CHETUMAL.- Un año ha pasado sin que se vean avances ni resultados desde que la XV Legislatura del Congreso del Estado aprobó la conformación de las comisiones instructoras que estudiarían, analizarían y determinarían la procedencia del juicio político contra el exsecretario de la Sefiplan, Juan Pablo Guillermo Molina, y el expresidente municipal de Cozumel, Fredy Marrufo Martín.
Fue el 24 de abril de 2017 cuando, en sesión ordinaria de la XV Legislatura, se acordó iniciar los procedimientos para buscar el juicio político contra estos exfuncionarios, así como el procedimiento contra los magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo), Víctor Venamir Vivas Vivas, Nora Leticia Cerón González y Vicente Aguilar Rojas, aunque este último fue anulado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Sin embargo, a un año de que se conformaran las comisiones instructoras para atender estos casos, no se han visto avances ni resultados al respecto; por lo que estos procedimientos no tienen fecha de conclusión, sobre todo porque los diputados a cargo están más interesados en el actual proceso electoral, dejando de lado sus obligaciones legislativas.
En su momento, la fracción parlamentaria del Partido Verde (PVEM) del Congreso del Estado advirtió que estos procedimientos se estaban haciendo al vapor, de forma muy apresurada y sin el debido sustento legal, por lo que fácilmente podrían ser frenados o revertidos mediante amparo o algún otro medio legal, tal y como ha ocurrido hasta el momento.
Partiendo de lo anterior, en mayo de 2017, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó los procedimientos de juicio político que la XV Legislatura había iniciado contra los ciudadanos Víctor Vivas Vivas, Nora Leticia Cerón González y Vicente Aguilar Rojas, magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo), tras resolver que el Congreso del Estado de Quintana Roo carece de las facultades para instaurar este tipo de acciones contra estos funcionarios, que fueron nombrados por el Senado.
Con respecto al procedimiento de juicio político contra Juan Pablo Guillermo, extitular de la Sefiplan en Quintana Roo, se ha mantenido estancado tras una serie de amparos interpuestos y ganados por este exfuncionario, razón por la cual el Congreso del Estado se mantiene impedido para emitir una sanción o absolución en su contra.
Cabe mencionar que el diputado perredista Emiliano Ramos Hernández, está encargado de la Comisión Instructora que le corresponde estudiar, analizar y determinar la procedencia de la denuncia de juicio político contra Juan Pablo Guillermo Molina, pero desde que inició el 2018 no ha vuelto a retomar los trabajos al respecto, ya que estaba más enfocado por buscar su candidatura a la presidencia municipal de Benito Juárez por la coalición PAN-PRD-MC.
Tras reincorporarse a los trabajos legislativos, apenas la semana pasada, el diputado Emiliano Ramos dijo que ahora sí van a ponerse a trabajar en este asunto, aunque lo único que podrán hacer será emitir sus conclusiones, ya que por el amparo vigente no pueden presentarlas ante el Pleno legislativo para su aprobación.
Esta denuncia, presentada por la asociación Somos Tus Ojos, corresponde a presuntas conductas de violaciones sistemáticas a los planes, programas y presupuestos de la administración pública estatal y a las leyes que determinen el manejo de los recursos financieros estatales, así como por el presunto manejo indebido de fondos y recursos del estado, por la cantidad de un mil 464 millones 604 mil pesos.
En el caso del procedimiento para determinar el juicio político contra Fredy Efrén Marrufo Martín, expresidente municipal de Cozumel, se encuentra dilatado y sin avances, aunque por el momento no existe ningún impedimento legal para que el Congreso del Estado lo resuelva.
Y es que el presidente de la Comisión Instructora, Juan Carlos Pereyra Escudero, pidió licencia para separarse del cargo el pasado 11 de abril, abandonando con ello sus responsabilidades legislativas, incluyendo la de resolver la denuncia de juicio político en contra de Fredy Marrufo en su calidad de presidente municipal de Cozumel del 2013 al 2016, por el presunto manejo indebido de fondos y recursos públicos de ese ayuntamiento.
No obstante, se había dicho que Fredy Marrufo estaría librando el juicio político en su contra, luego de que la Auditoría Superior del Estado (Aseqroo) determinara que no existen indicios que apunten a alguna responsabilidad del funcionario, por el presunto mal manejo de recursos públicos durante su gestión como presidente municipal de Cozumel, del 2013 al 2016.
Mientras el tiempo sigue pasando, las diputadas y diputados del Congreso del Estado no han podido avanzar ni concluir ninguno de estos procedimientos, a pesar de que ya llevan un año de haberlos iniciado.

Fuente: Por Esto!

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