El presidente electo adelanta que el país quedará fragmentado en 265 cuadrantes con presencia del Ejército y la Policía para frenar la ola de homicidios más grave de su historia

Andrés Manuel López Obrador ha presentado esta semana una nueva entrega de su estrategia de pacificación de México. Un plan que desde que ganó las elecciones el pasado julio ha ido desvelando por capítulos, pese a que se trata de una medida urgente para un país que atraviesa la etapa más sangrienta de su historia. El presidente electo ha adelantado este miércoles que México quedará segmentado en 265 cuadrantes con control del Ejército, la Marina y la Policía Federal. El objetivo: ejercer mayor control gubernamental sobre la compleja seguridad de un país federal, donde gran parte de la responsabilidad en esta materia depende del Gobierno de cada Estado. Una herramienta destinada también a combatir la ineficiencia y corrupción de las autoridades locales.

Las 265 regiones estarán marcadas según la incidencia delictiva de cada zona. De esta forma, habrá de tres tipos: de baja criminalidad, media y alta. Para cada una de ellas se destinará una cantidad de recursos proporcional a sus necesidades, según ha explicado este miércoles el presidente electo en una rueda de prensa. En las coordinaciones con poca incidencia delictiva, como por ejemplo en Yucatán, habrá alrededor de 300 agentes (entre militares y policías). Para las zonas más conflictivas, este número ascenderá a 450 (en las de media criminalidad) y hasta 600 uniformados en las más peligrosas.

Está previsto que a finales de este mes se dé a conocer el plan completo de pacificación del país, pues con este avance no queda claro cómo se organizarán y bajo qué criterio se instalarán estas 265 coordinaciones supraestatales. El anuncio ha planteado muchas dudas. “¿Por qué 265? Nadie de fuera de su equipo sabe cómo llegó a ese número. No es obvia la regionalización, no sabemos cuál va a ser la distribución, si responde a una lógica poblacional o territorial”, cuestiona el experto en temas de seguridad Alejandro Hope. Y añade que, en cualquier caso, se requerirá incrementar el número de militares y policías federales del que ya disponen las secretarías. “Se necesitaría duplicar el despliegue militar, porque habrá una media 450 militares o policías por cada zona. En total, unos 119.000 elementos. De ellos, serían alrededor de 100.000 militares, superando por 50.000 los efectivos del año pasado, donde ya hubo la tasa más alta de militarización del país”, explica Hope.

Para asegurar el despliegue, la semana pasada López Obrador anunció que en cuanto tome posesión en diciembre convocará 50.000 plazas para nuevos integrantes de las fuerzas armadas y la Policía Federal. “Para que los jóvenes nos ayuden y entre todos serenemos al país ofreciendo también condiciones laborales”, indicó. “Esto costaría como 25.000 millones de pesos y no se hace la noche a la mañana”, apunta el experto.

Durante la campaña y poco después de su victoria en julio, López Obrador anunció el retiro paulatino del Ejército de las calles, una medida que aplaudieron algunas organizaciones civiles, que han denunciado desde hace años violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas desde que en 2006 se emprendiera la guerra contra el narcotráfico —que dejado más de 200.000 muertos y más de 35.000 desaparecidos en 12 años—. No obstante, la realidad de México ha obligado a modificar las propuestas. “Con los niveles actuales de violencia sería ingenuo pensar en el retiro inmediato del Ejército de las calles. No hay fecha para sacarlos y sería inconsciente hacerlo”, reconocía en una entrevista a este diario el próximo secretario de Seguridad de López Obrador, Alfonso Durazo. Y añadía que “el objetivo es ir formando policías y reemplazarlos por los soldados”. En tres años calculaba que el retiro sería “significativo”. Ahora, con esta nueva medida se plantea, sin embargo, el aumento significativo del despliegue militar, mucho mayor al que haya tenido el país en los últimos años y ya no se menciona el regreso de los militares a los cuarteles.

La estrategia que ha adelantado este miércoles el presidente electo recuerda a la que emprendió cuando era jefe de Gobierno de la capital mexicana entre el año 2000 y 2005. En aquellos años, dividió también la Ciudad de México en cuadrantes para controlar la seguridad. La capital es la localidad con más policías por habitante de todo el país, con más de cuatro uniformados por cada 1.000 habitantes. “Pero además, se trata de un territorio pequeño y densamente poblado, fácilmente controlable. “¿Cómo hará para asegurar zonas como Chihuahua que tienen el tamaño de Reino Unido?”, se pregunta el analista. “Aún con el despliegue que propone, la presencia va a ser muy delgada para el resto del país. Habrá menos de uno por cada 1.000 habitantes y el modelo óptimo se encuentra en 1,8”, señala Hope.

A partir del 1 de diciembre, la seguridad nacional se convierte en uno de los grandes retos de la próxima legislatura. Ese día López Obrador comenzará a gobernar un país que nunca había vivido unos índices de violencia tan altos como hasta ahora: en 2017 murieron asesinadas 85 personas al día. En total, 31.174 —la gran mayoría por arma de fuego—, 6.615 más que en 2016 (un incremento del 27%) y más del doble que hace solo ocho años, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística. México se ha situado por primera vez en la tasa de 25 muertes por cada 100.000 habitantes, por delante del índice criminal de Colombia (24) y acercándose a la tasa brasileña (29), tradicionalmente muy superior, según los datos de consultora InSight Crime.

El país atraviesa además una situación muy diferente de la que vivió en la época de los grandes capos de la droga, por ello muchos analistas advierten de la necesidad de propuestas más innovadoras para un panorama más complejo. Desde la declaración de guerra interpuesta por el expresidente Felipe Calderón (que gobernó de 2006 a 2012) hasta ahora, la estrategia de seguridad nacional se ha centrado en la decapitación de los cárteles históricos y poderosos del país. Como fue la detención de Joaquín El Chapo Guzmán que provocó, además de una pelea por las plazas que habían quedado libres, la fragmentación de las bandas en grupos más pequeños, descentralizados y no solo interesados en el tráfico de drogas. Esto explica el aumento notorio de la criminalidad en zonas tradicionalmente seguras y al margen de la ultraviolencia del narco, como son Baja California Sur, Guanajuato y Quintana Roo.

El crimen se ha diversificado y abierto nuevas formas de negocio. “Ya no es solo el narcotráfico, es el robo de combustible, la extorsión, el secuestro… Esto hace que se dispersen a otras zonas. Antes estaba concentrado en las regiones de producción de drogas o cerca de la frontera. Ahora cualquier lugar es bueno”, explicaba hace unos meses el analista Hope. “La diversificación y dispersión de los cárteles ha provocado que veamos un cambio en el mapa: mientras que en 2010 el 24% de los homicidios se concentraban en Chihuahua y, concretamente, en el municipio de Ciudad Juárez; en 2017 no hay ni un solo Estado que concentre más de un 10% de los asesinatos”, añadía Hope. Se mata más que en plena guerra contra el narco y la muerte se ha extendido a nuevos territorios.

El plan que ha adelantado plantea, de momento, una problemática jurisdiccional. En México, más del 90% de las investigaciones se corresponden a delitos del fuero local, como es el caso de los homicidios. Con este sistema no queda tampoco aclarado a quién responderán los mandos, si al poder estatal o al federal. “No entiendo por qué el presidente electo insiste en presentar su estrategia de seguridad en aproximaciones sucesivas. Si ya habían anunciado que harán una presentación formal el 24 de octubre, ¿por qué no esperar a esa fecha y evitar generar más dudas y cuestionamientos?”, se pregunta Hope.

Fuente: elpaís

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