La transformación digital es condición necesaria para que la región cierre las brechas de productividad, inclusión y sostenibilidad respecto a EE UU, Europa o Asia

La implantación de las redes de telecomunicaciones 5G es como una segunda llegada del hombre a la Luna, según Ajit Pai, presidente de la Federal Communications Commission estadounidense. Lejos de ser una exageración, refleja los cambios tectónicos sobre la economía y la sociedad. Casi nada se puede entender bien hoy sin considerar la digitalización: el trabajo, el ocio o servicios como educación, salud o transporte.

El impacto de las plataformas tecnológicas sobre los sectores económicos no es una sorpresa. Las economías de escala de las industrias de red explican el poder transformador que tiene la masificación de los servicios y aplicaciones tecnológicas; cuanto más usadas sean por otras empresas, u otros ciudadanos, su penetración crece exponencialmente alcanzando zonas y usuarios remotos, quienes hasta entonces no habían tenido acceso a esos servicios y contenidos. ¿Cuál es el impacto de la no compatibilidad de ciertas aplicaciones y tecnologías? ¿Qué relevancia tendrá en este nuevo ecosistema la posibilidad de recopilar y manejar datos personales? ¿Cómo tratar plataformas tecnológicas que conectan la oferta y demanda de un bien o servicio? Todas estas preguntas marcan esta nueva era de la economía digital.

La novedad es que estos cambios están sucediendo a tal velocidad que, aunque sus canales de impacto sean conocidos y sus efectos previsibles, su profundidad sorprende y obliga a repensar las políticas.

Hay urgencia por cerrar la brecha de conectividad, que afecta al 45% de los latinoamericanos. La región debe desarrollar servicios digitales según la demanda de los ciudadanos y fomentar su uso intensivo en el sector productivo, también entre emprendedores y empresas de menor tamaño para que no se queden atrás. Y los Estados deben seguir poniéndose al día, avanzando en transparencia y eficiencia con gobiernos electrónicos.

Ello depende de disponer de suficientes recursos. Pero más importante, se precisan nuevas reglas e instituciones que impulsen la innovación y favorezcan su difusión a más sectores. Los ciudadanos y consumidores digitales —hoy prácticamente sinónimos— están por delante. América Latina es joven, urbana y nativa digital. Son ellos los que están cambiando todo, como expresó el Nobel de Economía Jean Tirole, por lo que toca aprender y responder a sus demandas.

No hay recetas únicas, pero se pueden acordar los principios regulatorios para una revolución digital de la buena. Primero, se debe buscar una competencia de verdad, aquella que se traduce en servicios de calidad y accesibles para más ciudadanos. Los consumidores digitales en Latinoamérica demandan servicios simples de usar, sociales y reales. La regulación debe asegurar un campo en donde que no haya discriminaciones arbitrarias entre tecnologías y servicios (que los consumidores usan indistintamente y en muchos casos incluso a la vez, en especial los más jóvenes), y en donde el sector privado encuentre libertades y garantías para invertir, si ello repercute en beneficios para los usuarios.

Los denominados reguladores convergentes ya implantados en Argentina, Chile o México, que supervisan mercados antes segmentados —telecomunicaciones, media y análisis de datos— son clave. Esta regulación debe dar espacio a la innovación con cargas ligeras (light-touch regulation), y asegurar una competencia sana, abordando con decisión la protección de la protección intelectual y lucha contra la piratería, la privacidad de los datos y la seguridad, o el reparto de la carga de impuestos. Segundo, se debe innovar. Los sandboxes en la industria financiera, que permiten experimentar, aprender del comportamiento como consumidores, empresas y supervisores en estos nuevos mercados digitales, son un buen camino para una agenda moderna de simplificación regulatoria tanto en la economía digitalizada como la analógica. Colombia está planteándose este camino para conectar sus zonas rurales. Tercero, se debe tener visión internacional. Iniciativas en materia de impuestos digitales de la OCDE (con presencia creciente en Latinoamérica), o de APEC en el ámbito de datos son buenos ejemplos.

La agenda es compleja. Pero una transformación digital profunda e inclusiva es una condición necesaria para que Latinoamérica afronte las nuevas trampas del desarrollo en transición y cierre las brechas de productividad, inclusión y sostenibilidad que la separan de EE UU, Europa o Asia. Sector privado, público, academia y organizaciones internacionales en la región debemos redoblar esfuerzos. La revolución digital se está acelerando con la llegada de disrupciones como el Internet de las cosas, la inteligencia artificial y el 5G; una segunda llegada a la Luna para la que América Latina debe estar preparada.

Fuente: elpais

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