La Red por la Ciudadanización de la Justicia presentó su primer informe “No es justicia”, el cual analizó un centenar de sentencias judiciales y como resultado identificó que en el 79 por ciento de los casos los juzgadores no utilizaron normas especializadas de protección a los derechos humanos.

Ciudad de México.- “¡No me mates, hazlo por mis hijos, pero no me mates!”, gritó Mónica a su esposo mientras éste la acuchillaba dentro de su casa en Mérida, Yucatán, durante el año 2017. La violencia de género por poco la llevó a la muerte: fue apuñalada al menos cinco veces en diversas partes del cuerpo mientras ella suplicaba por su vida. Mónica logró sobrevivir a ese ataque. Su esposo fue detenido y sentenciado a tres años de prisión sólo por el delito de lesiones dolosas y violencia familiar, pero no por intento de feminicidio.

En este contexto, el próximo viernes 8 de marzo se conmemorará el Día Internacional de la Mujer. En México se planean diferentes actividades de protesta para reiterar su reclamo más sentido en el país: un alto a la violencia de género. Esta semana el Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un plan integral para frenar la violencia contra las mujeres en México, y aseguró que se mantendrán abiertos los refugios para víctimas de violencia de género.

Desde septiembre de 2018, más de 40 organizaciones civiles que integran el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) han exigido al Presidente que tenga como prioridad gubernamental prevenir, investigar y sancionar delitos como el feminicidio, la desaparición de mujeres y niñas, así como las violencias contra las mujeres.

El pasado 17 de febrero, la ONU Mujeres México también instó al nuevo Gobierno mexicano a materializar los “anuncios” que ha hecho en sus casi tres meses de gestión sobre la lucha contra la violencia mediante una estrategia que incorpore políticas con perspectiva de género, según indicó a EFE la representante de la organización en el país, Belén Sanz.

En México se mata entre nueve y 10 mujeres al día. Con un total anual de 3 mil 580 muertes violentas –de las que sólo 834 son investigadas como feminicidios–, el número de asesinatos contra mujeres perpetrados en 2018 subió a nivel nacional 9.41 por ciento, en comparación con 2017, cuando se reportaron 3 mil 272 casos y sólo 735 de estos se indagan como feminicidios, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

PODER JUDICIAL SIN PERSPECTIVA

En tanto, el Poder Judicial en México no juzga con perspectiva de género pese a que es una obligación constitucional, y con ello “valida y perpetúa las situaciones de desigualdad, violencia y discriminación por motivos de género, en lugar de identificarlas, corregirlas, sancionarlas y repararlas”, denuncian colectivos feministas y de derechos humanos.

Al menos 14 organizaciones de la sociedad civil se aliaron y conformaron la Red por la Ciudadanización de la Justicia, misma que lanzó en febrero su primer estudio “No es Justicia”, un análisis que concluye que “la forma tradicional de impartir justicia no ha cambiado en México y el lenguaje discriminatorio persiste en las resoluciones” judiciales.

“La justicia todavía es formalista, es una justicia de trámite. […] Es una justicia que carece de muchas deficiencias en la aplicación de derechos humanos, es una justicia que no protege ante situaciones de violencia. El Poder ha olvidado cumplir con esa obligación […] Realmente, en el país no hay justicia, sobre todo a nivel local; pero cuando se trata de género y derechos humanos, mucho menos hay justicia. […] ”, expresó en entrevista con SinEmbargo Fátima Gamboa, coordinadora del área jurídica del Equis Justicia para las Mujeres, una las organizaciones que integran la Red.

Mónica –a quien se le modificó el nombre para el resguardo de identidad– fue atacada por su pareja el 26 de febrero de 2017. Ambos estaban en casa: ella realizaba labores de limpieza mientras su esposo tomaba cerveza.

Transcurrieron unas horas, y llegó la noche, Mónica optó por acompañar a su esposo a tomar unas cervezas. El teléfono de la mujer sonó y ella contestó. Era su hermana.

El esposo se metió al baño mientras Mónica hablaba por teléfono; al salir, le reclamó la llamada, según consta en la sentencia emitida por la autoridad.

–”Ya te pusiste de acuerdo con uno de tus queridos”, le dijo el sujeto.
–”¿No escuchaste que era mi hermana?”, respondió ella al tiempo que se dirigía a su cuarto.

El esposo siguió a Mónica, la empujó y la sometió en la cama donde trató de ahorcarla, pero no lo logró porque la víctima lo empujó y salió del cuarto rumbo a la sala.

El hombre tomó un cuchillo de la cocina, la siguió y empezó a apuñalarla. Primero le clavó el arma en la costilla derecha, después en la boca del estómago, dos veces, y luego en el pecho. El dolor tumbó a Mónica mientras que su agresor seguía hiriéndola.

La víctima intentó usar sus manos como escudo cuando el sujeto empezó a cortarle el cuello en el lado derecho, pero él seguía con la agresión hasta que le cortó la mano izquierda entre su muñeca y la palma de su mano.

Mónica suplicaba por su vida: “No me mates, hazlo por mis hijos, pero no me mates”, le dijo. El atacante se detuvo al ver que ella se desangraba y fue por ayuda. A los pocos minutos llegaron los policías estatales y una ambulancia de la Secretaría de Seguridad de Mérida. El hombre fue detenido y a ella la trasladaron al hospital.

El caso fue judicializado y llegó a sentencia, la cual fue tratada sólo como violencia familiar y lesiones graves (calificadas)”, lo cual, de acuerdo al informe, fue errado y no se trató como “lo que realmente fue: una tentativa de feminicidio”, informa la Red en su estudio.

El caso de Mónica ilustra la falta de perspectiva de género a la hora de juzgar.

“Si bien la persona juzgadora reconoció que había violencia, no valoró el contexto en el que se dieron los hechos (violencia de género previa sistemática/reiterada, producto del poder que él creía tener sobre ella por ser “su mujer”). […]Al agresor se le condenó a poco más de 3 años de cárcel, ¿qué sucederá cuando salga? ¿la cárcel cambiará las creencias que él tiene sobre las mujeres?”, destaca el Informe.

“JUSTICIA SIN PERSPECTIVA”

En México impartir justicia con perspectiva igualdad y no discriminación no es opcional, no es a voluntad o un favor; es una obligación constitucional convencionalizada que, incluso, tiene fundamento en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sin embargo, en la práctica no ocurre así, destaca el estudio.

“Hoy, es muy común saber sobre sentencias judiciales que, en lugar de proteger, abandonan; que en lugar de juzgar, discriminan; que en lugar de garantizar derechos, toleran la violencia, especialmente contra las mujeres. , todo ello, […] “A pesar de que han transcurrido 7 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, de que se han creado protocolos para juzgar con diferentes perspectivas (género, discapacidad, interculturalidad, migración, etc.), de que se han invertido presupuesto y esfuerzos en capacitación judicial, se han creado instrumentos políticos para obligarse a institucionalizar la perspectiva de género”, se lee en el documento.

La coordinadora del área legal de Equis, Fátima Gamboa, explicó en entrevista que hasta la fecha aún existen normas que, aunque parecen neutrales entre hombres y hombres, a la hora de aplicarlas sí hay un impacto diferenciado para las mujeres que las pone en una situación de desventaja.

La gravedad de no incorporar la perspectiva de género en el análisis de los hechos, es que al momento de la resolución o “dictamen la sentencia no combate este problema de origen”.

Para el informe “No es justicia”, la Red estudió al menos 110 sentencias judiciales, de las cuales encontró que 100 debían tener perspectiva de género; y del análisis de esas 100 identificó que en 79 por ciento los casos no se utilizaron normas especializadas de protección a los derechos humanos. La auditoría a esas resoluciones también encontró que en muchas sentencias siguen usando un lenguaje discriminatorio y no inclusivo, basado en estereotipos de género, discapacidad o preferencia sexual.

“Juzgar con perspectiva de derechos humanos, igualdad y no discriminación, dista de ser una realidad en la impartición de justicia, pues a pesar de los esfuerzos estatales, y, sobre todo, de discursos institucionales, no hay una comprensión amplia y profunda sobre las implicaciones de juzgar con estas perspectivas”, recalca el informe “No es Justicia”.

Entre los hallazgos se muestra que en el 85 por ciento de las sentencias examinadas no consideraron cómo influyeron los estereotipos o las características de identidad de las personas involucradas en el caso; en el 80 por ciento de los casos, las personas juzgadoras analizaron la violencia contra las mujeres de manera aislada, y no como una problemática social; en el 47 por ciento de los casos no se valoró la violencia advertida de manera explícita en el relato de las mujeres, y en el 70 por ciento de las resoluciones analizadas, no se valoró las pruebas con perspectiva de género.

“Sin una interpretación de pruebas con perspectiva de género, se corre el riesgo de otorgar o negar valor a ciertas pruebas con base en creencias falsas que pueda tener la o el juzgador sobre un tema o conflicto”, explica.

Además, en el 86 por ciento de las resoluciones examinadas no se emitieron medidas de reparación ante las situaciones de discriminación y/o violencia de género. No se emitieron porque simplemente “no se detectaron”.

El estudio explica que si la “víctima no es reparada en su patrimonio, en su integridad, sentimientos, afectos, entre otros, difícilmente se logrará una verdadera justicia y pacificación social”.

En el 69 por ciento de los casos, los juzgadoras omitieron identificar posibles conductas que implicarían riesgos para las mujeres y, por ende, no dictaron las órdenes de protección necesarias.

El seguimiento a las sentencias ya emitidas fue otra carencia que encontró el estudio: en el 71 por ciento de los casos no se dictaron medidas de seguimiento al cumplimiento de las sentencias.

Fátima Gamboa comentó que hay factores internos y externos que provocan que los juzgadores no apliquen estos estándares de igualdad, perspectiva de género y no discriminación en sus sentencias.

La defensora consideró que el abuso en el discurso de la autonomía del Poder Judicial provoca que se puedan integrar a su sistema a jueces y juezas que no cumplen con el perfil de realizar la labor de impartir justicia y eso es un aspecto que ha dañado y ha impactado directamente a la “calidad” de justicia en el país.

“Lo que hemos visto en nuestra trayectoria de trabajo de dos años es que no existen concursos de oposición para ocupar el cargo, entonces, ubicamos que muchos de los jueces y juezas entran por cuestiones de oportunidad: porque tienen un amigo, recomendación dentro del Poder Judicial. No se está evaluando la capacidad de profesionalismo y perfiles. Los ocupan por amiguismos o por recomendaciones pero no porque tengan la capacidad. Lo mismo pasa para ascender de puesto”, expuso.

La falla no se concentra sólo en el Poder Judicial, también viene desde el sistema educativo del nivel superior, pues no se incorpora una enseñanza derecho humanista en la mayoría de las facultades de Derecho, según platicó la especialista.

El colectivo Equis, en una revisión a curriculas de universidades, encontró que los derechos humanos y la perspectiva de género no son contemplados como una materia esencial en los troncos comunes en la Educación Superior.

“Son muy pocas las que incorporan los derechos humanos como una materia obligatoria en su tronco común, la tienen como materias opcionales, aisladas. Ven los derechos humanos como en abstracto, no se analizan y no se trasversaliza la mirada de derechos humanos y perspectiva de género en todas las materias del derecho”, expuso la entrevistada.

Añade que esto es importante porque los profesionales dedicados al derecho egresan de las licenciaturas sin esta visión. Las universidades “siguen enseñando un derecho que es procedimental, de formulas”.

RESISTENCIA DE LAS AUTORIDADES

La Red por la Ciudadanización de la Justicia buscará establecer diálogos con los poderes judiciales locales en México para que “estas deficiencias en el cumplimiento de su obligación [de juzgar con perspectiva de género] puedan llevarlas a ese espacio judicial y poder retroalimentar”, comentó Fátima Gamboa.

Queremos ir a “refrescar esta mirada ya muy arcaica de cómo se imparte justicia, llevando otras formas novedosas y mucho más protectoras de impartir justicia”, dijo.

Sin embargo, la abogada advirtió que es una tarea difícil porque en el Poder Judicial hay una fuerte resistencia de trabajar y colaborar con la sociedad civil.

El Poder Judicial no admite que su trabajo quede al escrutinio social, denunció. Los jueces, detalló, descalifican toda la crítica, el análisis y discusión que viene de la sociedad civil porque para ellos no tienen las capacidades técnicas y jurídicas.

“Hay una especie de imaginario judicial en donde ‘la sociedad no sabe de derecho, nosotros sí sabemos y nadie puede cuestionar nuestro trabajo’. Incluso hemos recibido comentarios de ‘sólo un juez puede calificar el trabajo de otro juez’”, ejemplificó.

La experta aclaró que el informe fue realizado con una metodología con base en jurisprudencia, tratados internacionales y en la propia Constitución, lo que abogados llaman “basado en el parámetro de regularidad constitucional”, obligatorio para los jueces.

“Los ocho elementos que nosotros analizamos, todos están fundamentados. Nuestro nivel de diálogo y de crítica tiene el mismo lenguaje que el Poder Judicial: usamos el mismo lenguaje y el mismo nivel de obligación, no nos estamos sacando nada de la manga”, enfatizó.

SIN FISCALIZACIÓN

La fiscalización o supervisión efectiva a la impartición de justicia es urgente en México, pues al día de hoy no existen o son insuficientes los procedimientos disciplinarios que revisan las constancias y los expedientes judiciales para detectar actos de corrupción e incumplimiento de obligaciones judiciales, añadió.

Y ejemplificó: “ toda la jurisprudencia es obligatoria para los jueces. Sin embargo, en una Entidad Federativa de 56 jueces sólo ocho utilizaban jurisprudencia para juzgar con perspectiva de género, que es obligatoria. ¡Ocho de 56!. Es una obligación juzgar con perspectiva, entonces, si hubiera una dirección o una coordinación de disciplina que funcionara adecuadamente, que revisara constantemente las sentencias y cómo incorporan la obligación de derechos humanos, no discriminación e igualdad, sería mucho más fácil poder detectar deficiencias para poderlas corregir y sancionar”.

Fátima Gamboa comentó que la expulsión que impuso en días pasados el Consejo de la Judicatura Federal al juez Anuar González, quien otorgó amparos en el caso de los “Porkys”, fue porque el funcionario judicial actuó en contra de constancia y tuvo errores inexcusables. La especialista recalcó que lo mismo pasa con los jueces de esas sentencias, analizadas en el informe.

“Al juez ya lo despidieron, pero ¿quién va a revisar y sancionar a los jueces locales que no están aplicando el criterio de derechos humanos, igualdad y no discriminación y qué están haciendo lo mismo que el Juez Porky?”, cuestionó.

Gamboa concluyó que es necesaria la ciudadanización de la justicia –uno de los objetivos de esta alianza entre colectivos derecho humanistas – y eso implica que los operadores de justicia se sienten con la sociedad civil.

Fuente: sinembargo

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