La irrupción de nuevas fuerzas políticas en los ayuntamientos supondría una oportunidad histórica para ir cerrando espacios a la corrupción en las comunidades agrarias y los ejidos campesinos, es decir, para ir estableciendo en Yucatán prácticas respetuosas de los bienes comunes y los patrimonios públicos en los municipios.

Sin embargo, no hay en ellos mucha gente dispuesta a abogar para acabar con esos usos irregulares y costumbres perniciosas que se materializan desde los proyectos y las acciones municipales. No son muchas las opciones en la actualidad para hacer algo a favor de los bienes y los patrimonios en los 106 municipios yucatecos, pero pueden explorarse algunas que abran posibilidades ante quienes defienden o niegan la corrupción.

Si se redistribuyeran apoyos públicos, se modificaran prácticas administrativas, se plantearan alternativas a los usos irregulares y las costumbres perniciosas, y se aprobaran normas tendientes a restringir aquellas con impactos irreversibles sobre los bienes y los patrimonios, crecerían las posibilidades de que el combate a la corrupción en las comunidades y los ejidos ocurra de forma poco menos traumática. No se trataría de crear más tensiones sociales, sino que el respeto integral fuera imponiéndose gradualmente en los espacios-territorios municipales.

Sin lugar a dudas, no podrían dejarse de lado los factores económico-patrimoniales para imponer recursos técnico-administrativos o exigir medidas medio-ambientales o socioculturales. Sabemos que si los usos y las costumbres generan ingresos a las comunidades y los ejidos, es puro desperdicio oponerse a ellas con el argumento de la falta de ética en los cabildos. No hay muchos presidentes municipales o comisarios ejidales que se declaren dispuestos a intervenir contra los actuales usos irregulares y las costumbres perniciosas.

Los usos y las costumbres basadas en los abusos comunitarios y los excesos ejidales contra los bienes comunes y los patrimonios públicos no tienden aún a desparecer en nuestro estado, como pretenden la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión que sucede por todo México. El problema es que la corrupción es parte de la cultura de sobrevivencia de las comunidades y los ejidos de Yucatán, que nunca han visto cómo se deslegitiman estas prácticas en beneficio de la vida compartida en los municipios.

Si la educación en las comunidades agrarias y los ejidos campesinos fracasa en coadyuvar a hacer operantes las estructuras de respeto a los bienes comunes y los patrimonios públicos de los municipios yucatecos, fracasarán los esfuerzos de la 4T al respecto.

Fuente: PORESTO

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