El suicidio de Alan García resucita el mayor caso de sobornos del continente americano.

La bala que acabó con la vida de Alan García puso fin al terror del expresidente a pasar una larga temporada en la cárcel y no apenas los diez días que, de forma preventiva, había ordenado el juez. El revólver, un Colt 38 que eligió para volarse la tapa de los sesos, evitó que el hombre que en vida había sido conocido por el apodo de «Caballo loco», pudiera seguir con su defensa contra las acusaciones de sobornos a cambio de adjudicaciones de Obras Públicas, a la constructora brasileña Odebrecht, durante su segundo Gobierno (2001-2006).

La muerte del último político peruano capaz de enamorar a las masas y hablar sin respiro deja sin un protagonista importante a la investigación judicial, pero no parece que pueda impedir que la verdad, toda la verdad del caso Odebrecht, la mayor trama de corrupción en América jamás conocida, sea revelada. Especialmente en Perú y en Brasil, donde la justicia trabaja sin descanso. La mayoría de los países de Iberoamérica, de México a la Argentina, con escala en Panamá, Guatemala, Salvador, República Dominicana (con sentencia y una decena de involucrados presos), Venezuela, Colombia o Ecuador (el ex vicepresidente Jorge Glas fue condenado a seis años) tienen su «caso Odebrech» en el marco de la operación «Lava Jato» (Lava coches) que impulsó el exjuez y actual Ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro.

La multinacional, con ramificaciones en África, desarrolló todo su poderío en la construcción de túneles, puentes, carreteras, gasoductos, potabilizadoras de agua, soterramiento de ferrocarriles, plataformas, instalaciones eléctricas o de cualquier otro sector que necesitaran el despliegue de grúas, apisonadoras, perforadoras y maquinaria de precisión.

Indultado, de aquella manera, Alberto Fujimori por crímenes de sangre, el resto de los presidentes vivos de Perú están procesados, presos o huidos como consecuencia del escándalo de corrupción que reescribió la historia del continente. Entre 2001 y 2006 gobernó Alejandro Toledo. Con orden de busca y captura internacional, el expresidente se refugió en Estados Unidos para evitar seguir los pasos de Ollanta Humala (2011-2016) quien, tras una escala de nueve meses en prisión, como su mujer, Nadine Heredia, goza, de momento, de la libertad provisional.

Del hospital a la cárcel

El corazón del acorralado Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) no asimiló bien la noticia que Alan García convirtió en tragedia. Con más de 80 años PPK, el presidente que perdió el poder en un intento de intercambio de impunidad a cambo de la libertad de Alberto Fujimori, sufrió una sacudida coronaría y se encuentra en cuidados intensivos. Cuando se recupere le esperan, preventivamente, tres largos años a la sombra, tiempo estimado para esclarecer el alcance de su participación en operaciones de lavado de dinero de origen fraudulento (Odebrecht).

En esa condición de reclusión, con sentencia firme, se encuentra Luiz Inacio Lula Da Silva, el presidente (2003-2010) que pasó de ser considerado el demonio rojo a enamorar al mundo con su historia de superación personal y sus logros con el programa Hambre Cero en su doble Gobierno. Pero, si a Al Capone le encerraron porque las cuentas con Haciendo, lo que no le cuadraban a Lula fue un «triplex» de Odebrecht en la playa, del que reniega, lo que le condenó, con sentencia firme, a estar entre rejas y le impidió participar de las últimas elecciones que colocaron a Jair Bolsonaro en el Palacio de Planalto, sede del Ejecutivo.

Lula y los exmandatarios peruanos, por el momento, han pagado la factura más alta del escándalo Odebrecht pero eso no significa, obligatoriamente, que el resto pueda cantar victoria.

A Néstor Kirchner la muerte le sorprendió antes de que estallara el escándalo, pero Cristina Fernández (investigada múltiple por otras causas) y sus Gobiernos, están en el ojo del huracán de jueces y fiscales. La justicia procesó a 26 personas, la mayoría miembros de su Administración. Marcelo Odebrecht confesó haber entregado, al menos, 35 millones de dólares en sobornos, «coimas», «peajes» o «cometas» en Argentina. El efecto dominó de las obras bajo sospecha, de los doce años largos del kircherismo, arrastra a empresas ligadas al poder de antes y de ahora y no se descarta que, más tarde o más temprano, termine salpicando a algún miembro de la Administración de Mauricio Macri pero en Argentina, en este caso, pareciera que la justicia no tiene demasiada prisa.

No se puede decir lo mismo de Ecuador donde el ex vicepresidente Jorge Glas fue condenado a seis años de cárcel junto a su tío Ricardo Rivera. Colombia no se queda fuera de esta espiral. La constructora habría repartido once millones entre miembros de la Administración de Alvaro Uribe y las campañas de Oscar Ivan Zuluoga del 2014 y la reelección de Juan Manuel Santos. Gabriel García Morales, ex viceministro de Transporte y el excongresista del Partido Liberal, Otto Bula, fueron arrestados como partícipes de esta trama. Bula abrió el ventilador y declaró que un millón de dólares de los sobornos tuvieron como destino la campaña de Santos que negó todo. En Panamá el presidente Juan Carlos Valera debió salir a defenderse por las presuntas «donaciones» de Odebrecht mientras en República Dominicana, la celeridad de la Justicia se tradujo en una decena de involucrados en la carcel.

El caso de Venezuela es, fuera de Brasil, el más sangrante. Decenas de millones de dólares (más cerca de cien que de 90) en sobornos terminan de pintar un cuadro de corrupción, miseria y poder en el chavismo de Nicolas Maduro. La colección de puentes, subterráneos y autopistas con obras sin terminar forma parte de un paisaje, a pie o en carretera, desolador en un país que posee, en potencia, las mayores reservas de petróleo del planeta.

Una «mordida» del 10 por ciento

El día que Marcelo Odebrecht entendió que la Justicia le tenía acorralado, el ex CEO -más conocido como «El príncipe»- de una de las principales constructoras del mundo dejó de dudar. Un hombre de negocios como él, con una fortuna estimada de unos tres mil millones de euros, flota propia de vehículos, helicópteros y aviones, no podía soportar la idea de permanecer entre rejas mientras el imperio familiar se derrumbaba. Decidió hablar y mitigar su pena y sus penas (pasó dos años entre rejas y le quedan siete de reclusión domiciliaria) bajo el paraguas de la figura del arrepentido o la «delación premiada», como se conoce en Brasil.

En el año 2015 el actual ministro de Justicia, Sergio Moro, estaba al frente de la versión brasileña de los incorruptibles. Su objetivo era desenredar esa madeja de nudos de sobornos y montañas de ladrillos y acero tejida entre políticos en el poder y empresarios. Moro y su equipo descubrieron que el mecanismo, término que dio título a una formidable serie de televisión sobre este caso, consistía en que la multinacional entregase una «mordida», en torno a un 10% del presupuesto del proyecto, a cambio de que Odebrecht fuera la elegida para concretarlo. La comisión ilegal o soborno se incorporaría a los costos de las obras y el dinero se blanquearía en tintorerías, centros de limpieza o estaciones de lavado de coches, «Lavacoches», según la terminología que sirve para bautizar la operación con la que se empieza a tirar del hilo.

La decisión de Marcelo Odebrecht y el efecto contagio en una especie de sálvese quien pueda, se tradujo en un impulso verborrágico irrefrenable de más de setenta ejecutivos bajo sus órdenes. Los hasta ese momento intocables de la poderosa constructora terminaron por reconocer el reparto de cerca de ochocientos millones de dólares en sobornos. En ese marco, Petrobras, la petrolera semiestatal brasileña, se cuela con un desvío de fondos de 2.250 millones de dólares con Odrebecht. Sería el comienzo de un terremoto cuya onda expansiva cruzaría el Atlántico hasta Mozambique y Angola, donde la justicia parece, hasta el día de hoy, seguir ciega, sorda y muda.

Fuente: ABC

 

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