La Coparmex incide en los “muchos y evidentes” asuntos por concluir antes de que concluya el sexenio.

La mayor patronal mexicana, Coparmex, no está nada satisfecha con el cumplimiento de las propuestas hechas por Enrique Peña Nieto (PRI) a inicios del sexenio. El organismo empresarial, cuyos afiliados representan casi la tercera parte del PIB, ha acusado este lunes al presidente de México de haber incumplido el 60% de las promesas hechas en la campaña electoral de 2012. La crítica llega en un parteaguas para el país norteamericano: con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina —en julio del año próximo— y en plena precampaña electoral entre los contendientes en los comicios. Andrés Manuel López Obrador (Morena), un candidato que no cuenta con el favor de la mayoría de empresarios, lidera holgadamente los sondeos.

“Es claro que, a 12 meses de que termine el sexenio [Peña Nieto permanecerá en el poder hasta el 1 de diciembre de 2018], hay muchos y evidentes asuntos por concluir”, ha subrayado este lunes el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos. “Para ilustrar lo anterior basta decir que permanecen inconclusas y, en algunos casos, desatendidas, las acciones necesarias para el cumplimiento de 106 de los 266 compromisos que el presidente firmó ante notario público durante la campaña presidencial de 2012. Esto significa que solo se han cumplido el 40% de dichos compromisos, y que seis de cada diez promesas de gestión no han sido honradas en los hechos”.

Hoyos se refiere, fundamentalmente, a “obras críticas” de infraestructura y conectividad o a la recuperación de la seguridad en “ciudades víctimas de niveles sin precedentes de violencia”. “Para ilustrar la magnitud del reto que tiene el poder ejecutivo para cumplir con los compromisos que formuló, puede señalarse que sería necesario concluir más de 30 proyectos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 12 de la Secretaría de Educación Pública, y 16 en materia de Salud en los Estados”, agrega el jefe de una de patronal que reúne en su seno a casi 40.000 empresas que dan trabajo a 4,8 millones de mexicanos, según sus cifras.

Los reproches de la Coparmex al Gobierno van más allá. “Desafortunadamente, hay signos de que las prioridades de una buena parte de la estructura y recursos del poder ejecutivo se están enfocando a la atención de la coyuntura electoral, más que en robustecer las acciones y mejorar la eficiencia de gestión para cumplir con los compromisos, programas y metas de Gobierno”, agrega Hoyos. “La Coparmex demanda que hasta el último día de su gestión, los funcionarios del Gobierno federal, desde el presidente hasta los servidores públicos de menor jerarquía, cumplan a cabalidad con sus funciones. Aspiramos a contar con funcionarios de tiempo completo, que dejen la política electoral a los partidos y candidatos, o en congruencia, dejen ya su encargo”, agrega.

Preguntado por si las reclamaciones son compartidas por una amplia mayoría de empresarios mexicanos, habida cuenta de la brecha creciente entre las diferentes facciones del sector privado, Hoyos subraya en declaraciones a EL PAÍS que el colectivo “no es monolítico, y eso es sano”. Pero se muestra seguro de que el grueso de empresarios está preocupado por tres circunstancias: la corrupción, la inseguridad y los efectos de la última reforma fiscal acometida en México, en 2013. Pese a los reproches, el jefe de la patronal pone en valor las reformas estructurales que el Gobierno del PRI emprendió en los primeros compases de su mandato: la financiera, la energética, la de telecomunicaciones y la educativa.

La Coparmex pone deberes a Peña Nieto en torno a seis “dimensiones críticas”: economía, política hacendaria, política social, política de justicia y seguridad, combate a la corrupción y educación. En el primer ámbito, el puramente económico, la organización empresarial reclama la presentación inmediata de una “ley de mejora regulatoria para el fortalecimiento de la competencia y la competitividad”.

En materia hacendaria, el ente apremia al Ejecutivo del PRI a “impulsar” la creación de un consejo fiscal independiente “con mandato formal para proporcionar una evaluación independiente y experta en materia tributaria, presupuestal y de responsabilidad hacendaria”. La puesta en marcha de este organismo de disciplina en el gasto público es una de las grandes exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) en los últimos años. “Ayudaría a la a dar incertidumbre en el largo plazo y a la estabilidad macroeconómica”, agrega. También incide en la importancia de llevar a cabo un cambio de envergadura en la estructura tributaria mexicana para responder a la “inminente” reforma tributaria en Estados Unidos. Esta debería pasar, según la Coparmex, por una reducción del impuesto sobre la renta sobre las corporaciones a razón de un porcentual por año. En las últimas semanas, los empresarios mexicanos han hecho varias propuestas en esa dirección. Pero el servicio de estudios del mayor banco del país, BBVA Bancomer, discrepa: “México seguirá siendo competitivo frente a EE UU incluso si se aprueba la reforma fiscal [en el vecino del norte] gracias a los costes laborales”, subrayó en un reciente encuentro con periodistas el economista jefe de la entidad, Carlos Serrano. La patronal también reclama una rebaja fiscal para las familias que menos ganan y una ampliación de la base de contribuyentes del IVA.

Fuera del ámbito estrictamente económico-financiero, la Coparmex reclama la creación de un padrón único de programas sociales y un registro nacional de beneficiarios para “realizar una profunda reingeniería” de este tipo de planes. “Los niveles de pobreza y desigualdad así lo exigen, agrega Hoyos. También apela al Gobierno de Peña Nieto a reconocer que el país atraviesa hoy por el periodo “más violento de los últimos 20 años” y le conmina a atacar esta lacra “de forma estratégica”. También a promover, antes de dejar el cargo, una “nueva generación de reformas que refuercen la lucha anticorrupción”, uno de los ejes de la próxima campaña electoral. En las próximas semanas, la patronal mexicana presentará sendos documentos de evaluación del trabajo del Senado y del Congreso.

Fuente: El Economista.

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