Un proyecto en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México para reconocer los derechos laborales de las trabajadoras sexuales genera una división social

Golpeada, amenazada y humillada. Mérida fue trabajadora sexual durante 32 años en La Merced, uno de los barrios bravos del centro de la Ciudad de México. Recuerda con nitidez las redadas policiales, las violaciones, los insultos y las detenciones, que llegaban a durar hasta tres días. “Esa era la costumbre, cuando no te manoseaban, tenían sexo contigo y si llevabas dinero te lo quitaban. Con eso dábamos de comer a nuestros hijos”, relata indignada. Un amparo de 2014 permitió que se le reconociera como trabajadora sexual no asalariada. El trámite duró dos años y la batalla por sus derechos laborales casi dos décadas.

Un proyecto de ley para reconocer estas garantías en la nueva Constitución de la capital ha abierto un nuevo frente entre quienes buscan que se erradique una práctica que consideran denigrante y los que defienden que la propuesta es crucial para sacar de las sombras a miles de personas vulnerables a riesgos y abusos.

“Nunca entendí por qué nos trataban así, no somos delincuentes, yo no me meto con nadie, trabajamos en una esquina para salir adelante”, cuestiona Mérida, de 49 años y quien prefiere no revelar su apellido. La Suspiros, el sobrenombre que se ganó en el barrio, fue una de las cerca de 200 beneficiarias de un fallo que emitió una juez federal y que obligó al Gobierno de la Ciudad de México a otorgar credenciales que ampararan el derecho a trabajar en la calle, al igual que quienes se desempeñan en otros oficios.

El amparo reconoció por primera vez que ante la incapacidad de ofrecer mejores alternativas laborales, las autoridades están obligadas a respetar la decisión de las trabajadoras de dedicarse a vender sexo. Este es el precedente y el argumento de mayor alcance para que se incluyera en la Constitución capitalina un apartado sobre trabajo sexual no asalariado. “Esto es lo más valioso que hemos conseguido, porque si un policía no respeta mi credencial, se va derechito a la cárcel”, comenta Mérida.

“Es importante que se reconozca el trabajo sexual como un trabajo porque todos tenemos derechos y los derechos de unas personas no están por encima de las otras, no hay ciudadanas de primera ni de segunda categoría”, afirma Elvira Madrid, fundadora de la Brigada Callejera Elisa Martínez, una asociación civil en La Merced que presta ayuda médica, psicológica y legal a 5.000 sexoservidoras en todo el país.

Madrid acompañó a Mérida en el proceso y es una de las mayores críticas del enfoque punitivo del Gobierno y del “conservadurismo” de ciertos grupos que se oponen a la iniciativa, que “nunca han puesto un pie en las calles”. “Las persecuciones han orillado a que las trabajadoras se oculten y estén expuestas al crimen organizado, vivimos en una sociedad hipócrita que se da golpes de pecho públicamente, pero que en realidad no se interesa por las vidas de estas mujeres”, afirma.

Vivimos en una sociedad hipócrita que se da golpes de pecho públicamente, pero que no se interesa por la vida de estas mujeres

ELVIRA MADRID, FUNDADORA DE BRIGADA CALLEJERA

“No lo consideramos un trabajo porque quien se beneficia de esto son los clientes y los tratantes, el reconocimiento laboral no se traduce automáticamente en inclusión y derechos”, responde Olivia Tena, psicóloga de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El debate está polarizado. “Hay un conflicto entre quienes equiparan el comercio sexual con la trata de personas y quienes abogan por que se reconozca el intercambio voluntario de sexo como una relación laboral, como cualquier otro trabajo”, explica Regina Tamés, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

Un tabú

Un grupo condena la prostitución, repudia que se trate el cuerpo femenino como una mercancía y exige acciones contundentes contra los tratantes y sus cómplices. El otro pide que se persiga la trata, pero que no se criminalice a quienes decidan por voluntad propia dedicarse al trabajo sexual y que se garantice el libre uso que puede hacer una persona de su cuerpo. “El que la ley reconozca el comercio sexual le quita el estigma social y el aire de clandestinidad a este trabajo”, argumenta Tamés.

“México no tiene leyes tan puritanas, el trabajo sexual no es ilegal, pero sí hay un conflicto con la sexualidad desde hace mucho tiempo, se hace una valoración entre las mujeres fáciles, que tienen relaciones sexuales por placer, y las decentes”, apunta la antropóloga Marta Lamas. La académica recrimina que el Gobierno no ataque las causas estructurales de las desigualdades sociales, económicas y de género y que centre su atención en un combate que califica de “reaccionario y amarillista”, dado que existe mucha más trata y explotación no sexual que sexual. “No se ha discutido públicamente ni con seriedad las implicaciones del comercio sexual en la Ciudad de México”, sentencia.

En el fondo, el comercio sexual sigue siendo un tabú en México. Se conoce que cientos de miles de mexicanas ejercen este oficio, pero nadie sabe cuántas son con exactitud. Algunos cálculos oficiales rondan el 0,25% de la población femenina, unas 150.000. Brigada Callejera asegura que una cifra más real se acerca a las 800.000 y que cada trabajadora sexual genera dos empleos legales.

“Es un empleo como cualquier otro, cumples tu labor, cobras y todos se van contentos, aunque siempre estás expuesta cuando trabajas en esto”, cuenta Kenya Cuevas, quien dejó el oficio hace unas semanas tras el asesinato de su amiga Paola Ledezma, en septiembre pasado. Cuevas busca un trabajo, pero sus opciones son acotadas. “A las trans nos tienen encasilladas a ciertos ámbitos como maquillista o estilista, no nos permiten entrar a otros núcleos”, lamenta.

UN PROCESO LENTO, UNA LUCHA CONSTANTE E. C.

Los miembros de la Comisión constituyente que revisa la Carta de Derechos decidió el jueves pasado que se modificara el proyecto original que mandó el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y que el tema se excluyera del predictamen que se votará en los próximos días. “Nada de esto se ha conseguido por buenas intenciones, hay muchos intereses”, precisa Elvira Madrid antes de conocer la decisión. No es el primer revés.

Ella lo ve como un proceso paulatino y una lucha constante. Madrid espera, como Mérida y Kenya, que el amparo que se concedió hace dos años al menos sirva para prevenir los abusos de las autoridades y de los clientes. La jurisprudencia aún no se ha consagrado formalmente en la ley, pero la posibilidad sigue latente. Mientras tanto, el reconocimiento pleno sigue en vilo, al igual que los detalles de la regulación, el consenso sobre los términos y la oportunidad real de generar un impacto en la vida de cientos de miles de mujeres, que siguen siendo invisibles.

Fuente: ELPAÍS

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