El juzgado penal federal adscrito a Almoloya, Estado de México, fijó seis meses a los fiscales de la Procuraduría General de la República (PGR) para el cierre de la investigación complementaria dentro del proceso penal iniciado a Juan Melquiades V. F., imputado del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Durante el tiempo que estará vinculado a proceso, el ex funcionario seguirá en libertad condicional, porque el delito que se le imputa no se considera grave, aunque sometido a las medidas cautelares de firma periódica y no poder salir del país, además de haber pagado una fianza.

Posteriormente a los seis meses y el cierre de la investigación complementaria, se realizará la etapa intermedia del proceso, que incluye el ofrecimiento de pruebas de los fiscales y la parte acusada, para luego dar paso al juicio, en el que el juez determinará la culpabilidad o inocencia del imputado, a quien la PGR acusa del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de adquirir recursos con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita.

Ayer lunes, el extitular de la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado compareció de nueva cuenta ante el juez de control de Almoloya, Estado de México, donde se fijó el plazo para la etapa de investigación complementaria del proceso penal al que fue vinculado.

La PGR acusa a Juan Melquiades V. F. de recibir 52 millones de pesos de manera irregular durante el 2015, tras una denuncia del administrador central de Análisis Técnico Fiscal de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), presentada el 14 de septiembre de 2017.

La orden de aprehensión fue girada el 2 de noviembre de 2017, por Enriqueta Velasco Sánchez, jueza de distrito de Almoloya, Estado de México.

El expediente señala que Juan Melquiades V. F., todavía precandidato a una diputación federal por la coalición PAN-PRD-MC, recibió en el 2015, un millón 430 mil 619 pesos y 49 millones 259 mil 351 pesos de procedencia presuntamente ilícita.

En la denuncia, el SAT expuso que 13 empresas expidieron facturas de operaciones inexistentes a una empresa más, la cual las declaró fiscalmente considerándolas como gastos deducibles, sirviendo como vehículo para realizar operaciones con otras personas que fueron receptores finales de los recursos, aparentando que éstos eran producto de una relación laboral.

La información difundida por la PGR, no indica los nombres de las empresas, ni tampoco si entre ellas se encuentra México Travel Channel, en la cual Juan Melquiades V. F. reconoció que tuvo como socio a Joaquín Hendricks Díaz, al exgobernador de Quintana Roo, del 2010 al 2015.

Pero se ha difundido que entre las señaladas están las empresas Azo S. A. de C. V., Negocios Prorsum S. A. de C. V., Consultores Especializados Gaudi S. A. de C. V., Comercial HugsQu S. A. de C. V., y Grupo Siete Pumas S. A. de C. V., por actos como realizar operaciones simuladas, aplicación de subsidios no aplicables y emitir comprobantes fiscales sin validez.

El esquema descrito generó la retención de impuestos sobre la renta, por concepto de salarios asimilados por 261 millones 353 mil 954 pesos, sin efectuar el pago y sin tener a sus trabajadores registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Motivo por el cual fueron incluidos en los listados que prevé el artículo 69, del Código Fiscal de la Federación, apreciándose que se está en presencia de un esquema creado para ocultar la realidad de las operaciones y el origen y destino de los recursos, que los destinatarios finales recibieron.

La investigación del SAT sobre Juan Melquiades V. F. data de mediados de 2017, puesto que en junio del año pasado, cuando todavía era titular de la Sefiplan, fue requerido por la autoridad, luego de que se detectó su participación en empresas que no reportó en su declaración patrimonial.

Entonces viajó inmediatamente a la Ciudad de México para gestionar con autoridades federales que se detuviera la investigación, y supuestamente, las auditorías fueron canceladas tras un acuerdo económico con las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dicho acuerdo de pago con el SAT es un elemento que el ahora imputado busca presentar como una prueba de que su problema era de una deuda fiscal y que la estaba pagando, y que no incurrió en lavado de dinero.

Ante las inconsistencias en su declaración 3 de 3, en donde sus reportes ante el Servicio de Administración Tributaria no coincidían con los ingresos del magnate, se abrió una investigación fiscal que, de acuerdo con fuentes confiables, arrojó que Juan Melquiades V. F. no reportó su participación en alrededor de 12 empresas.

El asunto que despertó sospechas de las empresas, principalmente inmobiliarias y de servicios turísticos, fue que el entonces titular de la Sefiplan aparecía como empleado, pero con grandes ingresos, lo que hacía suponer que era el propietario de la misma, o por lo menos socio.

Al verse envuelto en una nueva polémica, y preocupado por cuidar su imagen ante la intención de buscar un cargo de elección popular en este 2018, se trasladó a la Ciudad de México, para arreglar el asunto a su modo.

Se consideraba que la investigación financiera había sido suspendida, pero de acuerdo con lo que informó la PGR, en septiembre del mismo año, el SAT presentó la denuncia por la cual a Juan Melquiades V. F. se le aplicó la orden de aprehensión que ahora lo tiene sometido a proceso judicial, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Fuente: POR ESTO!

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