El encarcelamiento de los corruptos es una de las primeras piedras para construir el Estado de derecho que merece América Latina

La consecuencia lógica de los peculados, de las malversaciones de fondos, de los desvíos de recursos o del tráfico de influencias es un hartazgo furioso del electorado al comprobar que sus impuestos o la deuda pública contratada no fueron destinados a la salud, a la educación, a la seguridad nacional o a la construcción de obras de infraestructura, entre otros objetivos fundamentales. La ira ciudadana conduce al voto visceral, al rabioso, dedicado a castigar la corrupción y la impunidad sin percatarse de que la venganza hacia el Gobierno, desde luego mal orientada, puede llegar a ser una puñalada aviesa al país de llegar al promover, en la ceguera, el arribo al poder de un populista verborréico, cuyas promesas son de imposible cumplimiento, dado que llegará a gobernar con recetas sacadas del bote de la basura sobre la base de explotar aún más el rencor y el coraje nacionales.

Algunos países de América Latina subsisten carcomidos por un cáncer llamado corrupción que nos ataca por los cuatro costados, todo ello por la ineficacia o inexistencia de un Estado de derecho. Una de las herramientas más eficientes para empezar el proceso de construcción de un orden jurídico consiste en el encarcelamiento de los presidentes, vicepresidentes, secretarios de Estado, ministros, magistrados, jueces o directores de empresas estatales acusados de enriquecimiento ilegítimo. Lo anterior viene al cuento por la aprehensión durante la semana en curso de Álvaro Colom, expresidente de Guatemala, y de una decena de sus ministros de Gabinete, además de varios empresarios privados con quienes se llevaron a cabo ciertos negocios ilícitos. Álvaro Colom coincidirá en la cárcel con otro exmandatario guatemalteco, Otto Pérez Molina, acusado por defraudación aduanera.

Vale la pena recordar que en Perú también coincidieron en la cárcel el expresidente Alberto Fujimori y Ollanta Humala, arrestado junto con su esposa Nadine Heredia, sin dejar en el tintero el caso del expresidente Alejandro Toledo, perseguido por la justicia peruana acusado de lavado de activos al estar involucrado en el caso Odebrecht.

No sería nada remoto que en las próximas fechas fueran sentenciados definitivamente el expresidente brasileño Lula da Silva, condenado a más de 12 años de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero, sentencia que se cumplirá o no, cuando el Tribunal Supremo dicte la última palabra. En las similares condiciones se encuentra la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, con numerosas cusas abiertas y con la amenaza de perder su fuero en el Senado de aquel país. Por si todo lo anterior fuera poco, existe también una orden de captura en contra del expresidente de El Salvador Mauricio Funes, acusado por enriquecimiento ilícito, quien se encuentra asilado en la República de Nicaragua presidida por otro dictador centroamericano de los que ya nadie quisiera acordarse. El expresidente panameño Ricardo Martinelli, en prisión en los Estados Unidos, también es buscado por la justicia de su país y si no se ha logrado su repatriación ha sido por la incontable interposición de recursos de sus abogados. Imposible olvidar el caso de Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de Costa Rica, también condenado a prisión por corrupción, al igual que lo fue Rafael Ángel Calderón, otro expresidente preso en aquel país.

El hedor de la política es una señal de saneamiento de los aparatos gubernamentales. Estos olores mefíticos en realidad deben despertarnos la esperanza porque finalmente se están abriendo las cloacas donde habitan estos gusanos vomitivos que se alimentan de los ahorros públicos. Vivimos muchos años en América Latina sin conocer estos olores, lo cual implicaba impunidad en la impartición de justicia. Hoy en día, el encarcelamiento de las autoridades corruptas se traduce en la colocación de las primeras piedras para construir el Estado de derecho que tanto nos merecemos en América Latina.

Fuente: elpaís

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