En febrero de este año, comenzó una férrea batalla de señalamientos por supuesta corrupción entre los aspirantes a la Presidencia de la República Ricardo Anaya Cortés y José Antonio Meade Kuribreña.

Atrás quedaron los halagos con los que el panista se refería a su contrincante: “un mexicano del que nos sentimos profundamente orgullosos” y un hombre de “extraordinaria calidad humana”. Hoy, Anaya amenaza con llevar a Meade ante la justicia.

El candidato del PRI, por su parte, también endureció su discurso. Pasó de los señalamientos velados a llamarlo “vulgar ladrón”.

A la par, Andrés Manuel López Obrador ha sido blanco de los ataques de ambos. Pero en este pleito figura, en realidad, como un observador que se ve beneficiado.

Ricardo Anaya Cortés y José Antonio Meade Kuribreña se han acusado de corrupción durante meses y no repuntan. Su estrategia los estanca en una lucha por el segundo lugar de las preferencias electorales y los aleja de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien se consolida en la primera posición. Más allá de los señalamientos, Ambos han quedado a deber explicaciones sobre asuntos que siguen arrastrando.

“Tú, José Antonio [Meade], y tu jefe [Enrique Peña Nieto] van a enfrentar la justicia cuando yo sea Presidente de México”, amenazó el candidato de la coalición “Por México Al Frente” en el pasado debate. Esto en respuesta a lo dicho por Meade, quien refirió que “el único que está indiciado por un delito es Ricardo [Anaya]”.

Aquél, fue uno de los momento más tensos del encuentro y parte de un conflicto que arrastraban desde hace meses.

Febrero fue un parteaguas para Ricardo Anaya y José Antonio Meade. Hasta entonces, sus ataques se enfocaban en frenar la popularidad del político tabasqueño, quien desde enero no paró de crecer en las encuestas. Y hasta entonces, los ataques entre los candidatos de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) fueron más sutiles que ahora, aunque no menos evidentes.

Por ejemplo, a finales de febrero de este año, Anaya lanzó su primer gran crítica en contra de Meade, por aparecer retratado junto a Gabriel Mendicuti, otrora secretario de Gobierno del ex Gobernador priista Roberto Borge Angulo, encarcelado en enero por corrupción.

Poco antes, en un evento de proselitismo político realizado el 22 de enero en Quintana Roo, el abanderado de el “Frente Por México” tildó a Meade de ser “cínico” e “incongruente” por presentarse en la entidad y hablar de la lucha anticorrupción, siendo un personaje cercano a Mendicuti, quien fue arrestado 24 horas después de reunirse con el ex Secretario de Hacienda.

“El PRI hablando de combatir la corrupción cuando su candidato está rodeado de corruptos”, fue la sentencia del panista. Así empezó la serie de acusaciones para ligarlo a los gobernadores que arrasaron con el erario público. Sin embargo, aún no señalaba a Meade por supuestos casos de corrupción ligados a su desempeño como Secretario de Desarrollo Social y de Hacienda y Crédito Público.

A inicios de febrero, Meade tampoco mencionaba que Anaya lavara dinero a través de empresas fantasma. Fue sutil en un principio. Sus primeros ataques iban ligados a la transparencia y a la rendición de cuentas y ni siquiera tuvo que decir el nombre del político queretano para embarrarlo.

“Quienes pretendemos gobernar a México, debemos ser los primeros en probar que somos congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Entre lo que declaramos y lo que tenemos”, reza un mensaje de Twitter de Meade, del 5 de febrero de 2018.

Dos días antes, la revista Proceso publicó que, según documentos oficiales, en 2010 la Fundación por más Humanismo -creada por Anaya un año antes- recibió un depósito de un millón 650 mil pesos del empresario Abraham Jaik Villarreal, dueño de JV Construcciones Civiles.

De acuerdo con la investigación, con ese dinero Anaya adquirió un terreno donde construyó un edificio que, en 2016, vendió en 7 millones 854 mil pesos a la empresa Agacel Agregados y Asfaltos, copropiedad de Lorena Jiménez Salcedo, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Querétaro y ex secretaria particular del Gobernador panista Francisco Domínguez Servién.

JV Construcciones Civiles se habría quedado con 3 millones 209 mil pesos. Y según Proceso, 3 millones 350 mil pesos habrían ido a parar a DG Diseño y Construcciones, propiedad de Eduardo de la Guardia Herrera, vocal de la Fundación por más Humanismo.

El mismo día de la publicación de este artículo, el entonces presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza, compartió un video en el que Anaya elogia a Meade diciendo que el abanderado priista es “un mexicano del que nos sentimos profundamente orgullosos”, y quien es un hombre de “extraordinaria calidad humana”.

Las tensiones entre Meade y Anaya se fueron cociendo a fuego lento durante los primeros meses de campaña política. Y el 11 de febrero, Anaya reventó en contra del ex Secretario de Hacienda. Dijo entonces, desde Veracruz, que Meade representaba lo mismo que el ex Gobernador Javier Duarte de Ochoa: corrupción.

Sin embargo, en ese mismo evento, se hizo evidente la batalla de fondo. Anaya se enfocó en decirle a sus simpatizantes que la campaña de AMLO estaba “completamente estancada” y que la de Meade “se desfondó”. Y remató diciendo que “ya estamos en empate técnico en el primer lugar [con AMLO] y el PRI ya no tiene absolutamente ninguna posibilidad”.

Fue a finales de febrero, cuando a Ricardo Anaya le explotaron los cuestionamientos por la cantidad de dinero que generaba y cuyo origen era opaco. Y también, a finales de febrero, el PAN comenzó a responsabilizar a Meade de un presunto desvío de recursos por más de 500 millones de pesos, cuando fue titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Coincide que a partir del 12 de febrero, de acuerdo con el Barómetro Electoral de Bloomberg -cuyas cifras están basadas en los promedios de las encuestas según su calidad y metodología- la distancia de Anaya sobre Meade (que era de 12.1 puntos porcentuales) comenzó a desdibujarse paulatinamente.

Meade empezó a escalar y Anaya a debilitarse. El 14 de marzo, ambos empataron con 24 puntos (AMLO los superaba con 17.5 puntos). De allí en adelante, comenzarían a separarse. Anaya con tendencias positivas y Meade con perspectivas negativas. Pero a finales de abril, lo mismo que sucedió en febrero se repitió. Meade comenzó a repuntar y Anaya a decaer.

Durante este tiempo, Anaya consolidó sus ataques contra Meade (acusándolo de encubrir al PRI) y Meade sus ataques en contra de Anaya (por supuestamente haber lavado dinero y haberse enriquecido de manera ilícita).

En junio, Bloomberg reflejó que mientras AMLO rompía un nuevo récord (con el 52 por ciento de las preferencias electorales), la brecha entre Meade y Anaya se cerraba (era de siete puntos a favor del panista).

Hasta la fecha, Anaya no ha superado su nivel más alto, registrado a mediados de febrero con 31.4 puntos porcentuales (hoy es de 25 puntos, en promedio). Tampoco Meade, cuyos 20 puntos en la actualidad, no alcanzan los 29.3 de principios de enero. Y mientras ellos están estancados, López Obrador avanza, según la media de ejercicios demoscópicos más recientes.

LOS TRAPITOS SUCIOS

Los candidatos del PAN y del PRI se encuentran en una batalla de fuego cruzado, en la que hay intercambios de acusaciones por presuntos actos de corrupción.

Inclusive entre el primer y segundo debate presidencial las dinámicas cambiaron. Un conteo de SinEmbargo arrojó que en cada debate, Anaya atacó cuatro veces a Meade. Y Meade, por su parte, primero atacó en dos ocasiones al panista. Para el segundo evento, realizó cinco.

En cambio, en el tercer debate, ambos candidatos bajaron la intensidad de sus ofensivas (hubo seis ataques entre ellos). En cambio se volcaron, como nunca, en contra de López Obrador.

Mientras que a Ricardo Anaya lo persiguen casos de lavado de dinero relacionados con una nave industrial en su estado natal, Querétaro, y acusaciones por usar su fundación para enriquecerse, además de utilizar recursos de dudosa procedencia para alimentar sus gastos de campaña política, a Meade, quien se maneja como el candidato presidencial más honesto y responsable, lo ensucian su paso por las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) -donde hubo presuntos desvíos de recursos- y de Hacienda y Crédito Público (SHCP) -desde donde habría encubierto casos de corrupción-, así como su cercanía con ex gobernadores corruptos.

A mediados de febrero, por ejemplo, volvió a causar polémica uno de los negocios de Anaya: entre 2014 y 2016, compró y vendió un terreno en Querétaro. Lo adquirió por poco más de 10 millones de pesos y a los dos años de la compra, construyó siete mil metros cuadrados de una nave industrial que vendió en 54 millones de pesos.

Hoy, le es cuestionada la cantidad de dinero que genera y que no esclarece -a cabalidad- de dónde sale; también su presunta liga y “amistad” con Manuel Barreiro Castañeda, empresario investigado por la Procuraduría General de la República (PGR) por lavar dinero a través de empresas fantasma, quien junto con Anaya habría hecho tejes y manejes para enriquecerse a partir de “inflar avalúos”.

Previo al tercer debate, en Yucatán, Meade revivió estas acusaciones diciendo que Anaya es un “vulgar ladrón que desde el poder se robó el dinero, que lo cacharon y debe de pagar las consecuencias”.

Un día antes, Vanessa Rubio, jefa de la oficina de campaña de José Antonio Meade, aseguró que el abanderado de la coalición Por México al Frente “no debería estar siquiera compitiendo” por la Presidencia de la República ya que es acusado de lavado de dinero y corrupción.

La ex subsecretaria de Hacienda recordó, por medio de un video, el supuesto uso de la Fundación por más Humanismo para desviar dinero. Luego mencionó la relación de Anaya con las empresas fantasma de Manuel Barreiro.

Las acusaciones se dan luego de que, por medio de redes sociales, fuera difundido material gráfico con presuntas pruebas de que los hermanos Juan y Manuel Barreiro hicieron operaciones para hacer llegar dinero a la campaña de Ricardo Anaya. El monto que mencionan es de 80 millones de pesos.

Por su parte, Anaya refirió que “el contenido del video es totalmente falso” y que forma parte de “una estrategia orquestada e impulsada por el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto para dañar [su] candidatura”. Según el panista, lo atacan por decir que Enrique Peña Nieto es corrupto y que, de ser culpable, lo meterá a la cárcel.

Ulterior a los señalamientos, una revisión hecha en febrero por la Unidad de Datos de SinEmbargo arrojó que Anaya dejó de hacer públicas sus declaraciones patrimoniales sobre la década de 2000 a 2010, y luego, entre 2013 y 2014.

Anaya, luego de verse involucrado en señalamientos de supuesto lavado de dinero por la compraventa de un terreno y una nave industrial en Querétaro, que implicó una transacción de 54 millones de pesos, publicó una aclaración patrimonial en la que asevera que, entre él y su esposa, tienen ingresos anuales por cinco millones 484 pesos. En cambio, sus gastos ascienden a tres millones 648 mil pesos al año.

De acuerdo con Anaya Cortés, tanto él como su cónyuge poseen varias propiedades heredadas (más de cuatro). El resto ha sido fruto de 17 años de trabajo, años en los que dice haber tenido “la oportunidad de hacer ahorros importantes a partir de mis ingresos. He invertido mi patrimonio inicial y mis ahorros en locales comerciales, y ahora he comenzado a invertir en el negocio de naves industriales”.

No obstante, a ojos del escrutinio público, sus finanzas son poco claras y levantan sospecha.

Las acusaciones en su contra no han sido probadas. Pero Anaya ha sido incapaz de refutarlas con precisión. Hoy, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) tiene en sus manos el caso de supuesto lavado de dinero por parte del panista.

El 10 de enero de 2018, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó tres denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el mal uso de casi 540 millones de pesos en 2015, derivado de transacciones realizadas entre la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y tres universidades. Ese año, Sedesol estuvo encabezada por Rosario Robles Berlanga y por José Antonio Meade Kuribreña.

El 26 de febrero, la coalición “Por México al Frente”, en la voz de Damián Zepeda, dirigente nacional del PAN, responsabilizó a Meade del presunto desvío de recursos. De acuerdo con Zepeda, Meade es cómplice y responsable directo de este desvío, en el que hubo simulación de pagos de servicios.

Durante el proceso, Meade habría permitido que varios contratos fueran falsificados y modificados para ajustar la fecha de terminación, de modo que no lo implicaran.

En respuesta a los señalamientos de Zepeda, la oficina del abanderado priista respondió diciendo que el Frente “intenta engañar a la opinión pública al querer imputar hechos derivados de contratos que fueron firmados antes de la llegada de José Antonio Meade a la Secretaría de Desarrollo Social”. Asimismo, explicó que durante su gestión fueron realizadas diversas auditorías “que derivaron en la suspensión de 468 servidores públicos y en la presentación de diversas denuncias penales”.

Además, el equipo de campaña de Meade llamó a Ricardo Anaya “a no intentar desviar la atención sobre las graves acusaciones que han sido formuladas en su contra por haber sido beneficiario de un esquema de lavado de dinero mediante el uso de empresas que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha calificado como fantasmas”.

Inclusive, Meade es acusado de encubrir al ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quien estaría implicado en una intrincada red de desvíos de recursos por más de 7 mil millones de pesos a favor del PRI.

En marzo de 2016, señala la oposición, el abanderado del PRI visitó Veracruz para la firma de un convenio entre la Sedesol y empresarios locales de la Asociación de Industriales del Estado. Ahí estuvo el polémico mandatario y meses después huyó del país.

Meade y Anaya continuaron acusándose por meses. El enriquecimiento opaco y las empresas fantasma fueron materia de crítica en contra del panista. La gestión de Meade en la SHCP -que causó “los estragos del gasolinazo”- y su paso por la Sedesol, fueron recordados, una y otra vez, por Anaya.

El 23 de marzo, Anaya sumó una acusación más en contra de su oponente. Dijo que durante su gestión como Secretario de Hacienda perdonó al ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez.

“Me parece verdaderamente grave que hayan ocultado el que se había exonerado a César Duarte cuando José Antonio Meade era el Secretario de Hacienda y por lo tanto tenía a su cargo la Unidad de Inteligencia Financiera. Me parece que le debe una explicación muy seria al pueblo de México”, disparó el candidato frentista.

Ese día de marzo, el diario Reforma dio a conocer que en febrero de 2017, la Unidad de Inteligencia Financiera decidió no presentar una denuncia en contra de César Duarte porque no encontró indicios de que su dinero fuera ilícito. Para esto, el SAT y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) -dependientes de la Secretaría de Hacienda- concluyeron que Duarte estaba limpio.

El ex Gobernador es señalado de no poder explicar una inversión de 65 millones de pesos con los que adquirió el 15 por ciento de las acciones del Banco Progreso Chihuahua, con un ingreso mensual como funcionario de 120 mil 245 pesos mensuales.

Meade se defendió entonces diciendo que las evaluaciones emanadas de la SHCP eran técnicas y que ellos exigieron que las investigaciones continuaran hasta que se deslindaran responsabilidades.

En Yucatán, Anaya refirió que “ahí como lo ven, ese candidato del PRI, con esa carita de mosquita muerta que tiene, la verdad, la verdad es que es un cínico corrupto igual que todos los del PRI. Y el 1 de julio, a punta de votos, los vamos a poner en su lugar y les vamos a ganar”.

Y ya al calor del debate, el panista también sacó a relucir la supuesta relación de Meade con el escándalo de Odebrecht. Mostró un papel y espetó: “Aquí hay un decreto que te involucra en el último gran escándalo que se llama Odebrecht”.

Ante ello, el ex funcionario de la Secretaría de Energía prefirió eludir las acusaciones dirigiendo sus afrentas en contra de López Obrador.

Más allá de los señalamientos, lo cierto es que durante 10 años consecutivos, de 2002 a 2012, José Antonio Meade Kuribreña no estuvo de acuerdo en hacer de conocimiento público su declaración patrimonial y de intereses, de acuerdo con una revisión hecha en febrero por la Unidad de Datos de SinEmbargo. Fue hasta abril de este año que publicó su declaración “3de3”.

Fuente: sinembargo

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