Las demandas de separación se han incrementado desde que se implementaron los juicios orales

Cancún, Q. Roo.- Los juzgados orales recibieron al mes un promedio de 190 demandas de divorcio unilaterales de personas que simplemente por su deseo de querer separarse de su pareja lo tramitaron.

Una respuesta a una solicitud a la unidad de transparencia al Poder Judicial del Estado (PJE) sobre las demandas de divorcios que se presentan en el municipio de Benito Juárez detalló que desde que se implementaron los juicios orales se han incrementado las demandas.

Las estadísticas que dio a conocer el Poder Judicial, señalaron que en 2017 se tramitaron 730 demandas de divorcios unilaterales.

La cifra se incrementó tan solo en el primer semestre del 2018 con mil 142 personas que metieron su demanda en los juzgados familiares orales, que se ubican en la Región 77, para divorciarse.

Juan Castro Palacios, director de Justicia Alternativa del Poder Judicial, explicó que con la nueva ley de juicios orales es mucho más rápido divorciarse que hace dos años.

Dijo que una vez que se implementaron este tipo de divorcios en la legislación de Quintana Roo, vino a facilitar los trámites para que una persona se divorciara.

Señaló que anteriormente el trámite de divorcio contencioso o divorcio judicial, era complicado porque el denunciante tenía que probar una de las causales que señalaba el Código Civil, entre ellas la de bigamia, entre otras.

Castro Palacios mencionó que era muy complicado comprobar y acreditar ante el juez, para el hombre o la mujer, que se había cometido bigamia o cualquier otra causa que señalaba el código.

Entonces, acotó, que esa era la situación que los procesos tardaban varios años en resolverse, incluso había casos que el juez no divorciaba a la pareja.

Dijo que en el divorcio unilateral, basta con que una de las dos partes, diga o manifieste que ya no quiere sostener esa relación jurídica de matrimonio.

En la primera audiencia el juez disuelve el matrimonio, pero el juicio sigue, para resolver en cuanto a la liquidación de bienes, custodia y pensión alimenticia para los hijos.

Fuente: SIPSE

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