoría de los internos, sin embargo, no lo están por este tipo de crímenes, sino por otros menores como robos.

Rebajar la edad sería “contraproducente”, en opinión de los especialistas de la agencia de las Naciones Unidas para la infancia, que abogan en acciones preventivas con los menores, mediaciones que se den sin necesidad, salvo casos excepcionales, de privación de libertad. Como ejemplo más evidente, el 80% de los más de 500 que entrevistaron en centros de todo el país (casi la mitad de todos los que hay) habían abandonado los estudios antes de completar la secundaria.

Daniel Fernández, que hoy tiene 24 años, estaba en esta situación. Entró por primera vez en un centro por robo con 15, regresó a su casa y volvió a ser internado con 17 por verse involucrado en un homicidio. Si ha completado sus estudios y se ha reinsertado, no ha sido, según cuenta, por las facilidades que le dieron en el lugar donde estuvo recluido. Tras 10 meses encerrado y con la ayuda de una monitora, se puso a reflexionar sobre su vida. Había dejado un hijo fuera, en su casa había problemas y él quería regresar. Pero el sistema no se lo puso fácil. “Aunque está muy mal visto ir a la escuela, decidí hacerlo. Y pude porque me gané el respeto a base de violencia”, asegura.

La agresividad es una constante en estos centros. “Es una continua paranoia; estás pendiente de quién y cuándo será el próximo en hacerte algo. Y no solo por parte de tus compañeros, también el personal, que no te suele mirar como a una persona, sino como a un villero [procedente de un barrio marginal] que solo ha causado problemas. Y esto hace que reacciones como tal. Es un círculo vicioso difícil de cerrar en estos centros”, relata.

Mónica, esta monitora que le ayudó a salir de él, “tenía empatía” e intentaba comprender a los jóvenes. Pero es solo una pieza en un sistema que no se basa en el objetivo socio-educativo y en la justicia restaurativa, según los expertos consultados. Un ejemplo de las carencias es el altísimo consumo de estupefacientes entre los internos: casi nueve de cada diez las había tomado antes de entrar. “Esto nos indica que deberíamos tener centros especializados en esos problemas, idealmente antes. Pero cuando los chicos hablan del tratamiento que reciben, no es especializado. Como mucho trata de asegurar una abstinencia difícil de llevar sin orientación profesional adecuada”, explica Misuraca.

Y no es que dentro no haya droga. “Circula mucha. Yo seguí consumiendo hasta que decidí dar un giro a mi vida”, cuenta Daniel. Él fue a la escuela, dio con buenos profesores, comenzó a hacer un programa de radio y hoy vive de dar talleres a otros chicos y tratar de evitar que comiencen la vida que él llevó. Lo consiguió tras casi cinco años privado de una libertad de la que ahora goza de forma condicional.

El debate en Argentina, sin embargo, no se centra en ver cuáles pueden ser las medidas con estos chicos, cómo reinsertarlos o cómo evitar que vuelvan a delinquir, algo que tampoco parece funcionar muy bien atendiendo a la encuesta de Unicef: la mitad de los chicos eran reincidentes. Después de un asesinato de un adolescente de 15 años por parte de otro de la misma edad durante las navidades del año pasado, el Gobierno volvió a poner sobre la mesa el asunto. El ministro Germán Garavano declaró al diario Clarín que el caso Brian no es un hecho aislado y que la sociedad demanda respuestas. “La realidad demuestra que en el sistema penal tanto las víctimas como los imputados son mayormente jóvenes. Nuestro objetivo es que en el futuro haya menos jóvenes en conflicto con la ley penal; que cada vez sean más los que estudien y trabajen y que sean valorados socialmente para lograr una sociedad más pacífica”, recoge el periódico. Sin embargo, la intención anunciada es rebajar la edad de imputabilidad, que es donde están todos los focos mediáticos en el país.

Fuente: El País.

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *