Los 30 años de desarrollo institucional en pro de la democracia están a punto de terminar bastante maltrechos, si no es que en la basura.

Francamente me causa profundo asombro el estado lamentable en que están el PAN, el PRI y el PRD después de ese voto de castigo que les fue propinado inmisericordemente y con razón. Las instituciones de mi juventud están maltrechas o desapareciendo del escenario. Parece trivial, pero lo que me viene a la mente son las transformaciones urbanas de mi barrio: ya no existen La Veiga ni la Tintorería Francesa ni la fuente de Liverpool de Insurgentes, casi como premonición de los cambios en el sistema político y de partidos que estudié (lo cual es, hasta cierto punto, normal, incluso sistemas tradicionalmente bipartidistas han cambiado como el inglés). Lo peor es que veo que los 30 años, de 1988 al 2018, de desarrollo institucional en pro de la democracia están a punto de terminar bastante maltrechos, si no es que en la basura.

En el 2018, López Obrador ganó legalmente y con creces la presidencia de la República, pero aún persiste al duda de si ganó o no en el 2006. Haciendo un ejercicio de historia contrafáctica, me parece que, en el caso hipotético de que hubiese ganado, insisto sólo si efectivamente los hechos fuesen así, hoy no estaríamos viviendo esta polarización que amenaza dividir a la sociedad entre chairos y fifís… Quizá las posturas de López Obrador y de sus huestes hubiesen sido menos radicales en el 2006 y, sobre todo, no habría este afán de revanchismo que está dando al traste con las instituciones.

A pesar de que aún no ha tomado posesión, la bancada de Morena en el Congreso se está haciendo cargo de aprobar una serie de reformas legales encaminadas a acabar con el lastre de la corrupción de los actores políticos que se están marchando, que también pueden tener efectos secundarios nocivos para la buena marcha del país. Un ejemplo es la reforma a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 constitucionales, y las adiciones al Código Penal Federal, que en términos generales eliminan la pensión vitalicia de los expresidentes —sólo la cobraban Luis Echeverría, Vicente Fox y Calderón— y obligan a que todos los funcionarios públicos perciban menos de 108,000 pesos, el sueldo que se ha fijado López Obrador para sí mismo.

Sin embargo, cuando se habla de una remuneración adecuada, proporcional a las responsabilidades, parece que el presidente electo no tuvo en cuenta las cargas de trabajo ni las condiciones del mercado laboral a la luz del tope de salarios impuesto. ¿Cómo pretenden que los mejores especialistas en temas diversos de gobierno se quieran ir a trabajar a la administración pública si les pagan una bicoca?

Además, tampoco se toma en cuenta que el trabajo de mandos medios y superiores en el gobierno es 24 por 7 y que, en esos niveles, hay un capital intelectual y una preparación que exige una remuneración justa. El ahorro en el capítulo 1000, sueldos y salarios, no será tanto como lo previsto y tendrá un efecto nocivo en la calidad del trabajo de los servidores públicos. Lo de las pensiones a los expresidentes es más simbólico que otra cosa y no toma en cuenta los riesgos del cargo ex post. En realidad, la malversación de fondos públicos no está en los sueldos, sino en las licitaciones y las comisiones extraoficiales que se perciben vía el pago de sobreprecios por bienes y servicios.

Pero hay otro rubro que resulta infinitamente más preocupante porque ataca el núcleo de lo avanzado en el libre juego de partidos, la alternancia y el equilibrio de poderes. Si bien resulta deseable que los partidos políticos gocen de menos recursos y canonjías, el hecho de que sean financiados con recursos públicos responde a la necesidad de dar mayor autonomía a los partidos con respecto a intereses y grupos. Dicho de otra manera, para evitar que grupos como el narcotráfico instrumentalizaran a los partidos mediante la transferencia de recursos financieros e impedir el lavado de dinero, se pensó en el financiamiento público como la mejor opción para el sustento de los instituciones partidistas.

Actualmente, existe un predominio del financiamiento público sobre el privado, lo que otorga una cierta equidad.

Es importante que los partidos obtengan recursos públicos conforme a la votación obtenida en la elección inmediata anterior, porque reflejan su legitimidad, pero es preciso tomar en cuenta distintas variables —la fiscalización de las fuentes de financiamiento privados, el crecimiento de la inflación y la transparencia— en la asignación de montos. Más relevante es que dichos recursos se utilicen racionalmente y que las campañas sean modestas.

En cumplimiento con las ofertas de campaña del presidente electo, la senadora morenista Delfina Gómez promovió una reforma al artículo 41 constitucional para disminuir a la mitad el financiamiento público a los partidos, bajo el argumento del despilfarro de los recursos asignados y de que es indispensable reasignarlos al de desarrollo social o educación. Visto así, el argumento es impecable, el problema es que esto tendría un efecto desastroso para el libre juego de partidos y el equilibrio de poderes.

Al parecer, las intenciones de Morena son disminuir al máximo el financiamiento a los partidos, dando preferencia a la relación voto-asignación de recursos. Así, Morena se llevaría la mayor parte, lo que complica aún más el tema de la equidad por ser partido en el gobierno. Eso resultaba normal en el sistema político posrevolucionario clásico, pero ahora resulta un despropósito mayúsculo, porque obstaculizaría la expresión de las minorías políticas en un sistema nominalmente democrático.

El partido que estará en el gobierno a partir del próximo 1 de diciembre llegó al poder gracias a que los recursos públicos sostuvieron una campaña ininterrumpida de su líder por 12 años y ahora pretenden fortalecerse restándole recursos financieros al PAN, al PRI y al PRD, lo que probablemente también desestimulará el surgimiento de nuevos partidos. Si se deja a esos partidos en la inanición económica, una de dos: tenderán a desaparecer o buscarán financiarse a través de los grupos que se opongan al régimen lopezobradorista… lo cual puede tener efectos nocivos y hasta perversos.

Por principio, cerrarle el grifo de recursos públicos a los partidos de oposición no es una mala medida en sí, lo es en las circunstancias actuales, cuando el legislativo y el ejecutivo se hallan en manos de un solo partido. Sobra decir que Morena tiene la mayoría suficiente para aprobar esta reforma que, al parecer, es medular para la tan pregonada cuarta transformación.

El problema a mediano y largo plazos es que será una camisa de fuerza para el sistema, que logrará desarticular la oposición que fue gobierno y la que, con todos sus defectos, permitió la alternancia en el poder. Parece que la intención es ahogar económicamente a los partidos de oposición para eliminarlos y facilitar el retorno al régimen de partido hegemónico. Lamentablemente, sería una involución derivada de las consecuencias del voto indiferenciado, es decir, es un efecto secundario de la pobre cultura democrática prevaleciente. La propuesta tiene un aroma a revancha; si esto es así, temo decir que nos enfilamos directamente a un régimen autoritario.

Fuente: El Economista.

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