Ante la polémica a la hora de situar ideológicamente a Vox, el periódico se define: “Es un partido de extrema derecha”

Lo dijo José Saramago (1922-2010) y lo sabemos bien todos los periodistas. Las palabras no son “ni inocentes ni impunes”. Son “los materiales de nuestro pensamiento”, como precisó el escritor portugués. Por eso, su elección marca a quien las emplea. En los periódicos son señales que jalonan su línea editorial.

En ambiente electoral han aumentado los mensajes a favor y en contra de calificar a Vox como “extrema derecha”. Juan Manuel Coronado o Reza Djodeyre preguntan: “¿Cómo se definen los extremos? ¿Por qué Podemos o IU no son ultraizquierda? ¿Cuáles son los criterios para estas adscripciones? ¿No hay falta de imparcialidad?”.

La responsable de Opinión, Máriam Martínez-Bascuñán, transmite con rotundidad la posición del diario: “Vox es un partido de extrema derecha”. Ese partido, argumenta, comparte con formaciones ultras europeas el autoritarismo, el nativismo (xenofobia más nacionalismo) o estrategias populistas (visión moralizante de la política, simplificación del campo político en amigo-enemigo…).

A Podemos, cree Bascuñán, se le puede denominar “extrema izquierda”, pero es una izquierda poscomunista, como la alemana Die Linke.

Víctor Lapuente, catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad de Gotemburgo, matiza: aunque se justifica el término “derecha radical”, debe superarse lo de “extrema derecha” y, aún más, los “inadecuados” neofascista y neonazi o “coalición trifachita” (“un engendro lingüístico horrible”). Sostiene que al “eje económico” izquierda-derecha se superpone ahora otro “cultural”: valores cosmopolitas-liberales frente a los cerrados-autoritarios. Por eso, prefiere hablar de “populismo de derechas” o “nacional populismo”.

Los españoles son más tajantes. En una escala del 10 (muy de derechas) al 1 (muy de izquierdas), el 48,6% adjudica el 10 a Vox y solo el 31,2% da un 1 a Podemos (CIS de enero).

El periódico también ha concretado su posición sobre lo que antes llamaba “maternidad subrogada”, concepto sustituido por el de “vientres de alquiler”. Lectores y lectoras han reaccionado agriamente al hilo de los niños nacidos en Ucrania por encargo de parejas españolas.

Mónica Ceberio, directora adjunta del diario, lo explica: “Vientres de alquiler se corresponde con la realidad: un vientre que se alquila para un embarazo a cambio de una contraprestación económica; los casos altruistas apenas existen”. El término, explica, no engaña ni denigra, sino que describe una práctica, ilegal en España, que en algunos países “provoca situaciones de explotación y abuso”. Con la fórmula “gestación subrogada”, agrega, existe el peligro de esconder bajo una aparente asepsia un asunto que afecta a los derechos de las mujeres.

Más airadas han sido las protestas por dos asuntos sobre el Vaticano. El día 21 se publicó en portada una foto del Papa con sacerdotes sobre este título: “Arranca en Roma la histórica cumbre contra la pederastia”. En la web, el titular bajo la imagen era: “Quién ha hecho los deberes y quién no ante la cumbre contra la pederastia”.

La lectora Inmaculada Alcañiz alertó de que los curas eran del seminario de Getafe (Madrid). Varios de los sacerdotes, en efecto, se quejaron por la repercusión para ellos y sus familias de una instantánea sin relación con la pederastia.

La fotografía la distribuyó la agencia Efe sin precisar quiénes eran los sacerdotes, pero el periódico tampoco se esforzó en averiguarlo. Era su obligación, máxime cuando la imagen iba en primera página.

También en portada titulaba el periódico ese día: “El Vaticano obligará al abad a permitir la exhumación de Franco”. Se basaba en una carta al Gobierno español de Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano. Varios lectores afirmaron que EL PAÍS se había extralimitado porque la carta no decía eso. La misiva, comentaban, precisaba que la Iglesia “no se opone” a la exhumación de Franco —que no es lo mismo que obligar— y que al abad “se le seguirá recordando” que debe observar “el ordenamiento y respetar a las autoridades civiles”, en referencia —interpretaban— a las previstas decisiones judiciales.

Para disgusto del periódico, solo unas horas después se supo que el Gobierno había facilitado al diario solo una parte de la misiva. El Independiente publicó el texto completo, que incluía este párrafo desconocido hasta ese momento: “La Santa Sede no quiere intervenir en una cuestión que está sujeta a la jurisdicción española”. O sea, EL PAÍS difundió una información incompleta, fue demasiado lejos en el titular y dejó al aire una práctica tramposa del Gobierno.

El Libro de estilo exige que la información publicada sea “lo más completa posible” y que los pies de foto expliquen los “detalles” de la imagen. Se incumplió en los dos casos.

Las palabras nos definen. También nos traicionan. Lo importante, en todo caso, es no traicionar a los lectores.

Fuente: ELPAÍS

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