Los aspirantes y suspirantes a una candidatura independiente para la presidencia de México en las próximas elecciones del 2018 enfrentan una misión imposible. Los legisladores diseñaron todo para dejarlos fuera de la competencia y las autoridades electorales les complican sus esfuerzos.

Quienes en el 2012 aplaudimos la reforma constitucional en materia electoral, dimos por hecho que, en la siguiente votación federal, veríamos por primera vez “candidatos sin partido” en las boletas para presidente. Las entonces victorias locales como la del Bronco, en Nuevo León, y el joven diputado Pedro Kumamoto, en Jalisco, reforzaban esa convicción. Sin embargo, el avance ha sido raquítico: sólo 18 mexicanos que han contendido por vía independiente han conseguido el triunfo (2013, 2015 y 2016). Muy complejo está resultando hacer valer el derecho ciudadano consagrado en el artículo 35 constitucional y responder a millones de mexicanos que están totalmente hartos de los partidos y de los políticos que simulan ser apartidistas.

Por lo pronto, con durísimos requisitos, los aspirantes a una candidatura ciudadana por la presidencia intentan recabar 866,593 firmas en al menos 17 estados del país. Lo deben hacer con una aplicación de celular (app) que ha dado más problemas que facilidades.

Los más aventajados, Margarita Zavala y el Bronco, evidenciaron las fallas de la aplicación en redes sociales; ella con spot, él con parodia. Más rezagada, Marichuy consigue apoyos casi milagrosos en zonas donde los teléfonos inteligentes y el internet no existen; incluso, la organización que apoya a esta aspirante indígena, Llegó la hora del florecimiento de los pueblos indígenas, promueve una campaña de donación de celulares. Otros aspirantes como Armando Ríos Piter y Pedro Ferriz se han quejado duro del procedimiento.

Hasta hoy, sólo se ha logrado que el INE amplíe siete días el plazo para reunir las firmas, aunque, en palabras de su presidente Lorenzo Córdova, la prórroga sólo busca compensar la curva de aprendizaje de los primeros días. Otros consejeros electorales como Ciro Murayama, Benito Nacif y Marco Antonio Baños se la han pasado defendiendo su famosa app.

Lo cierto es que México no cuenta con alta tecnología democrática: dicha app electoral ha resultado mala y no confiable. Mientras tanto, el tiempo se acaba. Y, lo que faltaba… si algún candidato verdaderamente independiente logra la proeza de las firmas, deberá entrar en la contienda electoral con tan sólo 42.96 millones de pesos: casi 10 veces menos dinero de lo que recibirá, por ejemplo, el PRI. Es decir, no existen equilibrios financieros democráticos.

Mucho más que app

El problema de origen trasciende, por mucho, a una aplicación de celular. Como diría el periodista Joaquín López Dóriga: el que hace la ley, hace la trampa. Cierto, pues el fraude a la ley está en el ADN de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Así, los candidatos independientes lidian con el oscuro diseño de una legislación electoral que lleva el sello de miopes, negligentes y perversos. El resultado final lo padecerán millones de ciudadan@s que verán esfumarse sus anhelos de vida democrática para seguir dando paso al terrible lastre de los partidos políticos.

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