En la Cámara de Diputados hay presión por parte de la industria de alimentos y bebidas (Anprac, Canacintra, ConMéxico, Femsa, entre otros) para evitar que el nuevo etiquetado llegue a las calles. De acuerdo con la Diputada morenista Carmen Medel, los industriales han cabildeado y “muchos compañeros” de las diferentes bancadas pusieron resistencia para la aprobación del dictamen que ya pasó al Pleno.

Pero incluso, al interior de Morena, hay legisladores como Tathiana Clouthier y Javier Hidalgo que están “totalmente vinculados a las estrategias de la industria”, denunció el activista Alejandro Calvillo Unna, quien además dijo que las grandes de la “chatarra” les están ofreciendo bloquear el etiquetado a cambio de favores.

Ciudad de México.- Los diputados del Movimiento Regeneración Nacional(Morena) promovieron un dictamen para cambiar el etiquetado de alimentos ybebidas a nivel nacional. Pero al interior del partido y del Congreso de la Unión hay legisladores “seducidos” por la industria que se opone al cambio, dijeron a SinEmbargo la Diputada morenista Carmen Medel Palma y Alejandro Calvillo Unna, fundador del Poder del Consumidor.

En los procesos de negociación para la aprobación del dictamen que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Salud en materia de sobrepeso, obesidad y etiquetado frontal de advertencia de alimentos y bebidas no alcohólicas “hubo cabildeo de la industria” y participación de diputados “que no están inmersos en el tema”, lamentó Medel Palma. La legisladora dijo que inclusive llegaron cartas de industriales a la presidencia de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, “pidiendo su participación; queriendo ellos estar metidos en este tema”.

“Sí, hay legisladores de Morena –como Javier Hidalgo Ponce y Tathiana Clouthier Carrillo– que están haciendo el juego a las corporaciones”, explicó además Calvillo Unna.

También hay industriales –de grupos como la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (Anprac), la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico) y el Fomento Económico Mexicano (FEMSA)– que “están seduciendo a los legisladores con ofertas para cambiar su voto”, como en el caso de una Diputada que, “a cambio de su apoyo”, le ofrecieron poner un centro de reciclaje en su Distrito electoral, inaugurarlo y llevarse el crédito de la obra.

Pese a que la adopción de un etiquetado más sencillo e intuitivo “es la mejor opción” para la salud de los mexicanos, “obviamente esta industria se va a oponer a aquello que va a afectar sus intereses, como en su momento lo hizo la industria del tabaco”, añadió el activista, quien tiene una larga lucha contra las grandes corporaciones de alimentos “chatarra”.

Al cierre del primer trimestre de 2019, el valor de la industria de alimentos y bebidas en México fue de 863 mil 971 millones 656 mil pesos corrientes. Dicha cantidad equivalió al 3.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nominal de México, según cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi).

A ello se suman 9 mil 597 millones 754 mil 800 pesos de inversión extranjera directa (IED) en la industria durante el mismo periodo. Es decir, un monto equiparable al 4.9 por ciento de la IED registrada en México entre enero y marzo de este año, según las más recientes cifras de la Secretaría de Economía.

El dictamen de reforma “ya está en manos de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Ellos van a enlistar el asunto para ser subido, discutido y votado en el próximo periodo ordinario” que comenzará en septiembre de 2019, comentó Medel.

Morena tiene peso suficiente en el Congreso de la Unión (259 de 500 diputados) para aprobar la reforma al Artículo 112 de la Ley General de Salud. Sin embargo, falta que sea impulsada desde el interior del partido y que no suceda lo que ocurrió al momento de las votaciones del dictamen, en que hubo dilaciones y falta de quórum.

Para la Diputada de Morena, la unidad al interior de su partido será necesaria para sacar adelante el proyecto; pero también será elemental que haya consenso con la oposición para lograr un proceso de cambio “más amplio”.

“Lo que tenemos que tener aquí es una voluntad política. Voluntad política de todos los grupos parlamentarios, para que el tema sea parte de las agendas legislativas y así, cada coordinador de grupo haga concientización con todos sus integrantes” y México abandone el primer lugar de obesidad infantil a nivel mundial, y el segundo en obesidad de adultos.

EL DICTAMEN

Las Guías Diarias de Alimentación (GDA) del etiquetado en México utilizan “valores de referencia incorrectos”, contienen “porciones arbitrarias” que “permiten disfrazar las altas cantidades de ingredientes poco saludables en los productos”, fueron diseñadas “sin participación de expertos en nutrición libres de conflicto de interés”, y no existe evidencia de que sirvan para que la ciudadanía tome decisiones “más saludables”, refiere la revista de Salud Pública de México en su artículo “Sistema de etiquetado frontal de alimentos y bebidas para México: una estrategia para la toma de decisiones saludables”.

Hoy en día, cinco de cada 10 mexicanos consideran que el etiquetado en alimentos y bebidas es fácil de comprender. En contraste, ocho de cada 10 consideran que el etiquetado chileno –que sería implementado en México si pasa la reforma a la Ley General de Salud– es sencillo y entendible.

Como consecuencia, el “International Food Policy Study” (2018) de la Universidad de Waterloo y del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) indica que nueve de cada 10 mexicanos “estaría a favor” de una política gubernamental que exigiera el uso de etiquetas como las chilenas, en los productos alimenticios.

De acuerdo con la Diputada morenista Carmen Medel Palma, el tema del etiquetado sólo busca “darle el derecho a la información al ciudadano” para que éste sepa “lo que se va a llevar a la boca”. En ese sentido, dijo que el Congreso no está en contra de la industria y que “el desarrollo económico bien puede estar en armonía con la salud”.

La aprobación del dictamen fue el primer paso de un proceso para comunicar y concientizar a la población, con la finalidad de reducir la obesidad a nivel nacional. Sin embargo, explicó Medel, “desde que se inició la nueva legislatura han habido 53 iniciativas que se han ido a la congeladora” y han habido obstáculos para lograr acuerdos, como en el caso del dictamen.

Para Alejandro Calvillo Unna del Poder del Consumidor, hubo dos estrategias de la industria alimentaria para evitar la aprobación del dictamen: buscar la complicidad de grupos parlamentarios para que no se presentaran a votar e impidieran así que hubiera quórum; y de haber quórum y de ser aprobado el dictamen, presionar para impulsar cambios de ley a favor de la industria.

Ambas estrategias –según el activista– fueron evidentes el 27 de junio de este año, cuando la junta directiva de la Comisión de Salud aprobó su votación.

“Ese jueves se necesitaban 18 asistentes que firmaran la asistencia para que hubiera quórum. Estaban los 18 allí, habían firmado 17 y el que iba a firmar al último, que no había firmado, era el Diputado Javier Hidalgo de Morena. Y él, al ver que con su firma había quórum y que la mayoría iba a votar por el dictamen, se retira de la reunión. Él abiertamente ha estado diciendo que se requiere de la participación de la industria y que se tiene que hacer una política más integral contra la obesidad”, comentó Calvillo.

La información del Congreso de la Unión indica que la Comisión de salud requiere la presencia de más de la mitad de sus miembros (19 de 35) para efectuar una votación. Morena cuenta con 18 integrantes y sus aliados, los partidos del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) con dos, respectivamente.

A la estrategia de dilación y “largas” para evitar la votación, se sumó un segundo momento en que “empezó a transitar un transitorio promovido por [la Diputada morenista ] Tatiana Clouthier”, a pesar de que no pertenece a la Comisión de Salud.

La versión pública de dicho documento establece que “para efectos de lo previsto en el Artículo 112” de la Ley General de Salud, las secretarías de Salud y Economía deberán establecer “un grupo multidisciplinario” por conducto del Consejo Nacional para el Fomento a la Inversión, el Empleo y Crecimiento Económico, en el que participen legisladores, la industria de alimentos y bebidas y el sector académico.

De ese modo, Clouthier habría propuesto que un año después de la entrada en vigor del decreto, dicho Consejo propusiera “los lineamientos para la elaboración de las disposiciones normativas correspondientes para el etiquetado de los alimentos y bebidas no alcohólicas, consumibles en territorio nacional”.

El transitorio implicaba “darle a un organismo recientemente creado, pro empresarial, el control del diseño del etiquetado. Es decir, otra vez darle a las empresas el diseño del etiquetado”.

Calvillo también aseguró que inclusive la Secretaría de Economía remitió una “carta por escrito” en la que manifestó que la iniciativa de Clouthier “violaba los procedimientos establecidos y el marco jurídico para desarrollar las normas”.

Los cabilderos de FEMSA, ConMéxico, ANPRAC, Canacintra y otros lograron que la iniciativa no fuera votada, de acuerdo con el integrante del Poder del Consumidor. Pero el 24 de julio el dictamen fue aprobado con 24 de 26 votos emitidos, en un día en que “se sabe que [Clouthier] iba a presentar un documento que ya había circulado, que se presentaba como la propuesta de etiquetado de la 4T. Esa establecía, en términos técnicos, un etiquetado que estaba apoyando a la industria”.

LO QUE SIGUE

El Sistema de Etiquetado Frontal de Alimentos y Bebidas (SEFAB) “ha formado parte del conjunto de políticas implementadas con la intención de contrarrestar la llamada epidemia de obesidad, en conjunto con otras estrategias como la regulación de la venta de alimentos en el entorno escolar, las campañas educativas, la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas densamente energéticos dirigidos a la población infantil y el impuesto a las bebidas azucaradas”, refiere la revista de Salud Pública de México.

De acuerdo con la Alianza por la Salud Alimentaria, el etiquetado frontal ha reducido en más de 20 por ciento el consumo de bebidas azucaradas y en más de 12 por ciento el consumo de cereales azucarados en Chile, lo que “ha empujado a la industria a reformular productos”.

En los últimos años, países como Australia, Chile, Ecuador, Israel, Nueva Zelanda, Perú y Reino Unido han implementado el SEFAB como medida regulatoria, con la finalidad de brindar a la población una herramienta rápida y sencilla que ayude a la selección y orientación en la compra de alimentos industrializados.

A contra cara, México “es el único país que ha puesto de manera obligatoria un etiquetado diseñado por la industria, […] que empezó a vender Coca Cola en 2010, y en 2011 ya todas las empresas de ConMéxico lo tenían”.

Lo anterior es preocupante ya que “se ha estimado que más de 58 por ciento de la energía total (kilocalorías) consumida por los mexicanos proviene de alimentos procesados”, además de que “la contribución energética de los alimentos ultraprocesados en la dieta mexicana es aproximadamente de 30 por ciento”, siendo los productos de mayor consumo las bebidas azucaradas, las botanas y las golosinas, refieren datos del INSP.

La Diputada morenista Carmen Medel Palma explicó que el cambio de etiquetado “tiene que ser una política que vaya acompañada de otras”, porque “una sola política no va a cambiar todo”.

En ese sentido, dijo que lo primero será reemplazar la norma actual –que es la 051– y seguir con políticas paralelas de salud pública –como la implementación de bebederos públicos, regulación de productos en escuelas, entre otros– y con las dinámicas de diálogo que se han venido dando entre funcionarios públicos e integrantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el INSP y las distintas subsecretarías de prevención y promoción de la salud.

Acerca de las sanciones para quienes incumplan con el nuevo etiquetado, una vez que este sea aprobado por el Pleno del Congreso de la Unión, la legisladora dijo que aún “no se han previsto”, pero que “no le toca al Poder Legislativo” abordar el tema, ya que las normas existen “y le toca a las procuradurías” su ejercicio.

Fuente: PORESTO

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