La empresa ha sido devuelta a su dueño, aún acusado de un presunto desfalco a Banamex de 500 millones de dólares

La orden de dos juzgados han revivido la empresa Oceanografía, que desde 2014 se encontraba bajo el control del Gobierno mexicano. La naviera, que proveía servicios de transporte y reparación de pozos para Pemex, se declaró en quiebra tras protagonizar una de los casos de fraude más grandes en México, aún inconcluso. Ese mismo año que Citigroup acusó a la empresa ante las autoridades mexicanas por pedir créditos a su filial mexicana Banamex (ahora Citi Banamex) de hasta 500 millones de pesos a través de facturas falsas para realizar supuestos trabajos para la petrolera.

Tras cuatro años de litigios e investigaciones que involucran a empresas y autoridades de al menos cinco países, la empresa ha salido de un concurso mercantil y ha sido de devuelta a su dueño, Amado Yáñez, quien aún enfrenta cargos por el presunto fraude millonario. “El hecho de estar sujeto a un proceso no le priva de sus derechos civiles”, comenta Felipe Consuelo Soto, juez a cargo del concurso mercantil de la empresa. “Puede seguir ejerciendo su derechos por supuesto de que hay una presunción de inocencia hasta que se resuelva el asunto”.

Los acreedores de la empresa han acordado renunciar al 96% de sus créditos como parte de un convenio para reactivar las operaciones de la naviera, que vio uno de sus mayores crecimientos como contratista de Pemex durante las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón. La decisión de otro juzgado civil a principios de febrero fue pieza clave para el fin del concurso mercantil de Oceanografía. El Noveno Tribunal Colegiado Civil negó al Banamex su petición para ser acreedor de la empresa y cobrar una deuda de más de 300 millones de dólares, derivado del supuesto fraude de factoraje falso. El banco no ha podido convencer a los juzgados mexicanos a través de sus pruebas y documentos de que Oceanografía está en deuda con él.

Una vez desechada esa solicitud de Banamex, el convenio para reactivar la empresa pudo concretarse. La decisión, inapelable en los juzgados civiles, de acuerdo con el juez Consuelo, puede tener consecuencias a la investigación penal contra Yáñez. “Es complicado porque en materia penal lo que se analiza son conductas que puede constituir un delito y en este caso el delito es por haber exhibido documentos falsos ante una institución de crédito”, dice el juez. “Se supone que esos documentos que se falsificaron fueron para cobrar algunas facturas de Pemex y si no está acreditado que esas facturas realmente existían pues no habría un desfalco”.

La empresa, añade el juez, podría proveer servicios a otras empresas petroleras que tengan negocios en México tras la reforma energética.

Yáñez, quien fue arrestado en 2014 y encarcelado en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, fue liberado después de pagar una fianza de más de siete millones de pesos tras la reforma al sistema de justicia penal en México. El empresario aún enfrenta la investigación del presunto fraude a Banamex, no puede salir del país y debe portar un brazalete electrónico para monitorear su localización.

El polémico empresario que amasó una enorme fortuna a través de su naviera que solo proveía servicios a Pemex, enfrenta también una maraña de problemas legales, económicos y penales que ha arrastrado su empresa desde sus inicios. “El que le devuelvan la empresa no significa que hay borrón y cuenta nueva y es una cosa juzgada”, comenta la periodista Ana Lilia Pérez, quien ha investigado a la naviera y su dueño desde 2004. “No solo hay muchos focos rojos durante su gestión en la empresa, sino en el tiempo que estuvo bajo el control del Servicio de Enajenación de Bienes (SAE).

Aquellos focos rojos, dice la autora de varios libros sobre casos de corrupción en Pemex, incluyen una decena de denuncias pendientes de los empleados de Oceanografía por incumplimientos de contrato y violaciones a la ley laboral, varias demandas de los exsocios de la naviera por deudas millonarias, daños al medio ambiente en zonas protegidas en Ciudad del Carmen (Campeche), donde opera la naviera, y otras acusaciones de fraude también por factoraje falso a otros bancos. Aunque la empresa fue inhabilitada y multada por el Gobierno Mexicano, su dueño ha recibido ninguna sentencia por estos casos.

El presunto fraude a Banamex, uno de los más grandes de su tipo a nivel mundial, es otro gran pendiente para la naviera y el gigante bancario Citigroup, dueño de la filial mexicana. Tanto el FBI como la Comisión de Valores de Estados Unidos han investigado a la corporación en relación al fraude. Los resultados de la investigación aún no se han hecho públicos. La deuda de Oceanografía le costó al banco alrededor de 19% de sus ganancias en 2013, según datos de Reuters. La Comisión Bancaria y de Valores (CNBV) mexicana multó al banco con dos millones de dólares por fallas en sus sistema de prevención de fraudes.

A pesar de la complejidad del caso, que involucraba documentación de Pemex para la certificación de los créditos, las autoridades mexicanas no han encontrado evidencia de una complicidad dentro de la petrolera para llevar a cabo las transacciones. Los gerentes de Pemex siempre han asegurado que la naviera produjo documentación falsa o alterada y la presentaba como aval para obtener los créditos de Banamex. “Aquí no creo que se indagó a fondo la complicidad porque en el tema del factoraje, [Oceanografía] necesariamente presenta documentación expedida por Pemex”, dice Pérez.

El caso Oceanografía también obligó a la CNBV a transformar su sistema de auditorías y monitoreo de créditos relacionados con servicios y contratos de las empresas con Pemex. El escándalo también fracturó la relación entre la gerencia de Banamex y Citigroup, lo que llevó a un mayor control de la sede sobre la filial mexicana. Yáñez ha demandado al banco en Estados Unidos. El empresario alega que fue Citigroup la que cometió fraudes bancarios en México y utilizó a su empresa como chivo expiatorio cuando la situación se volvió insostenible. Al menos una de las demandas, interpuesta en Florida, fue desechada por el juez en enero pasado.

Fuente: elpaís

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