El presidente francés quiere centrar su reforma en la mejor acogida e integración de los refugiados.

Más restricciones a la entrada de inmigrantes y más expulsiones de sin papeles. El presidente francés, Emmanuel Macron, prepara un endurecimiento de la política migratoria en 2018. Elogiadas por la derecha y criticadas por las ONG y la izquierda, las medidas, algunas ya en vigor, contemplan por ejemplo que las autoridades puedan entrar en los centros de albergue para controlar a los inmigrantes que ahí residen. La prioridad, para Macron, es identificar a las personas que huyen de persecuciones por motivos políticos, por su etnia, religión… o de países en guerra y acelerar los procedimientos de asilo, y rechazar al resto. En Francia, país de 67 millones de habitantes, viven 4,2 millones de extranjeros y unos 300.000 indocumentados, según datos del Ministerio del Interior.

La política migratoria será uno de los huesos en el segundo año de la presidencia de Macron, vencedor en las elecciones de mayo ante la líder de la extrema derecha del Frente Nacional (FN) Marine Le Pen. Francia no es el país con más inmigrantes de Europa occidental, y está lejos de ser el que acogió más refugiados tras la crisis de 2014, dos conceptos —inmigrantes y refugiados— distintos pero que con frecuencia se confunden y engloban en las mismas políticas. La gran diferencia es que los refugiados tienen derecho a una protección legal. En 2014 y en 2015, de todos los que llegaron a Europa en busca de asilo, la mitad lo hicieron a Alemania, más de un millón. A Francia llegaron 145.000 (a España 25.000). El objetivo de Macron es distinguir entre las personas que realmente pueden aspirar al estatuto de asilado y quiénes no. E iniciar los procedimientos para deportar a estos últimos.
“Si acogiéramos a todo el mundo no podríamos hacerlo en buenas condiciones. Hemos decidido acoger a quienes son refugiados de zonas de guerra, a quienes son prisioneros políticos, pero al mismo tiempo intentar una política que permita que las migraciones económicas se gestionen de otra manera”, dijo recientemente el ministro francés del Interior, Gérard Collomb, en una entrevista con la cadena de radio RTL. “Quienes no obtengan el derecho de asilo deben ser expulsados”, añadió. Y reveló que las expulsiones o deportaciones habían aumentado un 14% en los 11 primeros meses de 2017.

Dos circulares recientes del Ministerio del Interior, que marcaban las directrices para los funcionarios que se ocupan de la inmigración y el asilo, han encendido el debate. La circular del 20 de noviembre ordenaba acelerar la expulsión de las personas que hubiesen visto rechazada su demanda de asilo. La del 12 de diciembreprescribía que brigadas móviles formadas agentes del ministerio pudieran entrar, previo aviso, en albergues para controlar el estatuto migratorio de los inquilinos. Según Collomb, hoy viven unas 100.000 personas en estos centros, un tercio de las cuales han visto rechazado el estatuto de refugiado y por tanto deberían abandonar Francia.

“En la práctica, se trata de la violación de un principio fundamental de la República”, comenta Patrick Weil, historiador de la inmigración, autor de varios libros de referencia sobre el tema y asesor del primer ministro socialista Lionel Jospin a finales de los noventa. “Cuando un niño llega a la escuela, no se le piden los papeles. Cuando un enfermo se presenta al hospital, no se le piden los papeles. Y cuando una mujer, un niño, un hombre carece de alojamiento, y es invierno, no se le piden los papeles para ofrecerle una cama donde dormir”. Weil sostiene que “perfectamente podemos devolver a las personas a sus países sin cuestionar el derecho a dormir, a acceder a cuidados médicos y, para los niños, a ir a la escuela. Este es el límite que se está cruzando, una línea roja que ningún Gobierno había cruzado desde la Segunda Guerra Mundial”.

Desde posiciones progresistas, se reprocha a Macron aplicar “una política migratoria muy dura” que rompe con su discurso “a la vez humanista y pragmático” durante la campaña, como ha escrito Le Monde en un editorial. Desde la derecha no deja de recibir elogios, incluso del FN, que ha aplaudido los controles en los centros de albergue.

“Yo no puedo dar papeles a todas las personas que no tienen”, dijo recientemente el presidente. “No podemos acoger toda la miseria del mundo, como decía Michel Rocard”, añadió, citando una frase célebre de quien fue primer ministro socialista en los años ochenta, y uno de los mentores de Macron.

El discurso de Macron es más coherente de lo que parece. Ya en la campaña insistió en diferenciar entre los refugiados y los inmigrantes económicos. “Examinaremos las demandas de asilo en menos de seis meses, recursos incluidos. Es necesario acoger dignamente a los refugiados que tienen derecho a la protección de Francia”, se leía en el programa electoral. “Los demás serán revueltos de inmediato a sus países para que no se conviertan en inmigrados clandestinos”.

La inmigración ha dominado los grandes debates franceses desde el final de la Primera Guerra Mundial, cuando las pérdidas humanas derivadas de la guerra llevan a una apertura a inmigrantes de países europeos, hasta los debates en la última década que indiscriminadamente mezclan inmigración con la identidad nacional, con la integración de los musulmanes franceses e incluso con el terrorismo yihadista. Weil habla de “un malestar de los franceses en su propia identidad y en su relación con un cierto número de compatriotas, a quienes asocian a los recién llegados”. Y eso que, añade, “el número es tan poco importante comparado con los que ha acogido Alemania”.

La ley anunciada, que debe presentarse en la próxima primavera, supondrá “una refundación completa de la política de asilo y de inmigración”, según Macron. Prevé un mayor control de los flujos en los países de origen y una política de ayuda al desarrollo más eficaz; una mejora de la acogida a los recién llegados; un aumento de las deportaciones; y políticas de integración para quienes se queden.

Al proponerse “refundar” las políticas de inmigración, el presidente se mira en el espejo del general De Gaulle. De Gaulle aprobó en 1945, tras la Segunda Guerra Mundial, un decreto que renunciaba a las cuotas por países —sistema que había estado en vigor, por ejemplo, en Estados Unidos— y establecía que “las necesidades de mano de obra determinarían los flujos de inmigrantes”, según cuenta Patrick Weil en el libro Le sens de la République (El sentido de la República). La llamada “refundación” también responde a una estrategia que domina la presidencia de Macron: abordar de raíz los temas que preocupan a los votantes del FN para evitar su ascenso. Y ningún tema está tan ligado a los éxitos de este partido extremista, desde los años setenta, como la inmigración.

Fuente: El País.

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