Carlos Alvarado reduce beneficios salariales de empleados públicos en su estrategia para frenar el déficit y el endeudamiento que amenazan la estabilidad económica

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, ha lanzado esta semana un atrevido plan de austeridad que pretende abrir las puertas a la solución de la crisis fiscal reflejada en un alto endeudamiento gubernamental equivalente a la mitad del Producto Interno Bruto (PIB) en esta economía centroamericana que procura mantenerse estable.

Tres semanas después de tomar el poder con un déficit fiscal superior al 6% del PIB, Alvarado ordena medidas impopulares pero consideradas indispensables para pedir a la Asamblea Legislativa dominada por la oposición un aumento de impuestos y lanzar señales positivas a los mercados financieros. El plan toca rubros de alto costo político relacionados a la reducción de beneficios salariales en los trabajadores del sector público, además del congelamiento de plazas en el aparato estatal y simbólicos recortes en los recursos de las altas autoridades.

Las medidas han sido anunciadas ante los diputados por la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, ex contralora de la República y mujer de estilo fuerte, con experiencia en asuntos financieros y ajena a la militancia del Partido Acción Ciudadana (PAC) que ganó las elecciones en abril con un discurso progresista en lo social y pragmático en lo económico. Lo ha presentado como un paso “insuficiente” pero indispensable para dar señales positivas dentro y fuera del país que permitan estabilizar las finanzas y evitar el deterioro de las buenas condiciones sociales que aún caracterizan a Costa Rica.

La prensa local ha calculado que el paquete de directrices ejecutivas, de aplicarse, ahorraría unos 50.000 millones de colones en el primer año (90 millones de dólares), lo que equivale solo al 0,14% del PIB. Es una gota de agua en el océano, pero significa un paso político bien visto por un sector de diputados opositores y sectores económicos escépticos con las políticas del PAC por considerarlas protectoras de la burocracia. En cambio, un mediático vocero sindical del sector público, Albino Vargas, criticó el plan de austeridad al calificarlo como “un ataque a la clase trabajadora” y un favor a “los capitales” cercanos a un sector del equipo de gobierno, por lo que no se descartan protestas en las calles.

El Banco Mundial reaccionó horas después del anuncio con un comunicado que cae como agua de mayo en la Presidencia. Lo registra como “un paso importante hacia la consolidación fiscal”, pues considera que el déficit y el endeudamiento crecientes amenazan “el pacto social”.

El expresidente del Banco Central de Costa Rica y profesor de INCAE Business School, Francisco de Paula Gutiérrez, considera necesario esperar la ejecución de las medidas, pero consideró que van en la dirección correcta. Alabó “la actitud y el compromiso” de la ministra Aguilar, cuya meta es hacer cumplir la promesa de Alvarado de reducir el déficit fiscal a la mitad (3%) al acabar el mandato, en 2022. Esto implica deshinchar la bola de nieve del endeudamiento público “de manera equilibrada” antes de aprobar nuevos impuestos, reformar leyes de empleo público, elevar el crecimiento económico (proyectado en 3,6% en este año), atacar el desempleo (10%) y rediseñar el aparato del Estado para una mayor eficiencia.

Con la intervención de condiciones salariales del sector público Alvarado da una vuelta de rosca a la posición general de su antecesor Luis Guillermo Solís, también del PAC. Su viceministro de Hacienda hasta 2017, Fernando Rodríguez, igual ha aplaudido la disposición de la nueva administración para tocar los beneficios de una planilla estatal que en términos internacionales no es de las más voluminosas, pero sí de las más costosas en términos relativos, señala el economista y consultor. Estudios de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) han señalado una brecha entre los ingresos de trabajadores públicos y privados.

El ministro de Hacienda del gobierno de Óscar Arias (2006-2010), Guillermo Zúñiga, también intenta ser cauteloso con los efectos directos del plan de contención de gasto, aunque reconoce que puede ser una señal favorable ante los financistas internacionales y las calificadoras de riesgo. Acostumbrado a relacionarse con mercados extranjeros como consultor, aseguró que el gobierno de Alvarado no está evitando aún un deterioro de las calificaciones, pero sí retrasando posibles degradaciones que puedan estar barajándose. “Una buena señal por sí sola no arregla nada, pero ayuda mucho ver que se están dando pasos y abriendo escenarios para acuerdos políticos internos”.

Fuente: elpaís

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