Ante el encarecimiento de la vida en la Ciudad de México, derivado entre otras cosas por la inflación en los precios de la vivienda por parte de las inmobiliarias, estamos a tiempo de evitar la burbuja inflacionaria de los precios del alquiler.

Con costos por metro cuadro que van de los 9,000 pesos a los 73,000 pesos, la Ciudad de México supera con su límite inferior por 4.6 veces la media nacional, que es de 1,600 pesos por metro cuadrado. El hacerse propietario en la Ciudad de México se torna cada vez más difícil. Queda entonces, ante la necesidad de dormir bajo un techo, rentar una vivienda, opción para quienes persisten en quedarse dentro de los límites de la Ciudad de México.

Según datos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), en la Ciudad de México hay un déficit acumulado de 200,000 viviendas. Los créditos para vivienda otorgados por el Infonavit o el Fovissste son insuficientes para comprar vivienda en la ciudad. Ante el panorama de exiliarse a la periferia de la ciudad para comprar o rentar una vivienda a un precio accesible, pero enfrentarse a recorrer todos los días largas distancias para llegar a los trabajos, en una red de transporte público deficiente o de intentar transitarla en los autos particulares en el tráfico y con el costo del combustible aumentando progresivamente, muchas personas se ven orilladas a rentar.

La diputada priista Dunia Ludlow, presidenta de la Comisión de Vivienda de la ALDF dijo en el marco de la presentación del diagnóstico que la Ciudad de México es la segunda entidad a nivel nacional que más pobladores expulsa. Durante los últimos cinco años, la población de la ciudad ha disminuido 13%, ante el costo de vivir dentro de su perímetro. En el diagnóstico se señala que la vivienda en alquiler se elevó en los últimos 15 años de 21.60% a 24.37 por ciento. Datos de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHP) indican que en algunas delegaciones las viviendas en renta constituyen entre el 30% y el 37% del parque total, y estos porcentajes van en ascenso.

Ahí donde unos ven un problema social, otros ven una oportunidad de negocio. La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) considera que la renta de inmuebles es un negocio con gran potencial, consideración que sustenta en cifras: en el país existen 3,000 edificios destinados a la renta, y cada año se forman 650,000 nuevas familias que demandan un espacio donde vivir. Y es sólo el principio.

En julio pasado, empresas inmobiliarias sentaron en la mesa a la Sociedad Hipotecaria Federal, a la banca de desarrollo dedicada al financiamiento a la vivienda, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la finalidad de pedir una legislación que les garantice sus inversiones en la construcción de vivienda destinada a la renta. Por parte de las inmobiliarias, estuvieron representadas Greystar, Abilia, Retna y SiRenta.

Greystar es la firma de inversiones estadounidense más grande del sector a nivel global, con un portafolio con 2,600 unidades para renta en la Ciudad de México y Monterrey. Abilia es propiedad de María Asunción Aramburuzabala, heredera de la cervecería Grupo Modelo. Retna, empresa que operar el programa de vivienda en Renta promovido por el Infonavit. SiRenta, empresa que recientemente acudió al mercado de capitales para financiar la construcción de 465 departamentos en seis edificios de la Ciudad de México.

El gremio inmobiliario se está organizando. Ante esta realidad, no vendría mal el contrapeso de organizaciones de arrendatarios. Según una declaración hecha por el secretario de la Seduvi, Felipe de Jesús Gutiérrez, a principios del 2015 y recuperada por el diario Milenio, las empresas inmobiliarias incumplieron la Norma 26, regulación de ordenamiento de la vivienda que se creó para impulsar y facilitar la construcción de viviendas de interés social y popular en la Ciudad de México, por la cual, además, los constructores recibían incentivos y beneficios. Por los precios por metro cuadrado vigentes en la Ciudad de México, es claro que no son los propios de la vivienda de interés social.

Son tales los abusos en materia de vivienda en la ciudad por parte de las constructoras, que en los medios se maneja el término “cártel inmobiliario” para designar al grupo de inmobiliarias que, aprovechando la falta de herramientas legales por parte de la autoridad para aplicar sanciones, construyeron edificios que superan por mucho el valor consignado por la Norma 26, y se repartieron el pastel inmobiliario bajo la venia de los gobiernos de la ciudad.

Las inmobiliarias ya buscan certeza jurídica que garantice lo que desde ahora ven como un jugoso negocio: la renta de vivienda. Ante la realidad de lo que sucedió con la construcción, los ciudadanos deberíamos organizarnos para presionar a las autoridades a que legislen a favor de los derechos de los arrendatarios, así como también para ser un contrapeso contra el poder acumulado de las inmobiliarias que ahora devendrán en arrendadoras.

En Berlín, 85% de sus habitantes rentan vivienda, la tasa más alta entre las ciudades alemanas y entre las europeas. Alemania cuenta además con numerosas regulaciones arrendaticias. La Berliner Mieterverein es la mayor asociación de arrendatarios en Alemania, pues cuenta con poco más de 160,000 miembros. La centenaria asociación —fue creada en 1888— se encarga de gestionar ante las autoridades regulaciones de protección a inquilinos, de política de viviendas sociales, de obtención y nueva construcción de viviendas sociales económicas y de desarrollo urbanístico sin desalojos, según se puede leer en su sitio. La membresía tiene un costo mensual que va de los 4.50 euros para las personas con bajos recursos a los 9 euros. Con dicho pago, adquieren un seguro de protección jurídica para asuntos arrendaticios que asume los costos procesales en caso de conflictos legales.

En España, nación de propietarios, tras la explosión a principios del 2008 de la burbuja inmobiliaria que llevó al país a una crisis económica, el número de propietarios ha disminuido. Muchas de las personas que adquirieron un crédito hipotecario se vieron de pronto en la incapacidad de poder pagarlo. Los bancos que otorgaron los créditos dieron cumplimiento a las cláusulas de desahucio contenidas en los contratos. Ante un panorama de crisis económica, por todo el país se repitieron escenas de personas y familias expulsadas de sus hogares ante la imposibilidad de hacer frente a los pagos. Años después, un alto porcentaje de los inmuebles recuperados por los bancos están ahora en el mercado de las viviendas de alquiler.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de España, el número de compañías dedicadas al alquiler de bienes inmobiliarios ha ido en aumento en los últimos años, a diferencia del número de  empresas dedicadas a la construcción de edificios, la promoción inmobiliaria y la compraventa de viviendas, que ha ido a la baja.

En Barcelona existen varios movimientos ciudadanos que denuncian el encarecimiento de las rentas. En esta ciudad española, tienen además el problema de los alquileres para el turismo, que dispara aún más los costos de las rentas. Marta Ill, miembro del colectivo Desllogades, declaró que la agrupación a la que pertenece surgió ante la evidencia de que los propietarios de viviendas están mucho más organizados que los inquilinos. Unas de las organizaciones que se suman al esfuerzo de dotar de fuerza a los inquilinos es 500×20, asociación que desde el 2006 ha estado tratando la problemática del alquiler en el distrito barcelonés de Nou Barris.

A principios de este año, varias de estas organizaciones —entre las que se contó a la ya citada 500×20, además de la PAH, la FAVB, la CONFAVC y la Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS) — celebraron una reunión para crear un sindicato de inquilinos. La creación de este sindicato tendrá dos objetivos: visibilizar este problema entre la sociedad española y asesorar a los inquilinos sobre sus derechos y luchar por incrementarlos. “El objetivo ahora es movilizar a la gente menos politizada. Crear el sujeto inquilino”, señala  Marta Ill, en una entrevista dada a elPeriódico.com. En la misma entrevista señaló que, a diferencia de la burbuja inmobiliaria, la burbuja de alquiler no va a reventar, y las rentas en Barcelona seguirán subiendo, provocando la expulsión de la ciudad de quienes no puedan pagarlas.

Ante el encarecimiento de la vida en la Ciudad de México, derivado entre otras cosas por la inflación en los precios de la vivienda por parte de las inmobiliarias, en connivencia con las autoridades, estamos a tiempo de evitar la burbuja inflacionaria de los precios del alquiler. La organización ciudadana puede ser una vía para conjurar este daño, y lograr que el vivir en la Ciudad de México sea accesible para todos.

Fuente: El Economista.

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