Eugenio Hernández Flores, que gobernó el estado fronterizo de 2005 a 2010, es acusado de lavado de dinero.

El Gobierno mexicano ha concedido a Estados Unidos la extradición de Eugenio Hernández Flores, exgobernador de Tamaulipas. El político, detenido el 6 de octubre del año pasado en Ciudad Victoria (capital de ese Estado del noreste del país) deberá enfrentar acusaciones por asociación delictuosa para lavar dinero que ha formulado en su contra la Corte Federal del Distrito Sur de Texas. La Embajada de EE UU había solicitado a la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana la extradición desde diciembre pasado, pero una serie de recursos legales promovidos por la defensa había impedido que se concretara el proceso.

La Secretaría de Relaciones Exteriores ha informado del proceso a través de un comunicado y ha aclarado que Hernández cuenta con la posibilidad de interponer un recurso de juicio de amparo para inconformarse. “Esta Secretaría informa que al momento de analizar y resolver sobre una solicitud de extradición, no prejuzga respecto de la culpabilidad o inocencia de un reclamado en la comisión de los delitos que se le atribuyen, dado que el procedimiento de extradición es un procedimiento administrativo en el cual, por disposición de ley, esta Secretaría únicamente debe verificar que se cumplan los requisitos previstos en el Tratado aplicable”, destacó en una misiva.

Hernández Flores, quien gobernó Tamaulipas de 2005 a 2010 postulado por el gubernamental Partido Revolucionario Institucional (PRI), enfrenta acusaciones en una corte de Texas, en Estados Unidos, de conspiración para blanquear dinero junto a su cuñado Óscar Gómez Guerra. El 19 de junio de 2015, el Departamento de Justicia de EE UU anunció que buscaba confiscar 30 millones de dólares al político mexicano. En la acusación también se incluía un aviso de confiscación penal de cuatro propiedades -tres de ellas en McAllen y una en Austin- valoradas en más de dos millones de dólares. En un comunicado la justicia estadounidense informó en ese entonces que si ambos eran declarados culpables del ilícito de lavado de dinero tendrían que enfrentar hasta 20 años de prisión federal y una multa económica.

Su aprehensión en México el año pasado se debió a una investigación que seguía la Fiscalía local del Gobierno encabezado por Francisco García Cabeza de Vaca, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), quien asumió el cargo en octubre de 2016 y  prometió investigar a los exgobernadores Hernández y Tomás Yarrington. El exmandatario Hernández fue acusado por la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas de haberse apropiado de un inmueble que era patrimonio del Gobierno local y fue procesado por los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. “El origen de la averiguación es apartir de la apropiación de una superficie de 1,600 hectáreas que pertenecen al patrimonio del Estado, localizadas en el Puerto Industrial de Altamira, mismo que actualmente tiene un valor de 1,584 millones de pesos”, se informó entonces en un comunicado.

El político de 59 años no es el único exmandatario de Tamaulipas que tiene pendientes ante la justicia. Tomás Yarrington (1999-2005) está preso en Italia desde el 9 de abril del año pasado y enfrenta un proceso de extradición a México para ser procesado por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Manuel Cavazos Lerma, actual senador de la república por el PRI y exgobernador de ese Estado (1993-1999), fue investigado en el gobierno de Felipe Calderón (PAN) por presuntos vínculos con el narco, aunque las acusaciones nunca se probaron.

Tamaulipas es un Estado sumido en la violencia desde que el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) declaró la guerra contra el narco. Los Zetas y el Cártel del Golfo han mantenido una disputa por el control del territorio por su importancia geográfica: es frontera con Estados Unidos. En las elecciones de 2010 el entonces candidato del PRI a Gobernador, Rodolfo Torres Cantú, fue asesinado seis días antes de la elección. Su hermano fue nombrado candidato sustituto y ganó los comicios. En los comicios de 2016 el PRI perdió el poder tras gobernar ininterrumpidamente durante 86 años.

Cabeza de Vaca, quien ganó la elección, criticó el contubernio de sus antecesores con el crimen organizado. “La magnitud de la violencia criminal en Tamaulipas no es producto de la casualidad, esto es producto de la irresponsabilidad y complicidad de quienes entregaron a la delincuencia, lo más sagrado que tenemos los tamaulipecos después de la vida, que es nuestra libertad”, declaró a medios locales en noviembre de 2016,, un mes después de asumir el cargo. Sin embargo, el gobierno actual no ha logrado disminuir la violencia que azota a la entidad, que frecuentemente es escenario de balaceras y bloqueos a plena luz del día.

Fuente: El País.

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