La caída de Escobar

Opinion noviembre 27, 2015 HL 0

Arturo Escobar sabe que dentro de una semana, cuando expire la licencia temporal sin goce de sueldo que tramitó ante el secretario de Gobernación, no regresará al gabinete federal. Con la convicción de haber cumplido lealmente con el peñismo, recoge ahora la cosecha de desplantes y exabruptos que antes lo hicieron famoso. ¿La autoridad judicial lo sentenciará por delitos electorales?

arturo-escobarHace dos meses, cuando los barruntos del escándalo del PVEM apenas iban disipándose y arreciaba la polémica por el nombramiento de Escobar Vega como subsecretario de Prevención, los proveedores involucrados en la indagatoria consignada por la Fepade mantenían sus actividades sin pruritos o angustias,

Ramiro Fernando Quintero Ramos —“un empresario de buena voluntad”, según las crónicas de la prensa hidalguense— donaba 500 computadoras que fueron entregadas por el senador priista David Penchyna a 50 escuelas públicas de nivel básico en Pachuca y Mineral del Monte.

Quintero Ramos es el principal accionista de Multiservicios de Excelencia RQ y está vinculado a uno de los consorcios constructores más importantes en Pachuca. Fue la empresa subcontratada por Proyectos Juveniles. El meollo del asunto es, como comprobaron las autoridades electorales y ratificaron las instancias judiciales, la existencia y contratación de 10,000 tarjetas de descuento, así como de las cartas que las acompañaban, en las 32 entidades, durante marzo pasado.

Proyectos Juveniles es una iniciativa originada en el seno de la familia Robles Ponce —con las hermanas Luisa María, Guadalupe y Ana Margarita al frente— que ofrece servicios mercadológicos, principalmente a instituciones financieras. Su “intermediación” promueve programas de lealtad entre clientes de bancos y otras instituciones crediticias no bursátiles que se materializa en las tarjetas de descuento.

El 13 de marzo, Proyectos Juveniles solicitó “con carácter urgente” la suspensión de reparto de los plásticos a Multiservicios de Excelencia RQ, cuyos representantes a su vez negaron haberlas repartido.

La principal implicada es la empresa de las hermanas Robles. Y en la denuncia original, presentada por Morena, aunque después la respaldaron el PAN y el PRD, estuvo implicado Correos de México, por el presunto uso de la franquicia postal.

Los representantes del Verde acreditaron la contratación de Proyectos Juveniles, que a su vez subcontrató a Multiservicios de Excelencia para distribuir las Premia Platino, que a diferencia de los vales de despensa o los monederos electrónicos, eran meras tarjetas personalizadas para que los beneficiados obtuvieran descuentos en diversos establecimientos comerciales.

Las autoridades electorales implicaron a un tercer sello comercial: KRDS, nombre comercial de Card Systems&Solutions, la empresa donde se imprimieron las tarjetas.

La defensa de las empresas contratadas por el PVEM está basada en un argumento simple: su participación obedeció a sus actividades comerciales ordinarias, propias de la razón social acreditada.

Los hechos bajo investigación se refieren a la celebración de un contrato firmado con la empresa Proyectos Juveniles, con fecha del 18 de febrero del 2015, para la inclusión de publicidad del Partido Verde en 10,000 tarjetas de descuento Premia Platino.

Escobar era vocero de la directiva nacional del PVEM y al mismo tiempo detentaba la representación legal de ese instituto político. En uso de esas facultades, el 18 de febrero firmó el contrato de publicidad con Proyectos Juveniles.

El reparto de las tarjetas tuvo que detenerse, luego de que el INE dictara medidas cautelares ante la queja promovida por los partidos de oposición. Y al final, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral determinaron conductas indebidas de la empresa proveedora y el PVEM. En el desahogo de las diligencias, Robles Ponce presentó su testimonio. El dueño de la empresa de mensajería hidalguense fue amonestado, luego de que no atendiera los primeros citatorios.

De todo lo anterior, tuvo vista la Fepade. En el desahogo del litigio electoral, Escobar nunca fue citado a declarar.

El comunicado que emite la Fepade en el que se da a conocer la solicitud de orden de aprehensión, menciona que “se consignó la averiguación previa relacionada con presuntos delitos electorales cometidos por un dirigente de un partido político y empresarios, por las aportaciones en dinero y en especie cuando existe prohibición legal para ello, contemplado en el artículo 15 de la LGMDE, así como por el diverso contemplado en el artículo 7, fracción XXI, relativo a proveedores no autorizados por la autoridad administrativa INE”.

Proyectos Juveniles alega que sí aparece en el Registro Nacional de Proveedores. Obtuvo su alta el 3 de marzo del 2015, 15 días antes de que venciera la fecha límite para realizar este trámite ante el órgano electoral, tal y como lo establece el numeral 3 del artículo 356 de su Reglamento de Fiscalización. Y dos días después comenzó el reparto de las tarjetas.

Escobar y su equipo aseguran que no se cometió ningún delito electoral, por lo que al final de la investigación su nombre y actuar quedarán limpios.

“EL PVEM reitera que no se cometió ningún delito y colaborará con las autoridades”, insisten. “La separación del cargo de Arturo Escobar y Vega es una obligación como funcionario, pero también es un ejemplo para demostrar, ante la ciudadanía y las autoridades, que el partido se apega en todo momento a la ley”. ¿De veras?

Fuente: EL ECONOMISTA

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