El Ejecutivo prevé llevar al próximo Consejo de Ministros la subida a ocho semanas para este año y aumentarla progresivamente

El Gobierno prevé aprobar por decreto medidas por la igualdad que no llegaron a desarrollar por ley o que se quedaron sin aplicar cuando el Congreso rechazó la aprobación del presupuesto. Entre ellas, la equiparación progresiva de los permisos de paternidad con los de maternidad, con una ampliación hasta las ocho semanas para los padres ya en 2019 tanto para funcionarios como trabajadores del sector privado.

El cambio está incluido en el borrador del Real Decreto Ley de Medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, un documento de 28 páginas que el Ejecutivo ha repartido a los agentes sociales y que puede incluir modificaciones, aunque fuentes del Gobierno señalan que la parte escrita de los permisos de paternidad es “irrenunciable” y que su intención es aprobarlo el próximo viernes en el Consejo de Ministros, aunque la negociación podría cambiar estos planes. El borrador, al que ha tenido acceso este periódico y que adelantó la agencia Efe, incluye la ampliación progresiva del permiso de paternidad hasta alcanzar 16 semanas en 2021. Aumentar la prestación de los hombres de cinco semanas a 16 supone 1.266 millones más, según estimaciones que hizo en octubre el Ministerio de Trabajo.

Las mujeres disponen en la actualidad de seis semanas de permiso obligatorias frente a las cinco de los hombres, que son voluntarias. Hay otras 10 semanas que, en principio, podría cogerse cualquiera de los dos pero que en la práctica asumen ellas de forma abrumadora. En menos del 2% de los casos las asumieron ellos, según datos de la Seguridad Social.

El borrador del Gobierno prevé que el permiso de paternidad pase a ocho semanas desde su entrada en vigor, al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En 2020 se pasará a 12 semanas y en 2021 se equipararán, es decir, ambos progenitores disfrutarán de permisos iguales, intransferibles y retribuidos de 16 semanas, que serán ampliables en casos de partos múltiples en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo.

El contenido es similar al que cerraron PSOE y Podemos en el fallido acuerdo sobre los Presupuestos. Todos los grupos políticos del Congreso de los Diputados aprobaron en junio de 2018 debatir sobre permisos de paternidad y maternidad iguales.

El reparto del actual borrador prevé una licencia de seis semanas ininterrumpidas para ambos tras el nacimiento y otras 10 semanas para cada uno a distribuir hasta que el bebé cumpla un año. Las seis primeras semanas se disfrutarán a jornada completa, mientras que las otras 10 podrán repartirse a jornada completa o parcial a lo largo del primer año de vida (o de adopción) del hijo. No podrán cederse.

Si los dos progenitores ejercen el permiso “con la misma duración y régimen”, es decir, ambos disfrutan de las 10 semanas posteriores a las seis obligatorias, tendrán una semana más extra cada uno.

Las plataformas y expertas que pelean desde hace lustros por permisos iguales e intransferibles de maternidad y paternidad reclamaban fijarse en algunos aspectos que la propuesta del Gobierno del PSOE no tiene en cuenta. La propuesta de la Plataforma Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (Ppiina), que recogió íntegramente Podemos, establecía como obligatorias y simultáneas las dos primeras semanas e intransferibles y preferiblemente sin simultanear el resto hasta que el menor cumpliera un año.

“Seis semanas de permiso juntos es excesivo porque el objetivo es cambiar la mentalidad de que la madre es la que cuida y promover que los hombres se queden solos con sus hijos y asuman su parte”, explica la experta en igualdad de género y medidas de corresponsablidad Ángeles Briñón.

El borrador amplía el permiso en los casos en los que el recién nacido deba quedarse hospitalizado tras nacer “en tantos días” como esté ingresado, con un máximo de 13 semanas adicionales. Contempla modificar distintas normativas, como la Ley de Igualdad, el Estatuto Básico del Empleado Público o del Estatuto de los Trabajadores, entre otros.

El Gobierno quiere también sacar adelante medidas previstas en otra de las normas que no llegó a ver la luz: la Ley de Igualdad Salarial. Quieren obligar al empresariado a llevar un registro —que la plantilla podrá consultar— con los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de su plantilla, desagregados por sexo y distribuidos por grupos y categorías profesionales o puestos de trabajo iguales o de igual valor.

Se presumirá que existe discriminación salarial cuando en una empresa de al menos 25 trabajadores el promedio de las retribuciones de los trabajadores de un sexo sea superior al del otro en un 25% o más. Este porcentaje se calcula con el conjunto de la masa salarial de la empresa salvo que pueda justificarse “por motivos no relacionados con el sexo de los trabajadores”. En la actualidad, esa diferencia es del 22,5%, según estimaciones sindicales. También amplía a empresas de más de 50 trabajadores la obligación de elaborar y aplicar un plan de igualdad, que hasta ahora solo era preceptivo a las de más de 250 empleados.

Fuente: ELPAÍS

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