1_saludmenosquepartidosCiudad de Mexico (SINEMBARGO).- El acceso a los servicios de salud en el país es un derecho universal establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su artículo cuarto dice: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud”.
Sin embargo, este rubro no es de los aspectos que más impacto tenga en la administración actual, presidida por Enrique Peña Nieto, pues para este año la Federación destinó 134 mil 847 millones de pesos para la procuración de 121 millones de mexicanos; es decir aproximadamente mil 114 pesos por ciudadano.
En contraste, a pesar de que a inicios de 2015, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció un recorte presupuestal de 124 mil 300 millones de pesos, el dinero asignado a partidos políticos aumentó 2.5 por ciento en comparación con 2014, sin contar el rubro designado a campañas electorales.
El Ramo 12, que es el que garantiza el derecho a la salud de toda la población mexicana y que administra 37 programas presupuestarios, tuvo un ajuste por 3 mil 339 millones de pesos, asociado a reducciones en prestación de servicios en diferentes niveles de atención a la salud (mil 183 millones de pesos); al Seguro Médico Siglo XXI (593 millones de pesos), y para Proyectos de Infraestructura Social de la Salud (400 millones de pesos), según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP).
El presupuesto aprobado a salud, en comparación con el de 2014, representa un incremento real de 0.1 por ciento.
En cambio, el financiamiento que los 10 partidos políticos recibirán a lo largo de 2015, es el más alto de los últimos 18 años. El Instituto Nacional Electoral (INE) asignó un total de 5 mil 199 millones 695 mil pesos que deben ser utilizados para gastos de campañas, educación, capacitación política, investigación, para sueldos y salarios, además de un 2 por ciento adicional para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres.
Esa cantidad podría traducirse en 47 hospitales regionales o cinco en el Distrito Federal.
De acuerdo con cifras de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, el número de unidades de salud aumentó 14 por ciento, el de establecimientos con servicios de hospitalización 23 por ciento y el número de camas de hospital 13 por ciento.
Rogelio Gómez Hermosillo, el coordinador de la organización, calificó de inaceptable que el único presupuesto que no se recorte sea el de los partidos políticos, contrario al de sectores básicos como lo es del de salud.
“Si de verdad se quiere tener inercia y arrancar del presupuesto base cero, se necesita reducir ese dinero. El problema es que eso requiere una reforma constitucional que tiene que ser aprobada por los diputados y senadores de esos partidos. La ciudadanía debería ser más exigente en que no se recorte lo que sí es importante”, comentó en entrevista para SinEmbargo.
Agregó que cuestiones como las compensaciones, bonos, costos de representación y comunicación, también deben eliminarse, ya que no le dan ningún resultado a la gente: “Es ahí donde se tiene que hacer el recorte, no en la prestación del servicio. Puede recortarse en la burocracia y en sus gastos, pero no en lo que va a llegar al ciudadano”.
Para el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el gasto que México destina a salud está muy por debajo del promedio que los países mas desarrollados gastan en este rubro.

“Por tanto, si queremos hablar de universalizar los servicios de salud en México, deberíamos empezar por unificar paquetes de salud, hacer el gasto en salud más eficiente y evaluar si éste debería aumentar y finalmente disminuir considerablemente el gasto privado”, plantea.

El reparto del pastel
El Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) son quienes más financiamiento reciben: mil 142 millones y mil 360 millones respectivamente. Le siguen el Partido de la Revolución Democrática (PRD), con 870 millones de pesos; el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con 429 millones 12 mil 13 pesos; el Partido del Trabajo (PT), con 374 millones de pesos; Nueva Alianza (Panal), con 355 millones 519 mil pesos; Movimiento Ciudadano (MC), con 352 millones 664 mil pesos, y los partidos Humanista, Encuentro Social y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), con 105 millones 166 mi pesos cada uno.
Este dinero es resultado de la multiplicación del número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral (para 2015 había 85 millones 801 mil 510 personas inscritas), por el 65 por ciento del salario mínimo vigente en el Distrito Federal. De esa cantidad, el 35 por ciento del total es entregado de forma igualitaria a los partidos que tienen representación en alguna de las cámaras del Congreso. El otro 70 por ciento se distribuye según el porcentaje de la votación nacional emitida.
La Ley General de Partidos Políticos, en sus artículos 50 y 51, estipula que los partidos tienen el derecho a recibir dinero para desarrollar sus actividades financiamiento público y también, derecho al financiamiento público de su estructura, sueldos y salarios.
Por su parte, el gasto en salud está definido por la cantidad de personas que en determinado momento experimentarán la necesidad de recibir un tratamiento médico para curar una o varias enfermedades y que en realidad lo reciban. Dado que esto no es posible saberlo con anticipación y certeza, las estimaciones clave para realizar posibles proyecciones incluyen el cambio demográfico, la transición demográfica, los factores que ponen en riesgo a que una persona contraiga alguna enfermedad, entre otras.
El factor principal de riesgo en nuestro país es la presencia de sobrepeso y obesidad, el cual deriva en enfermedades como diabetes, hipertensión y enfermedades del corazón.
Por estas razones, es muy probable que si actualmente ni el presupuesto, ni la infraestructura, ni el personal designado a salud es suficiente, en unos cuantos años esta situación se agrave, tomando en cuenta que el 50 por ciento del gasto en salud sigue siendo privado y el gasto público no ha presentado aumentos considerables, de acuerdo con un estudio del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas señala que el presupuesto aprobado al Ramo 12 “Salud” busca el fortalecimiento de las funciones sustantivas del Sistema Nacional de Salud (rectoría, financiamiento, generación de recursos y prestación de servicios); dando prioridad presupuestaria real a través de incrementos a programas como: Proyectos de Infraestructura Social de Salud (53.2 por ciento), Reducción de Enfermedades Prevenibles por Vacunación (34.9 por ciento), Prevención y Atención de VIH/SIDA y Otras ITS (13.7), Atención a la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud (10.9 por ciento), entre otros.
Sin embargo, la mayor parte del presupuesto en salud se ejercerá en programas que brindan cobertura financiera o prestación de servicios públicos de atención a la salud, a través del Seguro Popular, Prestación de Servicios en los Diferentes Niveles de Atención a la Salud y PROSPERA Programa de Inclusión Social, que en conjunto concentran 73.5 por ciento del total del presupuesto asignado al Ramo 12.
De acuerdo con Gustavo Leal Fernández, investigador de salud de la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Xochimilco, la actual administración no ha respondido a las principales demandas del sector que tienen que ver con la mejora de los servicios, la ampliación del catálogo de beneficios en el Instituto Mexicano el Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), pues los mexicanos están muriendo de epidemias crónico degenerativas como cáncer, diabetes, hipertensión y SIDA.
En ese contexto, el gobierno ha restringido paulatinamente el catálogo de beneficios, incluso los que ofrece el Seguro Popular.

¿Para qué serviría el subsidio a partidos?
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015, con el subsidio a los partidos se podrían cumplir los objetivos de infraestructura que se plantean en el programa y sobrarían 3 mil 135 millones de pesos.
Esto es: se cumpliría con la infraestructura y equipamiento de dos hospitales, se construirían dos hospitales de 60 camas, una clínica de fertilidad y biología de la reproducción, un hospital comunitario, una nueva torre de especialización en el Instituto Nacional de Cancerología, y un andador peatonal que conduzca a la comunidad de Coyuca de Benítez, Guerrero a su unidad médica.
Para la atención de grupos focalizados y grupos vulnerables sucede lo mismo. El financiamiento para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas, fue de 4 mil 866 millones 492 mil 344 pesos, divididos en rubros como Atención a la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud (10 millones 36 mil pesos), Cuotas, apoyos y aportaciones a Organismos Internacionales (9 millones 800 mil pesos), Programa comunidades saludables (47 millones 654 mil pesos), PROSPERA Programa de Inclusión Social (971 millones 999 mil pesos), Unidades Médicas Móviles (137 millones 553 mil pesos) y en el Seguro Popular ( mil 409 millones 747 mil pesos).
En las erogaciones para el gasto de los jóvenes, se destinan 409 millones 260 mil 995 pesos y al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se le asignaron mil 738 millones de pesos para la atención a la salud reproductiva de este sector de la población.
Lo asignado a partidos políticos equivale al monto que se destinó a Chiapas, Durango, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, Puebla y Zacatecas para el Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad, y supera el de 22 estados, además, es cinco veces mayor a lo que recibió Baja California Sur.
En cuanto a las erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, el Estado destinó 5 mil 127 millones 540 mil 16 pesos. Este sector engloba programas como el de formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud, prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud, reducción de enfermases prevenibles por vacunación, prevención y atención de VIH/SIDA y otras Infecciones de Transmisión Sexual, en el Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable, en la reducción de la mortalidad materna y calidad en la atención obstétrica, y en la prevención y control de sobrepeso, obesidad y diabetes.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2012, el 70 por ciento de los mexicanos padece sobrepeso u obesidad. Y mientras que en el 2006, el 14 por ciento de los adultos mayores de 20 años tenía diabetes, para el 2010 el problema se iba a agraviar al punto de las estimaciones establecieron que uno de cada 10 nacidos iba desarrollar la enfermedad, de acuerdo con información de El Poder del Consumidor.
En declaraciones de la titular de la Secretaría de Salud, Mercedes Juan López, más de la mitad de los recursos del sector salud van para atender la obesidad y sus complicaciones.
“No hay recursos que alcancen en el sector público ni en el sector privado para poder atender las enfermedades crónicas no transmisibles, solamente el tema de la obesidad nos lleva más de la mitad de los recursos del sector pública en materia de salud”, dijo.
La organización EPC estuvo de acuerdo con la insuficiencia de recursos, pero expuso que el problema es que las autoridades siguen pensando en paliar los efectos y no en reforzar una estrategia de prevención del sobrepeso y la obesidad.

Una oportunidad en las manos
Especialistas en el tema explicaron que el criterio Presupuesto Base Cero que planteó la SHCP para el próximo año debe meter a la agenda el tema de cuánto se destina para este sector y sobre todo para cuestiones de prevención de enfermedades.
Recomendaron al gobierno mexicano invertir en mejores condiciones de atención primaria, educación, bienestar infantil y programas de prevención que gastar millones de pesos en intentar reparar o mitigar el daño.
Durante su vista a México, el Premio Nobel de Economía 2000 James Heckman aseguró que ante la pobreza infantil y la mala salud de los mexicanos, el Gobierno federal debe implementar estrategias adecuadas que inviertan en programas de prevención y no en programas de “remediación tardía”.
El economista agregó que también hay un severo problema de pobreza infantil y de salud en los mexicanos, por lo que el Gobierno federal debe implementar estrategias adecuadas que inviertan en programas de prevención y no en programas de “remediación tardía” los cuales tomarse en cuenta en el Presupuesto Base Cero

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