El fin de semana se difundieron audios de negociaciones ilegales y posible tráfico de influencias que involucra a los jueces

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció este miércoles la formación de una comisión para una “reforma política, del Estado y del sistema judicial” tras una grave crisis de la justicia desatada el fin de semana. Desde la noche del domingo se han difundido audios de negociaciones ilegales y posible tráfico de influencias entre jueces, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM, responsable de nombrar jueces y fiscales) y terceros.

El presidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, y el juez de la Corte Suprema César Hinostroza son los magistrados de mayor jerarquía que aparecen en 20 audios que documentan manejos irregulares. Ambos han reconocido que se trata de sus voces. Además, en un algunas de las conversaciones se menciona el nombre del presidente. “Tenemos un contacto con el doctor Vizcarra para ver unos asuntos. Esto no se puede hablar por celular. Es una buena noticia; es sobre su poder y futuro”, afirma un exjuez en un diálogo con Hinostroza. El mandatario ha criticado que lo mencionaran en las llamadas “sin ningún sustento ni justificación”.

El juez Hinostroza despacha en la Segunda Sala Penal transitoria Suprema, “la máxima instancia del sistema judicial peruano que ve casaciones, es decir, revisa el contenido de las sentencias por lavado de activos y corrupción de funcionarios”, explica a EL PAÍS el abogado penalista Carlos Rivera. En 2017, dicha corte archivó el caso por lavado de activos contra Joaquín Ramírez, el exsecretario general del partido fujimorista Fuerza Popular, que lidera Keiko Fujimori. El mismo tribunal también evalúa condenas por violación sexual.

En otras conversaciones sobre trueques y beneficios personales a cambio de nombramientos o ratificación de fiscales participan los miembros del CNM Guido Águila, Iván Noguera y Julio Gutiérrez. IDL-Reporteros, el medio digital de investigación que difundió 18 de los 20 audios, indicó el domingo que recibió de forma anónima el material. El lunes, el Ministerio Público precisó que los audios son producto de una interceptación telefónica autorizada por un juzgado, para investigar una organización criminal.

Declaración de emergencia

En una de las conversaciones, el juez Ríos sugiere el pago de “10 verdecitos” (10.000 dólares) para resolver una causa. El martes, el poder judicial se declaró en emergencia durante 60 días al distrito judicial del Callao para resolver la crisis. “Lo que ha pasado esta semana es la expresión de una crisis muy honda e integral de la sociedad y del sistema de justicia. Lamentablemente los proyectos integrales de reforma del poder judicial se abandonaron, pero la corrupción no es solo de la justicia”, señala a EL PAÍS el jurista Javier de Belaunde, experto en el sistema judicial.

“El último proyecto fue el de Ceriajus en 2004, que las entidades dejaron en la inacción”, añadió el catedrático, en referencia a la Comisión de Estudio de Reforma Integral de Administración de Justicia, creada por el Gobierno de Alejandro Toledo tras la debacle del sistema en el régimen de Alberto Fujimori. Entre 1992 y 2000, los magistrados negociaban sentencias con el asesor de Fujimori, Vladimiro Montesinos.

“Lo que más llama la atención es la enorme defección de las instituciones civiles, porque el Consejo de la Magistratura es una alternativa creada por presión de la sociedad civil que estaba muy decepcionada de la elección política de los jueces, que antes eran elegidos por el presidente y ratificados por el Senado”, explicó.

El lunes y este miércoles, el presidente Vizcarra convocó a la prensa para pronunciarse sobre los audios y negó conocer a quienes lo mencionaban en las conversaciones. En otra de las negociaciones, un empresario interlocutor del juez Hinostroza le decía que en los próximos días se reuniría con el mandatario. El primer ministro, César Villanueva, reconoció este miércoles que el empresario sí participó en una cita en Palacio de Gobierno con él.

El jefe de Estado dijo que la comisión de reforma del sistema justicia estará integrada por “honorables en la materia”. El congresista Gilbert Violeta, del partido oficialista Peruanos por el Kambio (PPK) indicó a EL PAÍS que el mandatario quiere reinstalar el Ceriajus y asignar los recursos necesarios, a diferencia de lo ocurrido en 2004.

La junta de portavoces del Congreso decidió que aplicará una vía expeditiva para destituir a los consejeros del CNM involucrados en actos irregulares. Sin embargo, también acordó investigar al medio de comunicación IDL-Reporteros por la difusión de los audios. Además, la bancada del partido oficialista presentará una acusación constitucional contra los consejeros del CNM para buscar su inhabilitación en el ejercicio de cargos públicos.

Fuente: elpaís

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