La legislación, presentada por el Senador de Morena Ricardo Monreal Ávila, instaurará un nuevo esquema de cobro de impuestos basado en el principio de “buena fe” de las personas físicas y morales que de manera voluntaria se inscriban al Padrón Único de Fomento a la Confianza Ciudadana, el cual formará parte del Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios al que se refiere la Ley General de Mejora Regulatoria.

Ciudad de México.– Con 106 votos a favor y uno en contra, el Senado aprobó en lo general la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, que favorecerá a personas físicas y morales con beneficios administrativos en la Ciudad de México y prevé la eliminación de supervisiones a establecimientos comerciales.

La legislación, presentada por el Senador de Morena Ricardo Monreal Ávila, instaurará un nuevo esquema de cobro de impuestos basado en el principio de “buena fe” de las personas físicas y morales que de manera voluntaria se inscriban al Padrón Único de Fomento a la Confianza Ciudadana, el cual formará parte del Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios al que se refiere la Ley General de Mejora Regulatoria.

La creación de estas disposiciones jurídicas sean aplicadas por la Secretaría de Economía (SE) a través de la comisión Nacional de Mejora Regulatoria.

La Ley, que contempla 17 artículos y 16 transitorios, tiene como principio otorgar la confianza a los ciudadanos en trámites de fiscalización a los que el Estado habrá de renunciar porque con la nueva legislación se suspende la vigilancia, inspección o fiscalización a establecimientos mercantiles, comerciales y de servicio que realizan actualmente los inspectores, supervisores o auditores de la administración pública federal o de organismos autónomos.

La Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana propone la creación de un órgano que aprobará las acciones y programas sectoriales (de acuerdo con el ámbito de competencia de cada Secretaría) para la implementación de beneficios y facilidades administrativas.

Dicho organismo deberá presentar anualmente un informe de avances de estas acciones.

Para poder acceder a este tipo de beneficios, la ciudadana o el ciudadano únicamente deberán inscribirse voluntariamente al Padrón Único de Fomento a la Confianza.
Su registro –que no tendrá costo alguno– será considerado como un acto de buena fe por el cual dará entender al Estado que ha cumplido con todas sus obligaciones fiscales y regulatorias. A cambio, podrá recibir los beneficios y facilidades que establezcan los programas sectoriales de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

La legislación propone también el cese de actividades de verificación a las personas que ejercen actividades comerciales y que se encuentren inscritos en el Padrón Único de Fomento a la Confianza, así como a sus establecimientos, las cuales realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y que en muchos casos dan pie a actividades de corrupción de quienes las efectúan, por lo que con la- Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana tales actividades tendrán un esquema de regulación y ejecución diverso.

Los dueños de estos establecimientos sólo tendrán la obligación de inscribirse en un padrón para manifestar bajo protesta de decir verdad que se comprometen a cumplir las leyes a que están obligados para funcionar como establecimiento o empresa comercial sin ser molestados o amonestados como se ha hecho hasta ahora.

En la exposición de motivos de la iniciativa de Ley se reconoce que en México uno de los problemas más graves es la corrupción, que tiene un costo muy grande para la sociedad y la economía, por lo que uno de los ejes rectores de la nueva administración es eliminar este problema y a los legisladores les corresponde implementar políticas que otorguen certidumbre jurídica para aquellas personas físicas y morales que desempeñan alguna actividad mercantil.

“El Banco Mundial la estima en un 2.0 por ciento del PIB, el Banco de México, y Forbes en un 9.0 por ciento y el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, en un 10.0 por ciento, lo que inhibe el desarrollo económico, de ahí que erradicarla se ha convertido en un eje primordial para el nuevo gobierno, lo que obliga al Estado a implementar políticas públicas que favorezcan el desarrollo económico, que creen un ambiente favorable para el crecimiento de los negocios, que fomenten la creación de empleos que requiere a la vez, otorgar certidumbre jurídica para aquellas personas físicas y morales que desempeñan . alguna actividad mercantil”, se lee en el documento de la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana.

Fuente: sinembargo

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