1impunidad2El gobierno no cumple con su primera obligación de garantizar la vigencia plena del Estado de Derecho

El Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) de la Universidad de las Américas Puebla, publicó el Índice de Impunidad Global. En el se mide la impunidad por país. De los 193 países miembros de la ONU, solo 59 fueron incluidos por haber contado con información estadística suficiente y actualizada en materia de seguridad, justicia y derechos humanos. En 134 países no hay estadísticas sobre seguridad y justicia que permitan una evaluación comparada.

Los países que cuentan con una combinación adecuada de capacidad estructural en sus instituciones de seguridad y justicia, y además son respetuosos de los derechos humanos, son los mejor calificados con un índice de impunidad bajo. Estos son: Croacia, Eslovenia, República Checa, Montenegro, Bulgaria, Malta, Polonia, Lituania, Serbia, Noruega, Dinamarca, Eslovaquia, Finlandia, Países Bajos, Austria, Andorra, Alemania, Bosnia-Herzegovina, Estonia y Portugal.
En contraste, los cinco países con los índices más altos de impunidad son: Filipinas, México, Turquía, Colombia y Rusia. A pesar de aparecer en el lugar 58 de 59 países, resulta positivo que México cumpla al menos con los estándares que solicita la ONU para ser evaluado. Algunos países tienen la información pero no la voluntad de hacerla pública, mientras otros simplemente no han sido capaces de generarla. Países emergentes como Australia, Brasil, China, India, Indonesia, Nigeria y Sudáfrica están fuera del índice ya que no reportan información en materia de seguridad y justicia a la ONU.
Para el CESIJ la impunidad es un fenómeno multidimensional que tiene tres grandes componentes: seguridad, justicia y derechos humanos, y debe medirse con dos grandes criterios. En primer lugar la funcionalidad de sus sistemas de seguridad, justicia y protección de los derechos humanos y en segundo la capacidad estructural que corresponde al diseño institucional de cada uno de los países.
La medición del índice contempla 14 variables en 3 ejes: 5 indicadores relacionados con problemas de seguridad pública, 5 sobre administración e impartición de justicia y 4 sobre violaciones a derechos humanos. Desde esta perspectiva multidimensional es evidente que el problema creciente de la impunidad no se limita al crimen sin castigo.
Está comprobado estadísticamente que la impunidad está estrechamente relacionada con fenómenos como el desarrollo humano, la desigualdad y la corrupción. Los países que cuentan con niveles medios y altos de desarrollo humano también cuentan con niveles bajos de impunidad. En el caso de México, el índice revela cómo una serie de problemas estructurales impiden la funcionalidad del sistema de justicia, policiaco y carcelario.
Las cifras son reveladoras. México cuenta con sólo 4 jueces por cada 100.000 habitantes cuando el promedio en el mundo es de 17 y los países mejor calificados tienen hasta 40 jueces por cada 100.000 habitantes. Es imposible aspirar a tener una justicia real y expedita cuando los jueces se ven abrumados y rebasados por la cantidad de casos. En muchas ocasiones no pueden resolver no por ser corruptos sino porque no tienen la capacidad de procesar tantos casos.

México cuenta con sólo 4 jueces por cada 100.000 habitantes cuando el promedio en el mundo es de 17

El índice también revela que el problema de impunidad en México no está relacionado con la cantidad de policías sino con las capacidades, preparación y forma como se organizan las operaciones. Existen 355 policías por cada 100,000 habitantes cuando en el mundo la media es 332 (sin contar miembros del ejército y la marina). Es por ello que resulta urgente resolver dos temas prioritarios: la funcionalidad del sistema de seguridad y la estructura del sistema de justicia.
La información que arroja el índice demuestra que el problema de impunidad en México es funcional y estructural. Su origen y vigencia nos obligan a exigir una transformación profunda para corregir las fallas del sistema desde la raíz. Es evidente que el gobierno no está cumpliendo satisfactoriamente con su primera obligación de garantizar la vigencia plena del Estado de Derecho, la seguridad de todos los mexicanos y la impartición de una justicia real y expedita.
Tal como dijo Lord Acton, la limitación es esencial a la autoridad pues un gobierno sólo es legítimo si está efectivamente limitado. Limitar a la autoridad no es sinónimo de quitarle atribuciones o debilitarla, por el contrario, significa que la ley limite el poder en lugar de reflejarlo para que no se use de manera arbitraria y discrecional en contra de los ciudadanos.
Un gobierno acotado por el Estado de Derecho significa apostar para que la ley evite que la autoridad cometa más abusos al tiempo que sea capaz de cumplir cabalmente con su primera obligación: garantizar la seguridad e impartir justicia sin excepciones ni privilegios. Si esto no sucede, todo lo demás seguirá funcionando a medias.
Armando Regil Velasco es Presidente Fundador del Instituto de Pensamiento Estratégico Ágora A.C. (IPEA). Twitter: @armando_regil.-

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