El proceso contra las tres jóvenes Jachaturián destapa que sufrieron años de agresiones físicas y sexuales, y evidencia una epidemia de violencia contra la mujer.

Cuando aquella tarde de verano Mijaíl Jachaturián llegó a casa, en el norte de Moscú, se enfureció. Ese día, fue porque consideró que el salón estaba desordenado. Había visto incluso un pelo largo y oscuro en el suelo. Y se revolvió. El día anterior el motivo había sido otro. Y antes de ese, otro. Furibundo, llamó por turnos a la sala a sus hijas, Krestina, Angelina y María. Y las roció con un espray de pimienta que tenía preparado. Después, procedió a dormir una siesta en su mecedora. Las chicas, de 17, 18 y 19 años, no aguantaron más. Esperaron a que Mijaíl, de 57 años, se durmiera y empezaron a golpearle con un martillo y un cuchillo de cocina, según la Fiscalía. Cuando el hombre se despertó y empezó a pegarles, una de las chicas le apuñaló hasta que se desplomó.

Krestina, Angelina y María se enfrentan ahora, justo un año después del suceso, a cargos de asesinato premeditado. Con penas de hasta 20 años de prisión para las dos mayores y 10 para la más joven, menor de edad en aquel momento. Pero el caso ha destapado que en aquella casa del modesto barrio de Bibirevo, adornada con iconos religiosos y cruces, las tres chicas de cabello oscuro y enormes ojos color café vivían una pesadilla. Llevaban años sufriendo abusos físicos y sexuales por parte de su padre, según los informes judiciales, con el que vivían solas desde que en 2015 echó a la madre de casa bajo amenazas de matarla a ella y a las chicas si volvía para llevárselas. “Estaban aterrorizadas. Vivían prácticamente esclavizadas, en una atmósfera irrespirable y temían por su vida”, señala uno de sus abogados, Alexei Liptser, quien alega que las jóvenes actuaron en defensa propia.

El caso de las hermanas Jachaturián ha sacudido a la sociedad rusa. También ha puesto sobre la mesa la constante inacción —e incluso la normalización— de las autoridades hacia un problema de dimensiones colosales en Rusia: la violencia doméstica. No se recogen estadísticas. Pero, según un estudio de 2012 del Ministerio del Interior, unas 600.000 mujeres sufren violencia en el hogar cada año. Y entre 12.000 y 14.000 mueren a manos de sus parejas o familiares; una cada 40 minutos. Una cifra muy similar a la que revelaba la ONU en un informe en 2010.

La historia de Krestina, Angelina y María está actuando como una espita para la movilización social. Miles de personas han mostrado su apoyo hacia las tres chicas, desde actrices o youtubers famosos, hasta la defensora de derechos humanos del Kremlin. Y se han sucedido los piquetes solitarios —una fórmula para sortear la prohibición de manifestarse—, las actividades culturales y las campañas en las redes sociales para pedir su absolución. Una petición online acumula ya casi 300.000 firmas, y hasta se ha desencadenado un cierto Me too. Sin embargo, en un país muy conservador y patriarcal, en el que la iglesia ortodoxa tiene gran influencia, también hay grupos que niegan que esta violencia sea un problema. Ellos también se han manifestado, pero para exigir una condena dura y ejemplarizante para las tres jóvenes.

Rusia (144 millones de habitantes) es uno de los pocos países del mundo desarrollado que no tiene una ley específica contra la violencia doméstica. Y mucho menos para combatir la violencia machista o los feminicidios. En 2017, en vez de avanzar hacia la protección de las víctimas, el Gobierno ruso despenalizó algunos casos de agresión dentro de la familia para los delincuentes primerizos. Una reforma legal que llegó tras una resonante campaña de la iglesia ortodoxa y de los diputados más conservadores, que llevan años oponiéndose incluso al término “violencia en la familia” ya que lo consideran producto de “las ideas del feminismo radical” destinado a “perseguir” a los hombres.

Ahora, según la ley rusa, una primera agresión sin secuelas graves contra la pareja o los hijos es una falta administrativa. Se castiga con 15 días de cárcel y unos 400 euros de multa. Un segundo delito de este tipo en el mismo año acarrea una multa de unos 500 euros y tres meses de prisión o 240 horas de trabajo comunitario.

El resultado de la reforma legal ha sido dramático, asegura Yulia Gorbunova, investigadora de la ONG Human Rights Watch. No existe opción de obtener una orden de protección. Y los recursos a disposición de las víctimas —casas de acogida, por ejemplo— son ínfimos, lamenta. Si antes era difícil denunciar un caso, desde la reforma legal esto es todavía más difícil, recalca.

Aurelia Dunduc, la madre de Krestina, Angelina y María, sí había dado el paso. Sentada en la cafetería de un oscuro centro comercial de Moscú, la mujer, de 40 años, señala que acudió varias veces a la policía a denunciar las palizas y vejaciones a las que la sometía Mijaíl Jachaturián, que después de sus negocios en los noventa con pequeñas mafias locales vivía de las rentas y de una pensión. “No hicieron nada. Se guardaron la declaración y me dijeron que me fuese por donde había venido”, dice en voz muy baja. Al lado, una camarera ordena las mesas a empellones. Y Dunduc salta con cada ruido.

Acompañada por una de sus amigas, la mujer, delgada y muy callada, asegura que su esposo tenía buenas conexiones en la policía y en la Fiscalía del distrito. Dunduc, moldava, cuenta que los malos tratos empezaron poco después de la boda con Mijaíl Jachaturián, de origen armenio. Ella tenía 19 años entonces; el, 37.

Asegura que no sabía que sus hijas sufrieran abusos. Cree que las chicas la protegían y que sabiendo que sus denuncias no habían servido, optaron por callar. Algunas de sus amigas sabían lo que estaba ocurriendo, aunque sin muchos detalles. Victoria Kuropatkina, íntima de Krestina, cuenta que conocía parte de los abusos, pero que su amiga le había prohibido acudir a las autoridades porque temía las consecuencias. Para Victoria y para ella y sus hermanas.

De puertas a fuera, Angelina, Krestina y María eran tres jóvenes tímidas. Muy estudiosas. La pequeña adora el cine, relata Dunduc. A Angelina le encanta ver series, tomarse selfies con sus amigas y pasar el rato en alguna cafetería. Krestina, la mayor, es muy buena en matemáticas y soñaba con estudiar contabilidad; hasta que sus notas cayeron por faltar a clase.

Mucho antes de aquel julio de 2018 en el que todo estalló, las chicas habían dejado de ir al instituto. Su padre no las dejaba casi salir de casa. Sin embargo, critican los abogados, las autoridades educativas no investigaron a fondo el caso. Tampoco se abrieron pesquisas después del intento de suicidio de Krestina, desencadenado por una de las agresiones sexuales de su padre, apunta el abogado Liptser. El viernes, la Fiscalía inició un caso contra el difunto Jachaturián por los supuestos abusos; algo que puede dar un vuelco al caso.

Krestina, Angelina y María están en libertad bajo fianza, pero aisladas. No pueden comunicarse entre sí ni con los testigos del caso o con los medios. “Están bien en la medida de lo posible”, dice su abogado. Y añade: “Sea en el banquillo o aisladas en casa, repiten que al menos no sufren torturas y palizas cada día”.

LA POLICÍA A UNA VÍCTIMA: “VUELVE CUANDO MUERAS”

Tras meses de agresiones, Margarita Gracheva acudió a la policía a denunciar a su marido por malos tratos. Allí, explicó al agente que la atendió que en el último episodio violento él le había puesto un cuchillo en la garganta y la había amenazado con disolver su cuerpo en ácido. Aquel policía le contestó que eso era “una manifestación de amor”. Unos días más tarde, Dmitri Grachev buscó a su esposa, la llevó arrastras al bosque y le cortó las manos con un hacha.

El pasado noviembre, el agresor fue condenado a 14 años de cárcel, en una de las condenas más duras por un caso similar en Rusia, donde sacar adelante un proceso por violencia contra la mujer es complicado. El agente que rehusó atender a Gracheva, sin embargo, ni siquiera fue amonestado, pese a las denuncias por negligencia de la víctima.

Esta semana, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos asestó un varapalo a Rusia en lo que se considera la primera condena por no proteger a una víctima de la violencia machista. Es el caso de Valeria Volodina, una joven que trató de denunciar, sin éxito, ante la policía las amenazas y agresiones de su expareja. En comisaría eludieron iniciar una investigación. Y el exnovio de Volodina, que había colocado un dispositivo GPS en uno de sus bolsos para seguirla después de que esta se cambiase incluso de ciudad, la encontró, la secuestró y la agredió. Ahora, debería ser indemnizada con 20.000 euros.

Y como el suyo, otra decena de casos similares contra Rusia —que no ha ratificado el Convenio de Estambul para la lucha contra la violencia hacia las mujeres y la violencia doméstica— esperan en Estrasburgo. Una fórmula a la que recurren cada vez más personas en Rusia ante casos ignorados o desechados en sus tribunales nacionales.

Un 19% de la ciudadanía rusa cree que “bajo ciertas circunstancias” está permitido golpear a la pareja o hijos, según un sondeo de 2017. Y las organizaciones especializadas reclaman que no solo no existe una política coordinada para hacer frente al problema, sino que las autoridades ignoran de forma mayoritaria a las mujeres que sufren violencia.

“Es un problema importantísimo, pero todavía se considera un asunto interno, algo privado de cada familia que debe resolverse de puertas adentro”, reflexiona el periodista de Novaya Gazeta Pavel Kanigin, que ha escrito mucho sobre malos tratos y que ha investigado a fondo el caso de las hermanas Jachaturián, acusadas de asesinato premeditado de su padre. Las cifras y la movilización social por el caso de las tres hermanas Jachaturián, evidencian, sin embargo cierto cambio. Sobre todo a nivel urbano y entre los más jóvenes.

Otra sentencia de esta semana puede suponer otro avance: una agente de policía de la ciudad de Oriol ha sido condenada a tres años en una colonia penal por negligencia, al ignorar la denuncia de una mujer contra su expareja por maltrato y amenazas. “Vuelve cuando mueras”, le espetó la agente a la víctima. “Si te mata, iremos y le tomaremos reporte al cadáver. No te preocupes”, añadió, según los documentos judiciales. Yana Savchuk no pudo poner la denuncia. Y nadie se acercó al lugar desde el que llamaba. Su novio la asesinó menos de una hora después de haber hecho aquella llamada de auxilio.

Fuente: ELPAIS

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