CHETUMAL.- Reflejo de cómo ha sido la XV Legislatura, es la auténtica farsa que ha realizado el presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, al ordenar que se sustituya el Dictamen por el cual se aprobó el arrendamiento de 2 mil 900 millones de pesos de tecnologías aplicadas a la seguridad en el municipio Benito Juárez, por uno alterado cinco días después de su aprobación en el Pleno.
La propia descripción del documento ahora vigente en la página electrónica del Poder Legislativo muestra que su última modificación fue el 4 de junio a las 15:34 horas; es decir, fue alterado justo el día que POR ESTO! dio a conocer que dentro de la fundamentación del dictamen se empleó una ley abrogada por esta misma XV Legislatura.
El documento alterado incluso tiene una hoja menos que el dictamen original, que se aprobó y se subió a la página del Poder Legislativo el 30 de mayo a las 19:11 horas, y que de manera vergonzosa está fundado en la Ley de Proyectos de Prestación de Servicios para el Estado y los Municipios, que ya no existe.
Evidente falsificación
El documento original que presentaba una justificación del dictamen fundamentada en una Ley abrogada por esta misma XV Legislatura, como se puede ver en el registro de las propiedades electrónicas del mismo, contaba con 31 hojas, y fue escaneado por un multifuncional Konica Minolta a las 19:11 horas, el 30 de mayo.
El documento tiene por nombre DI-XV-2018-05-30_493_16, y el título del escaneo es 20180530191109; como se puede ver, el título de escaneo tiene los datos de la hora y fecha en que se escaneó, para que luego el documento fuera subido a la página oficial del Congreso.
Sin embargo, el documento que actualmente aparece en el portal del Poder Legislativo, referente al mismo dictamen, presenta cambios evidentes que dejan al descubierto una alteración para tratar de tapar la grava falta que cometieron los diputados por su apresuramiento para aprobar lo antes posible este endeudamiento disfrazado de arrendamiento.
Según las propiedades del documento alterado, éste tiene el mismo nombre DI-XV-2018-05-30_493_16; sin embargo, a diferencia del original éste cuenta con 30 páginas, es decir, desapareció una, y tiene como fecha de elaboración y modificación el 4 de junio a las 15:34 horas; es decir, fue elaborado apenas el lunes, cinco días más tarde de la aprobación del dictamen original.
Otra muestra de que el que aparece actualmente en la página del Congreso no es el dictamen original, sino uno creado el lunes 4 de junio, es que se utilizó el mismo equipo multifuncional para escanearlo, pero el título del escaneo también es diferente al original, siendo que actualmente es 20180604153453, el cual también contiene dígitos en referencia a la fecha de su creación.
De tal manera, queda claro que hay una alteración de un documento oficial, en un intento desesperado de desvirtuar los señalamientos puntuales y fundamentados de este medio informativo, acto que mismo personal de la XV Legislatura manifestó que está prohibido por las normas de transparencia.
Incongruencia legislativa
El presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, Eduardo Martínez Arcila, después de formar parte del grupo de diputados electos que tomaron el Congreso del Estado en 2016 para impedir lo que señalaron eran irregularidades de la administración estatal pasada, han mostrado que su interés real era el poder y manejo presupuestal discrecional del Poder Legislativo, pues en los hechos han mostrado baja estatura política, falta de verdad, de valores y principios, además de que las decisiones se toman a espaldas y en perjuicio de la ciudadanía.
Muestra de ello fue que en menos de 24 horas la XV Legislatura del Congreso del Estado aceptó, dictaminó y aprobó la autorización para que se contrate un arrendamiento puro por hasta 2 mil 900 millones de pesos, para adquirir herramientas tecnológicas que sólo se aplicarán en la ciudad de Cancún.
La enorme erogación en materia de seguridad no incluye la construcción del edificio que albergará el C5, tampoco implica la adquisición de equipamiento para elementos policíacos, ni cámaras adaptadas a las patrullas.
En la presentación ante las comisiones de Seguridad Pública y Protección Civil, y Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la XV Legislatura, previas a la aprobación quedaron diversas interrogantes respecto a este arrendamiento.
La primera es que en la presentación del personal de la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Planeación y Fianzas se contempla que los pagos mensuales serán de 39 millones de pesos mensuales, que por el plazo de 51 meses del arrendamiento arroja una cantidad de un mil 900 millones de pesos, sin que se explique correctamente para qué se ocuparán los un mil millones de pesos restantes.
Aunque en el discurso mencionaron que permitirá una mayor seguridad poniendo como ejemplo otras ciudades con los sistemas de videovigilancia, no se pudo expresar qué resultados han tenido en disminución de la incidencia delictiva.
En concreto, esta enorme erogación que fue aprobada al vapor y a ciegas por los diputados sólo incluye la instalación de tres arcos de acceso a Cancún y 450 puntos de monitoreo en la misma ciudad.
No se puede pasar por alto que este arrendamiento en realidad se trata de una deuda por el uso de bienes con vencimiento prácticamente al cierre de la administración de Carlos Joaquín González, la cual se cargará al gasto corriente.

Fuente: Por Esto!

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *