Por primera vez en cuatro décadas aumentan los partidarios del castigo, que llegan al 54%. Varios Estados han reactivado las ejecuciones

La pena de muerte, el elefante en la habitación de Estados Unidos, ha vuelto a cautivar a los estadounidenses. La era de Donald Trump ha roto con los 40 años de caída libre en la aprobación de este castigo, según un estudio del Centro de Investigación Pew. Por primera vez, los partidarios de la pena capital han aumentado —del 49% al 54%— y quienes se muestran en contra han disminuido hasta el 39%. Por su parte, los Estados que habían congelado esta práctica han reactivado la máquina en los últimos meses: Tennessee ejecutó a un criminal por primera vez en nueve años; Nevada, en 12, y Nebraska, en 20.

Los expertos tranquilizan porque el número de sentencias capitales ha disminuido en dos tercios durante la última década , pero reconocen que el actual presidente puede estar desempeñando un papel en este repunte.

Los republicanos apoyan abrumadoramente la pena de muerte; los independientes, no y los demócratas, menos. En 2017 los dos últimos grupos dieron un giro en dirección contraria. El vuelco más radical es el de los independientes, cuyo apoyo aumentó del 44% al 52% en solo un año. Los evangélicos continúan defendiendo ferozmente este castigo al igual que los protestantes, mientras que los católicos están divididos casi a la par. La mayoría de los afroamericanos, los hispanos y otras minorías se oponen. Mientras mayor educación tienen los encuestados, más discrepan de la medida. Los hombres son más afines a la ejecución que las mujeres, al igual que los adultos en comparación con los jóvenes.

Austin Sarat, profesor de jurisprudencia y autor del libro Gruesome Spectacles (Espectáculos horripilantes), plantea que Estados Unidos está sometiendo a la pena de muerte a una reconsideración nacional y cree que no es sorprendente “que durante este periodo las cosas se muevan de manera desigual”. “El apoyo del presidente Trump a la pena de muerte puede desempeñar un papel en el pequeño repunte del apoyo”, agrega.

El rol del presidente

El presidente ha tenido una participación moderada —si cabe— en el debate de la pena de muerte. Su mayor intervención fue amenazar con que los narcotraficantes deberían ser ejecutados, a raíz de la epidemia de muertes por sobredosis de opiáceos, que en 2016 se llevó 64.000 vidas.

Las cifras ponen paños fríos a las encuestas. 31 Estados, el Gobierno federal y el Ejército estadounidense autorizan la pena de muerte, pero hasta julio de este año, 11 de ellos no habían ejecutado a nadie en más de una década. Sarat pone el ojo crítico en sulibro es en los nuevos métodos: según su investigación, entre 1890 y 2010 las ejecuciones mal efectuadas fueron del 3,15 % de los 8.776 casos de pena. Entre 1980 y 2010, cuando se generalizó el uso de las inyecciones letales como castigo final, la tasa de errores aumentó al 8,53%.

Cuando Nebraska decidió romper con sus 20 años sin ejecuciones, lo hizo utilizando en la inyección letal el poderoso analgésico fentanilo. Organizaciones de derechos civiles intentaron impedir la muerte de Carey Dean Moore por los efectos que podía provocarle el analgésico, 50 veces más fuerte que la heroína y casi 100 veces más que la morfina. Las asociaciones de libertades civiles también lucharon en vano para que Nevada no incluyera cisatracurio en la ejecución de julio, un paralizante muscular que puede esconder las señales de lucha y dolor. Ambos casos finalmente no tuvieron problemas, pero ha habido casos desastrosos como el de Clayton Lockett, quien sufrió convulsiones durante 43 minutos después de que se le inyectase el primer fármaco en 2014.

El Papa Francisco cambió las reglas del Catecismo el mes pasado respecto a la pena de muerte. El Pontífice declaró que este castigo era “inadmisible” porque “atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona”. Sin embargo, los creyentes son grandes defensores de este método. Dos tercios de los evangélicos lo aprueban y la mitad de los católicos. Cara H. Drinan, profesora de derecho en la Universidad Católica de América en Washington y experta en reforma de la justicia penal, cree que los católicos debieran aceptar las nuevas normas eclesiásticas porque son coherentes con la ética de su religión. “Tenemos el 5% de la población mundial y el 25% de los prisioneros del mundo. Las prácticas punitivas simplemente se han convertido en parte del tejido de nuestro país”, lamenta.

Drinan confía en las reformas estatales y en los jóvenes. “Han crecido viendo lo crudeza y los defectos en nuestro sistema. Por ejemplo, desde 1973 ha habido más de 160 exoneraciones de pena de muerte; la gente sabe que el sistema se equivoca”. Las ejecuciones fallidas y los litigios también cree que están desempeñando un papel importante para concienciar a la nueva generación. Y aunque la tendencia se ha revertido, cree que lo más importante “es mirar al futuro”.

Fuente: elpaís

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