“Creando un futuro compartido en un mundo fracturado” es el lema del Foro Económico Mundial 2018 reunión que, según se ha anunciado, se enfocará en encontrar formas de reafirmar la cooperación internacional en intereses cruciales compartidos, como la seguridad internacional, la economía global y el medio ambiente.

Durante tres días estarán reunidos los líderes del mundo, no solo del ámbito político y gubernamental, sino también del mundo empresarial. Sí, como siempre, trabajando juntos en pro del desarrollo, pero ¿qué tipo de desarrollo y a costa de qué?

La realidad es que las corporaciones continúan buscando fortalecer su influencia política y aumentar sus ganancias económicas a expensas de los ciudadanos y el medio ambiente. Desde la sociedad civil, desde Greenpeace hemos sido testigos y denunciado por décadas cómo las empresas han mercantilizado los recursos naturales, los ecosistemas, pasando encima de los derechos humanos y del medio ambiente ayudados por gobiernos que están “capturados” por el poder económico y que sirven a sus intereses.

No podemos dejar pasar este Foro sin alertar una vez más cómo los gobiernos, con demasiada frecuencia, otorgan impunidad a las empresas transnacionales, voluntaria o involuntariamente y cómo las empresas han abusado de los acuerdos de la legislación mercantil, fiscal y de inversión, su poder de presión y las lagunas en el derecho internacional para actuar a expensas de los derechos humanos y el medio ambiente.

A través de un estudio titulado “Justicia para la gente y el planeta” (1) recientemente publicado en el marco del Foro, Greenpeace documenta 20 casos (2) alrededor del mundo que muestran las causas sistémicas de estos abusos, pero también propone diez principios fundamentales para detener los delitos ambientales y las violaciones de los derechos humanos por parte de las corporaciones.

1. Las personas y el medio ambiente, no las empresas, han de estar en el centro de la gobernanza y la vida pública.
2. La participación pública debería ser inherente a toda formulación de políticas.
3. Los Estados deberían abandonar las políticas que afectan al medio ambiente y a los derechos humanos.
4. Las corporaciones deberían estar sometidas a reglas vinculantes tanto donde están basadas como donde operan.
5. Los Estados deberían exigir informes de debida diligencia y responsabilidades de principio a fin por productos y servicios de las empresas.
6. Los Estados deberían prohibir a las corporaciones que realicen actividades en el extranjero que están prohibidas en su país de origen por motivos de riesgos al medio ambiente o a los derechos humanos.
7. Los Estados deberían formular políticas que proporcionen transparencia en todas las actividades empresariales y gubernamentales que tengan un impacto sobre el medio ambiente y los derechos humanos, inclusive en regímenes de comercio, impuestos, finanzas e inversión.
8. Las empresas y aquellas personas que las dirigen deberían ser responsables de las violaciones de los derechos humanos y los daños medioambientales cometidos en su país o en el extranjero por compañías bajo su control.
9. A las personas afectadas por violaciones de los derechos humanos y daños medioambientales se les debería garantizar su derecho a un acceso efectivo a compensación, cuando sea necesario, incluso en los países de origen de las empresas.
10. Los Estados han de hacer cumplir de verdad los marcos normativos y políticos que crean.

Si realmente se quiere “crear un futuro compartido en un mundo fracturado” como dictan las buenas intenciones de este encuentro mundial, estos principios deben ser tomados en cuenta y reconocer la urgencia de que se requieren reglas vinculantes sobre responsabilidad corporativa.

Fuente: Sin Embargo.

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