3cf76e98ff9d295f454eEl grupo Ultramar pretendía edificar un conjunto residencial con tres edificios de 10 pisos cada uno, así como una tienda departamental especializada en artículos de marina, en los terrenos que fueron devastados dentro de Malecón Tajamar.
El negocio iba a ser con la empresa Bi and Di, propietaria de los predios de Malecón y la cual fue la que ordenó la devastación de manglar sin cumplir con los requisitos ambientales de la zona.
De hecho, para vender los terrenos la empresa italiana había conseguido una extensión de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), dentro de los terrenos para que pudieran acelerarse los trabajos de construcción.
La ampliación consistió en dos facetas. La primera fue pasar del 25 de agosto de este 2015, al 16 de febrero del 2016 como fecha límite de vencimiento de la Manifestación de Impacto Ambiental, de los terrenos.
Con ello, lograba seis meses más de prórroga para poder hacer los trabajos de desmonte, ya que la segunda faceta consistía en convencer al grupo Ultramar que se podían hacer esos trabajos de manera rápida y expedita.
Así fue como se gestó la devastación de Malecón Tajamar. La desesperación empresarial orilló a los desarrolladores a “limpiar” de manera ilegal la zona de manglar y por ello se vino la clausura de las obras.
De acuerdo con el tabulador de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), se estima por lo menos una multa de 4 millones de pesos para los desarrolladores por la devastación ilegal en Malecón Tajamar.

La historia de Bi and Di en Cancún

Para poner fin al pleito jurídico que los enfrentó en años pasados, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) permutó a Bi & DI los predios localizados en la zona hotelera de Cancún, donde la empresa italiana pretendía construir el proyecto “La Herradura”, por seis terrenos en Malecón Tajamar.
De este modo, los predios en litigio, localizados frente al mirador de playa Delfines, han retornado al inventario del Fonatur y salieron a la venta de acorde a los usos de suelo que se obtuvieron dentro de la Manifestación de Impacto Ambiental del 2005.
La empresa italiana había perdido comunicación con Fonatur, pero se restableció el contacto y se llegó a un acuerdo. Los predios fueron permutados por seis terrenos en Malecón Tajamar.
Los predios no están juntos, sino separados. El destino que les querían dar a los terrenos era residencial turístico y comercial.
Cabe recordar que un mes después de que el huracán “Wilma” golpease a Cancún en octubre del 2005, Fonatur ofertó públicamente un grupo de cinco lotes; dos de ellos, con uso de suelo hotelero, en una superficie de 32 mil 853 metros cuadrados; otro par, con uso de suelo para club de playa en 13 mil 039 metros cuadrados de superficie; y uno más, con vocación comercial en tres mil 581 metros cuadrados.
Todos se localizaban en la zona que abarca playa Delfines –conocido como “El Mirador”– y a un costado de la zona arqueológica de “El Rey”, frente a la playa y del lado de la laguna.
El precio de compra alcanzó los 325 millones de pesos, con un cinco por ciento de descuento sobre precio de venta en una sola exhibición.
Dos de esos lotes, identificados con las claves 56-A3 y 56-H, fueron ofrecidos por Fonatur con usos de suelo turístico hotelero, con clave TH-12, que no les correspondían, con base en el Programa de Desarrollo Urbano de Cancún (PDU), vigente desde junio-julio del 2005.
Esta situación tornaba “imposible” que, legalmente, se construyesen las torres de 20 pisos que los italianos deseaban construir en el sitio, pues la altura máxima permitida es de cuatro niveles, según lo establece el uso de suelo comercial, con clave C4, vigente, que aplica en esos lotes.
Al ver frustrados sus deseos –construir sus torres de 20 pisos- la empresa Bi & Di recurrió a instancias legales para demandar a Fonatur, por presunto fraude.
En agosto del 2011 el juez de lo Civil, Carlos Aguilar Godínez -radicado en el Distrito Federal- concluyó que el Fondo “violentó el principio de buena fe que rige en materia contractual”.
En consecuencia, ordenó a Fonatur la devolución de los 325 millones de pesos que Bi & Di pagó para comprar los lotes en juego, además de intereses y pagos por concepto de predial hechos por la empresa. En respuesta, el Fonatur recurrió el fallo del juez, pero perdió el litigio.

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