El Senador Martí Batres aseguró que los ex mandatarios tienen derecho a la pensión que cobran los demás servidores públicos, pero no a “una pensión especial por haber trabajado seis años de Presidente; en realidad, las pensiones y jubilaciones se regulan por muchos más años de antigüedad”.

Asimismo, precisó que el monto invertido en cada ex Presidente incluye otros tipos de prestaciones, no sólo la entrega de la pensión líquida, “porque hablamos de personal, guardias y una serie de apoyos adicionales.

Ciudad de México.– Alrededor de cinco millones de pesos se invierten cada mes en cada uno de los ex presidentes del país, incluyendo pensiones, apoyos adicionales y personal de seguridad.

Por eso era necesario terminar con esta situación, expresa en entrevista con El Sur el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Martí Batres Guadarrama, quien el 31 de octubre informó al pleno de la Cámara que el decreto de la Ley de Remuneraciones de los Funcionarios Públicos quedó promulgada ante la omisión del Ejecutivo en publicarla.

El legislador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) notificó al Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, sobre la decisión, luego de que los plazos del Presidente Enrique Peña Nieto para hacerlo quedaron agotados.

Pero, explica Batres, “hay que tomar en cuenta dos situaciones: aunque la Ley se ejerce inmediatamente, al día siguiente de su publicación, empieza a operarse a partir del Presupuesto de Egresos; la misma Ley lo indica”.

Es decir, en el Presupuesto, que se votará en el Congreso antes de que termine el año, se aprueba la remuneración del Presidente y todos los funcionarios. Como la ley establece que nadie puede percibir más que el jefe del Ejecutivo, esto obliga a que los demás entes, poderes y órganos autónomos fijen los salarios de los funcionarios públicos por debajo de ese salario presidencial.

EL PERSONAL DE SEGURIDAD TAMBIÉN DEBE DESAPARECER

Hasta el momento, esta ley no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), pero ya se ordenó que se proceda y ello debe suceder en los próximos días, dice Batres.

–¿Cuál es la relevancia de esta decisión?

Quien esté en los cargos públicos –enfatiza el Senador– debe tener vocación de servicio; el que quiera construir una fortuna o capital, debe dedicarse a los negocios privados y no al servicio público.

–¿Qué nadie gane más que el Presidente implica a todos los poderes?

–Implica al propio Poder Ejecutivo, porque ahora va a bajar el salario del Presidente y eso va a obligar a bajar sueldos de secretarios, subsecretarios y directores generales. También el Poder Judicial, el Legislativo y los órganos autónomos tienen que fijar sus ingresos en función del salario del Presidente. De ahí para abajo.

–Será hasta el próximo año cuando esto sea realidad.

–Bueno, la ley debe estar publicada en estos días. A partir de ahí, se aprueba el presupuesto al final de este año, entre el 15 de noviembre y el 31 de diciembre. En ese presupuesto ya se estarán fijando los nuevos ingresos de los servidores públicos para el ejercicio fiscal de 2019.

–¿Ya no tendrán ningún tipo de pensión los ex presidentes?

–Por cierto, esa seguridad, los apoyos, ¿se terminan?

–Eso debe desaparecer. Todo se regulará de manera republicana, igualitaria, de acuerdo con los derechos que están establecidos para el conjunto de servidores públicos. Ese apoyo tiene que desaparecer. Esperamos que se dé rápida la aprobación de esta ley.

PENSIONES A EX PRESIDENTES Y SUS VIUDAS

La Presidencia de la República ya no le llama “pensión vitalicia”. Al beneficio que reciben cada mes los ex Primeros Mandatarios de México o las viudas de ellos lo ha renombrado como “compensación”. En la primera sesión ordinaria de este año de su comité de información, Los Pinos sostuvo que “no cuenta con ninguna información relacionada con “pensiones vitalicias”, ni de los ex titulares del Ejecutivo ni de sus viudas y sólo puede responder por “compensaciones”.

Más allá de la terminología, el año pasado, los ex Presidentes Luis Echeverría Álvarez (1970-1976), Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), Vicente Fox Quesada (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012), así como Delia Margarita Cordero Tapia (viuda de Miguel de la Madrid Hurtado, 1982-1988) y Alejandra Acimovic Popovic (la actriz Sasha Montenegro, viuda de José Guillermo Abel López, 1976-1982) significaron una erogación para el erario de un estimado de 44 millones 499 mil 701 pesos.

Se trata de un cálculo basado en los datos proporcionados por la Presidencia de la República a través de solicitudes de información que dirigen al Manual de percepciones de los servidores públicos de la dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Los ex Presidentes y las viudas reciben un monto cada mes. Además, en el caso de los ex titulares del Ejecutivo, pueden tener empleados que también serán pagados por el Gobierno mexicano. En esas respuestas no está claro cuál es el nivel jerárquico ni los sueldos de la plantilla de los ex Mandatarios. Así que se tomaron en cuenta tres niveles salariales que fueron obtenidos en el Portal de Obligaciones y Transparencia y en el manual de percepciones de los servidores públicos. El más alto es el de Director general, una posición en la que se percibe 195 mil 19 pesos. En el medio están los subdirectores de área que ganan casi 50 mil pesos. El más bajo es el de los choferes a los que se les otorga un sueldo de 17 mil 177 pesos.

México, un país donde las alzas del salario mínimo desde hace 30 años han sido insuficientes para que el 41 por ciento de la población complete la canasta básica de alimentos, mantiene a sus ex Presidentes, les da seguro de gastos médicos mayores y aguinaldo, los protege con elementos de las fuerzas armadas y además, pone a su disposición esa plantilla de 25 empleados para que desarrollen cualquier actividad intelectual o de altruismo.

Todo ello está sustentado en el acuerdo 2763 Bis del 31 de marzo de 1987 que firmó Miguel de la Madrid Hurtado, entonces Ejecutivo, y cuyo original no existe en los archivos de Los Pinos. Cada año, el Congreso de la Unión aprueba el beneficio y lo considera en el Presupuesto de Egresos de la Federación en la partida para la Presidencia de la República.

Fuente: Sin Embargo.

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