La esperanza de que el actual Poder Legislativo expida las leyes que la población necesita para vivir mejor ha provocado un gran interés por hacer propuestas. En el pasado, un Congreso controlado por el PRI-PAN no generaba esa expectativa porque se tenía la convicción de que con la maraña de intereses creados alrededor de los legisladores, difícilmente se atenderían los de la gente común.

Algunos de los futuros diputados y senadores de Morena, intentando atender la avalancha de peticiones de la ciudadanía, han propuesto que éstas se presenten de manera clara y justificada para que puedan ser insumo de iniciativas de ley, aclaran que algunas de ellas no requieren reflejarse técnicamente en leyes federales, sin embargo adquieren el compromiso de atenderlos.

Entre las propuestas que hemos escuchado en días recientes, provenientes de distintos sectores, se enlistan con carácter enunciativo las siguientes:

-Instrumentar un programa nacional de regularización de la propiedad con el propósito de que todos los propietarios del inmueble que habitan cuenten con la respectiva escritura pública.

-Revisar a fondo el sistema de asignación de notarías para que esta actividad deje de ser un privilegio al alcance de pocos y para reducir el costo de este servicio.

-Flexibilizar el sistema financiero para permitir la formación de cajas de ahorro y préstamo, así como de cooperativas y mutualidades. Promover la banca ética.

-Impulsar la medicina alternativa y tradicional como parte del sistema nacional de salud. Crear una comisión integrada por miembros de la comunidad médica para investigar las enormes ganancias de los grandes consorcios farmacéuticos y hospitalarios en detrimento de la población, planteándose soluciones viables para enfrentarlas.

-Investigar el comportamiento de la banca de desarrollo en la asignación de créditos a particulares sin que medie una justificación social.

-Recuperar el impulso a la pesca y la acuacultura, poniendo orden en la explotación y conservación de los recursos con costos marginales.

-Esclarecer las redes de parentesco en el Poder Judicial federal y modificar la ley al respecto.

-Revisar las concesiones en el rubro de construcción, mantenimiento y administración de carreteras para acabar con los abusos existentes, entre ellos en el cobro del peaje.

-Apoyar las radios comunitarias por el gran beneficio que prestan a las poblaciones en áreas marginadas, fundamentalmente en el sector rural.

-Ratificar en el Senado el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de contratación colectiva, firmado por el Presidente de la República desde 2015.

-Facilitar el pago de impuestos creando la opción voluntaria de cubrir 20 por ciento del ingreso, sin deducibles.

-Poner límite a la usura bancaria en tarjetas de crédito y otros servicios, obligando a las instituciones del sector a dar auxilio a los clientes cuando sean víctimas de fraudes.

-Legislar para que los bienes incautados al narco sean destinados a proyectos educativos, culturales y sociales en favor de la juventud, como sucede en Italia con gran éxito.

-Impulsar y profesionalizar con justa remuneración las defensorías de oficio en todos sus niveles.

-Establecer el salario mínimo profesional de los jornaleros agrícolas.

-Regularizar la injusta condición de los trabajadores por honorarios en el sector público, quienes carecen de seguridad social y de los más elementales derechos.

-Revisar el costo de los seguros de gastos médicos mayores, valorando la posibilidad de crear una aseguradora pública.

-Facilitar la inscripción de las trabajadoras domésticas al IMSS, ya que los trámites excesivos inhiben en la práctica la disposición de muchos empleadores. Se sugiere crear cajas de ahorro y préstamo y facilidades para guarderías de barrio.

-Impedir el abuso del outsourcing creado para evitar el pago del reparto de utilidades.

-Revisar a los organismos autónomos, evaluando su desempeño en relación con los cuantiosos recursos públicos ejercidos, por lo que se reclama se hagan ajustes en un escenario de austeridad.

-Investigar contratos del sector público con empresas de limpieza y vigilancia, en donde participan ex funcionarios con grandes ganancias a costa de pagar salarios raquíticos. Se sugiere constituir una cooperativa.

-La Reinstalación de despedidos por motivos políticos y sindicales, entre ellos los trabajadores al servicio del gobierno de CDMX, los 54 empleados de Good Year Oxo en San Luis Potosí, tan sólo por reclamar sus derechos, despido que ha generado una solidaridad internacional sin precedentes. También se exige la reposición de Benito Bueno, dirigente de la región noroeste del Sindicato Ferrocarrilero, sancionado por el delito de participar en Morena.

Esta riqueza de peticiones son una pequeña parte de lo que la población espera.

Fuente: Jornada

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