Rosario Robles se erige cada vez más como el símbolo de la cruzada del Gobierno de López Obrador contra los escándalos de corrupción del Ejecutivo del PRI.

Rosario Robles continúa hundiéndose. En agosto, la Justicia mexicana envió a prisión con carácter preventivo a la exministra de Peña Nieto por su implicación en una mega trama de corrupción perpetrada durante los años del Gobierno anterior y que rondaría 7.760 millones de pesos (unos 420 millones de dólares). Ya desde la cárcel, la veterana priista (63 años) ha recibido este miércoles otro castigo, la inhabilitación de ejercer cualquier cargo público durante 10 años por haber falseado su declaración patrimonial.

La secretaría de la Función Pública no especifica a qué bienes ni a qué cuantías se refiere dentro de la hoja de servicios de Robles y se limita a señalar en un comunicado que la sanción administrativa se debe a la “falta de veracidad en la declaración patrimonial”. Se acumulan en todo caso los cargos sobre Robles, que con su caída se erige cada vez más como el símbolo de la cruzada del gobierno de López Obrador contra los escándalos de corrupción del anterior ejecutivo. El otro nombre en la diana es el exdirector de la petrolera estatal Pemex, Emilo Lozoya, imputado por una ramificación del caso Odebrecht y prófugo desde hace meses.

Durante el sexenio de Peña Nieto, Robles estuvo primero al frente de la secretaría de Desarrollo Social, para después pasar a la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Ambas dependencias están en el corazón de una enrevesada telaraña de desviación de recursos públicos que incluye a ocho Secretarías más, otras ocho universidades públicas y 186 empresas fantasma. La triangulación fraudulenta de dinero consistía, según la investigación, en la firma de convenios que por parte de las Secretarías federales con las instituciones educativas para que contrataran a compañías a cambio de servicios que nunca se prestaban.

El juez considera fundada la versión de la Fiscalía, que acusa a Robles del delito de ejercicio indebido del servicio público. Es decir, de saber y dejar hacer a sus distintos subordinados. En concreto, la acusación cifra el agujero en la hacienda mexicana provocado por Robles durante sus años al mando de ambas dependencias federales en 5.000 millones de pesos (unos 250 millones de dólares), más de la mitad del volumen total estimado del defalco. La pena a la que se enfrente es de hasta siete años de cárcel.

Robles es de momento la única funcionara de alto nivel imputada en el caso conocido como la Estafa Maestra, una operación apuntada primero por la Auditoría Superior de la Federación, y destapada en profundidad por investigaciones periodísticas lideradas por Mexicanos Unidos Contra la Corrupción y Animal Político en 2017. Un caso que amenaza por llevarse por delante a pesos aún más pesados.

Durante su audiencia ante el juez, la defensa de Robles puso sobre la mesa el nombre tanto del expresidente Peña Nieto, como de José Antonio Meade, último candidato priista a Los Pinos tras dirigir Hacienda y suceder a la propia Robles al frente de la cartera de Desarrollo Social. Según la defensa, ambos fueron informados en repetidas ocasiones acerca de las irregularidades dentro de las dependencias federales.

Rosario Robles tiene un perfil peculiar en el panorama político actual mexicano. Su trayectoria ha discurrido en dirección contraria: mientras la mayoría de carreras comenzaban como escisiones del PRI, el partido hegemónico durante más de 70 años, para, en muchos casos, fundar una nueva alternativa partidista a la izquierda, el PRD; ella comenzó sin embargo en el propio PRD, del que fue cofundadora con, por ejemplo, Cuauhtémoc Cárdenas; para después, a raíz precisamente de un escándalo de corrupción, enrolarse en las filas del PRI.

Su salida sigue siendo considerada como una especia de traición por la izquierda mexicana. Antes de su fuga, Robles fue la mano derecha de Cárdenas durante su periodo al frente de la entonces México Distrito Federal, donde fraguó también una relación muy cercada con el siguiente jefe de gobierno capitalino: Andrés Manuel López Obrador,

El peculiar pasado político de Robles ha llevado a varios analistas a especular si la severidad con lo que se está procediendo en su caso es una cuestión personal, o por el contrario una prueba de independencia y eficacia contra la lacra de la corrupción por parte de la Justicia mexicana. El propio López Obrador está manteniendo de momento un perfil bajo en relación al explosivo caso de la Estafa Maestra, que de seguir avanzando haría tambalear la promesa implícita del presidente de no desatar una caza de brujas contra el Ejecutivo anterior

Fuente: ELPAIS

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.